José Luis Antonio Rivera Bereza
Expediente 1134/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Antonio Rivera Bereza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la parte quejosa ********************, mediante el cual indica que se desiste de la acción intentada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, de una interpretación armónica entre los artículos 15 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que el juicio de control constitucional no había sido admitido a trámite, y del escrito de cuenta consta la manifestación de la voluntad de la parte quejosa de no proseguir con el mismo, esto, al desistirse del juicio que nos ocupa; en consecuencia, se tiene por desistido del presente asunto y por tanto, acorde a la etapa procesal en la que se encuentra, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Lo que antecede, sin necesidad de solicitar la ratificación del escrito de desistimiento, toda vez que, la evidencia criptográfica del quejoso, denota de manera indudable, la voluntad del mismo para desistirse del presente juicio. Esta determinación encuentra apoyo en las jurisprudencias cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023937 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 31/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1533 Tipo: Jurisprudencia DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial.Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial.Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 238/2023, de sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, interpuesto en contra del auto de diecisiete de agosto del año en curso que desechó la demanda de amparo indirecto 1134/2023 de nuestro índice, ejecutoria en que la Superioridad resolvió: ".ÚNICO. Es fundado el recurso de queja.". Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por la superioridad se provee lo siguiente: Prevención de la demanda Antes de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, y con al menos tres copias de su escrito aclaratorio para correrle traslado a las partes de este asunto y para dar trámite al incidente de suspensión, subsane su demanda de amparo en los siguientes términos: Único. Exponga la totalidad de los hechos y abstenciones relacionados con el acto que reclama. Lo anterior es así, toda vez que del escrito inicial de demanda señala como acto reclamado; la falta de acceso a la carpeta de investigación 19-2021-0015859. Sin embargo del capítulo de antecedes, no se advierte como fue que la autoridad responsable le ha negado el acceso a la carpeta antes citada, o bien manifieste en que consiste la "falta de acceso" que reclama. Ello tomando en consideración que existe contradicción en el planteamiento en la demanda de amparo, pues por una parte se reclama la falta de acceso a la carpeta de investigación 19-2021-0015859 y por otra, se mencionan ciertos hechos relacionados con la búsqueda del quejoso en su domicilio, datos que resultan incompatibles o al menos insuficientes, dado el acto que reclama. Apercibimiento Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De las penas en que incurren los falsos declarantes. En ese mismo sentido, se hace saber al promovente y a su autorizada, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, en términos de los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Cecilia Bonilla Lara, Síndica Municipal de Buenavista Michoacán, mediante el cual solicita de requiera a la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que a través de ésta última, puedan tener solvencia presupuestal se gestiones las partidas federales para que el municipio cuente con ese recurso para el pago de lo señalado en la ejecutoria de amparo. Ahora, por cuanto a su solicitud de requerir a la Comisión Federal de Electricidad, dígase que por el momento no ha lugar de acordar de conformidad su solicitud, ya que al ser la autoridad responsable le corresponde realizar la gestiones necesarias para allegarse de la información idónea y así poder dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, además le compete a dicha Tesorería la carga de la prueba para acatar en sus términos la ejecutoria protectora y no revertirla a este juzgado, por lo que corresponde a dicha autoridad realizar la solicitud correspondiente. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal de Buenavista Michoacán, , para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite las gestiones que realiza ante la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de que le haga del conocimiento si realizó algún cobro por concepto del derecho de alumbrado público, del mes de febrero a diciembre de dos mil veintiuno. Informe y acredite si devolvió a la parte quejosa la cantidad pagada por derecho de alumbrado público, por lo que respecta a enero de dos mil veintiuno, debidamente actualizada, a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Acredite no haber aplicado el precepto impugnado respecto del periodo en el que esté vigente, y por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En el supuesto que se haya cobrado el derecho de alumbrado público por lo que respecta al contrato antes citado, posterior al mes de enero de dos mil veintiuno, deberá devolver dichas cantidades, tal como se le requirió por auto de veinticuatro de julio del año en curso. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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