Jose Luis Amador Ruiz
Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Amador Ruiz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la demanda de amparo fue recibida por este órgano jurisdiccional el veintidós de marzo de dos mil veintidós, promovida por José Luis Amador Ruiz, por propio derecho, respecto de las autoridades y acto siguientes: 1. Del Congreso del Estado de Morelos; y 2. De la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos; reclama: a). - La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por jubilación, presentada el uno de marzo de dos mil veintiuno. Por otra parte, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, constituye un hecho notorio, que el cinco de agosto de dos mil veintiuno, fue recibida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, la demanda de amparo promovida por **** , por propio derecho, registrándola bajo el número de expediente 958/2021-V, de su índice, en donde se señalaron como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes **** Posteriormente, seguida la secuela del procedimiento legal, mediante sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa JOSÉ LUIS AMADOR RUIZ. En esa tesitura, es dable concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo tiene estrecha relación con el acto que fue reclamado en el juicio de amparo tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que derivan de la misma solicitud de pensión, de la que tuvo conocimiento el Juzgado en mención. En ese contexto, este juzgado considera que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo Juez de Distrito, la siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, debemos atender no a la citada regla general sino a la especial, contenida en la Sección Octava, relativa al Sistema de Turno de Asuntos, específicamente los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma de catorce de marzo de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación.... De la transcripción que antecede, se desprende que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, a partir de su entrada en vigor, (catorce de marzo de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete), instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, conminando a los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común para que antes de que asignen asuntos de manera aleatoria, verifiquen si deben remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo expuesto, se estima que el juicio de amparo indirecto encuadra dentro del supuesto previsto.... en la fracción IV, del artículo 46, del Acuerdo citado, para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, dado que de la modificación destacada, se advierte que se estableció el sistema de turno por relación, en base a: "IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas." En ese orden, es menester precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un espectro más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el acto reclamado provenga de un acto de autoridad al que tenga el último antecedente del asunto, como acontece en el caso, puesto que el acto reclamado en el diverso juicio de amparo 958/2021-V, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos y el juicio que nos ocupa, se tratan del mismo acto de autoridad, específicamente, la solicitud de pensión por jubilación, presentada el uno de marzo de dos mil veintiuno, de la cual ya tuvo conocimiento previo el citado órgano jurisdiccional en el juicio antes señalado. .... De lo anterior, se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en esta entidad federativa, es quien conoce del último juicio de amparo promovido en contra del acto de autoridad reclamado. Por tanto, por el hecho de que el antecedente inmediato, directo y más reciente es del que tuvo conocimiento el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, al tramitar el juicio de amparo 958/2021-V, por lo que es a quien le corresponde conocer del presente juicio. En tales circunstancias, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el juicio de amparo y estima que el Juzgado competente, debe ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo; es decir, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por tanto, se ordena enviar el presente expediente al citado Juez Federal, a quien la ley reserva su conocimiento respecto de los demás juzgadores, resolviendo si acepta o no el conocimiento del mismo, siendo afirmativo, notifique a las partes, comunique su resolución a este órgano jurisdiccional y dé aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese cuadernillo de antecedentes, remítase el presente juicio de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes, solicitando de la manera más atenta acuse de recibo, así como la comunicación de la aceptación de la competencia planteada a su favor. Finalmente, en virtud de lo expuesto en párrafos que preceden, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diecisiete de mayo del presente año, dictado en el recurso de revisión 225/2022, de su índice. Ahora bien, del auto citado se advierte que el aludido Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa*****. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la O.S.D. Servicio Postal Mexicano, a través del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de mayo del presente año, informa que la pieza postal 1996/2022 fue devuelta por cambio de domicilio y entregada en la Oficialía de Partes de la Administración Regional del Poder Judicial de la Federación el ocho de marzo de dos mil veintidós, lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto antes mencionado Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, LV Legislatura y por el Presidente del Congreso del Estado de Morelos, LV Legislatura; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designan, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas documentales que anexan, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, a efecto de que transcurra el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar entre la fecha de notificación de la parte quejosa de los informes de cuenta y la de celebración de la audiencia constitucional, se difiere la misma, fijándose las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 374/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos: Del Congreso del Estado de Morelos; y De la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos; reclama: a). - La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por jubilación, presentada el uno de marzo de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado la omisión para llevar a cabo el procedimiento establecido que culmine en el otorgamiento de mi pensión por jubilación; lo anterior, toda vez que constituye un presupuesto procesal que para llevar a cabo dicho procedimiento primero se le debe dar contestación al escrito de petición, a efecto de determinar si es procedente o no la misma. Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la peticionaria de amparo. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Apercibimiento a la parte quejosa en relación con la denominación de la autoridad responsable. Con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79 de la ley de la materia); en consecuencia se le apercibe en el sentido que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte estar pendiente de la tramitación del presente asunto, lo cual guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN"; Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, en razón de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Correo electrónico. Ahora bien, se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona, el cual únicamente se toma en consideración en caso de que se estime necesario establecer contacto con dicha parte procesal. Medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 35 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, no ha lugar a acordar favorable su petición, en el sentido de consultar el presente expediente vía electrónica, toda vez que fue omiso en proporcionar el nombre de usuario correspondiente. De las pruebas. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como las documentales que se anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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