José Luis Alvarez Zamora

Expediente 720/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
720/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • José Luis Alvarez Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 22/AGO/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil veintidós, el Secretario Alberto Torres Rivera, da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, y CERTIFICA: que transcurrió el plazo de quince días otorgado a la quejosa, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara si era su interés ampliar la demanda de amparo, toda vez que se le notificó el veintiséis de julio mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió sus efectos el veintisiete de julio siguiente, y el aludido plazo transcurrió del veintiocho de al diecisiete de agosto del año en curso.- Doy fe.Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil veintidós.Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa en auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se tiene por precluido su derecho y se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que se tiene únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en su escrito inicial de demanda y escrito de ampliación de veintitrés de junio de dos mil veintidós.Derivado de lo anterior, se impone destacar que, de las constancias que obran en autos, se advierte que ya fue atendida la solicitud formulada por la parte quejosa ante la autoridad responsable, cuya omisión de responder constituye el único acto reclamado en el presente juicio; por lo tanto, existen elementos para determinar si con las constancias que obran en autos se acredita de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia respecto de ese acto.Al respecto, se impone destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen:"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puntualizado lo anterior, se impone destacar que en el presente juicio de amparo únicamente se reclama: Del Subdirector de Crédito y del Subdirector de Finanzas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de dar respuesta al escrito de trece de julio de dos mil veintiuno. Así, en relación con dicho acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Página 81, que prevé lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, Febrero de 1998, Jurisprudencia SCJN, Página 219, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, conforme a la fracción II, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la falta de respuesta al escrito de trece de julio de dos mil veintiuno; en el que solicitó, medularmente, que se realizara una revisión de la situación en la que se encontraba su crédito hipotecario que le fue otorgado el nueve de junio de dos mil tres, pues consideró que se le realizaron cobros por encima de lo estipulado en las leyes aplicables. Así, a través del oficio SC/2021/001158, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Subdirector de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio contestación a dicho escrito, medularmente, en el sentido de que no se encontraba en el ámbito de su competencia atender su petición; motivos por el cual, remitió el escrito de petición del quejoso al Subdirector de Finanzas de la misma Institución. Como se observa, la autoridad a la que originalmente se dirigió la petición de la consulta, determinó remitir ésta a la autoridad que consideró competente conforme a sus facultades legales. Al respecto, debe puntualizarse que para cumplir con el derecho de petición tutelado en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que la autoridad a la que se dirigió la solicitud, le informe a la quejosa que no es la competente para atenderla por no estar facultada legalmente para ello, o bien, que su petición fue returnada a la autoridad que se estima competente; lo cual ocurrió en la especie. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis número I.3o.A.591 A, visible en la página 169, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron". Por lo tanto, con el returno que hizo la autoridad primigenia a la que consideró competente, se colmaron los requisitos establecidos en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, por ende, el acto omisivo imputado al Subdirector de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cesó en sus efectos. Ahora, se reitera, la determinación de esta última autoridad mencionada, fue en el sentido de enviar el escrito de petición a otra área del mismo Instituto, a saber, al Subdirector de Finanzas; por lo cual, a ésta es a la que le correspondía emitir la respuesta a dicha petición; misma que, ante su omisión, la quejosa amplió la demanda que dio origen al presente juicio. Entonces, a través del oficio número DRCAP/2021/0235, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados dependiente de la Jefatura de Servicios de Ingresos de la Subdirección de Finanzas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, en el sentido de que se realizó una revisión al estado de cuenta del crédito hipotecario que le fue otorgado el nueve de junio de dos mil tres, el cual fue consultado en el Sistema Integral de Base de Datos de Cartera (SIBADAC), de la que se obtuvo el movimiento de los pagos y saldos del mismo, precisándole que se advirtieron diversos adeudos en algunos periodos, también se le indicó la forma en que se realiza el cálculo y entero de los pagos y aportaciones al saldo de dicho crédito y se le informó el área en el que puede acudir para realizar las aclaraciones que estime convenientes. Ahora, en cuanto a la notificación de esa respuesta a la parte quejosa, lo que constituye un requisito para cumplir con el derecho de petición tutelado en