José Luis Álvarez Montes

Expediente 664/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
664/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • José Luis Álvarez Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN: Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual desahoga los requerimientos realizados en el acuerdo de prevención; en consecuencia se provee: HECHO NOTORIO. A fin de proveer conforme a derecho, se ordena agregar copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo 355/2019-VI, del índice de este Juzgado. Documentales que constituyen un hecho notorio para esta Juzgadora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." DESECHAMIENTO. En ese mismo orden de ideas, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, que ordena ejecutar la sentencia interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro, relativo al juicio ***. La falta de llamarlo a la jurisdicción voluntaria **** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, derivadas del expediente ***. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los antecedentes que refiere la quejosa en el capítulo correspondiente, los cuales con fundamento en el artículo 108, fracción V, manifiesta bajo protesta de decir verdad, las que se concatenan con las copias certificadas del diverso juicio de amparo 355/2019-VI del índice de este juzgado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y las que se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del mismo código adjetivo civil: En el diverso juicio de amparo indirecto, el aquí quejoso hizo consistir su reclamo en la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en la toca civil **, la cual revoca la interlocutoria de tres de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente ***, relativa a la planilla de liquidación. Seguido el trámite del asunto, mediante sentencia definitiva, se sobreseyó en el juicio de amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, pues al efecto se estableció que en el juicio de origen no se le reconoció carácter alguno dentro del juicio. Así las cosas, en la demanda que se estudia, el quejoso pretende reclamar, la orden de ejecutar la sentencia interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, en el controvertido de origen ***; sin embargo, en el diverso juicio de amparo fue estudiado si contaba con interés para combatir lo actuado en ese juicio civil. En ese sentido, si con el estudio del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, fue determinada la falta de interés del quejoso para combatir lo relacionado con el juicio ***, es inconcuso que el acto que aquí reclama, aun siendo diferente actuación, patententiza la imposibilidad jurídica de realizar nuevamente su estudio, al ya haber sido analizado su derecho de reclamado en ese asunto. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de amparo. Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Cabe destacar que por regla general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, sin embargo, existen excepciones al respecto, siempre que la determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido es confirmada, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto -a manera de ejemplo-. Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 524 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, la ratio legis de las causales invocadas descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. En el caso se estima actualizada la causal de improcedencia aludida, en virtud de lo narrado con anterioridad, pues en el diverso juicio de amparo ***-VI, se sobreseyó al considerar que el quejoso carece de interés para reclamar en esta vía constitucional cuestiones dilucidadas en la contienda de origen, ello por sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, la cual fue confirmada por el tribunal de alzada. De ahí que al controvertirlo en el presente se actualice la causal de improcedencia