el artículo 8°, constitucional; se impone destacar que si bien la autoridad responsable no acreditó de manera fehaciente que lo haya realizado; lo cierto es que mediante acuerdo de fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, este juzgado Federal le dio vista con la respuesta a su petición e, incluso le requirió para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda en contra de ese acto; acuerdo que le fue notificado de manera personal el veintiséis de julio siguiente; lo que evidencia que el quejoso tuvo conocimiento de la aludida respuesta. Sirve de apoyo, por el criterio que informa, la tesis 2a. LXXXII/96, Novena Época Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Septiembre de 1996, página: 287, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SE DA POR SATISFECHA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AGOTÓ LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA NOTIFICAR LA CONTESTACIÓN AL QUEJOSO." Ahora, si bien es cierto que, la contestación a su petición fue emitida por el Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados dependiente de la Jefatura de Servicios de Ingresos, también es cierto que dicha autoridad pertenece a la Subdirección de Finanzas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por lo que basta que alguna de las autoridades pertenecientes a dicha institución, ya sea, interna o subordinada a éste, dé contestación a su petición, para tener por cumplido el requisito del artículo 8 de la Constitución Federal, relativo a que la petición debe ser contestada por la autoridad a quien se la dirigió. Apoya la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 103-108 Sexta Parte, página 166, que literalmente establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. PLURALIDAD DE FUNCIONARIOS. No se viola el derecho de petición cuando la contestación la haya producido un funcionario inferior al titular, a quien, según el quejoso compete decidir la solicitud, porque es de hacerse notar que si ésta estuvo dirigida a diversos funcionarios de una secretaría de Estado conjuntamente, en una sola promoción, luego entonces no resulta irregular que el proveído de trámite provenga del último de los funcionarios a quien se listó finalmente como encargado de sustanciar la solicitud, máxime si en el caso la contestante forma una sola autoridad con aquélla ante quien se ocurrió." También resulta aplicable, la tesis número I.3o.A.591 A, visible en la página 169, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron". A mayor abundamiento se impone destacar que, la respuesta contenida en el oficio DRCAP/2021/0235, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, resulta congruente con lo solicitado por el quejoso en su escrito de trece de julio del mismo año; pues, como se precisó en los párrafos que anteceden, el quejoso solicitó que se realizara una revisión en el estado de cuenta de su crédito hipotecario que le fue otorgado el nueve de junio de dos mil tres, a lo cual, la autoridad responsable realizó esa consulta y le informó el resultado que obtuvo de los movimientos de los pagos realizados. Todo lo anterior hace patente que, en efecto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, cesaron los efectos del acto reclamado por el peticionario de garantías, consistente en la omisión de dar contestación a la solicitud formulada el trece de julio de dos mil veintiuno, al quedar demostrado que se le dio respuesta y que se le notificó. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, página 605, que en su rubro señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." En consecuencia, con dichas constancias que obran en autos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que la omisión reclamada a las autoridades responsables cesó al haberse otorgado a la quejosa la respuesta a su escrito de petición. Por lo tanto y, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la responsable a que emitiera la resolución respectiva a dicha solicitud; de tal manera que, se insiste, si en el presente caso se acreditó que el veintiséis de julio de dos mil veintidós, - fecha posterior a la presentación de la demanda de amparose notificó al quejoso la respuesta emitida el tres de septiembre de dos mil veintiuno; se determina que el acto omisivo reclamado ha desaparecido; y, por lo tanto, ya no agravia a la parte quejosa pues, las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la tesis número P.CL/97, que se localiza a fojas 71 del Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En virtud de las consideraciones expuestas, se determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en consecuencia, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V; y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las once horas con cincuenta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que continuar con el trámite del presente juicio hasta el dictado de la sentencia, a nada jurídicamente práctico llevaría, pues la improcedencia de la acción de amparo se actualiza fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento de esa situación y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, máxime que, en su caso, desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos. Notifíquese; y personalmente a José Luis Alvares Zamora, en el domicilio ubicado en *****. PAsí lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós; para que manifieste si es su interés ampliar la demanda de amparo, toda vez que dicho proveído fue notificado personalmente a la parte quejosa el veintiséis de julio del año en curso, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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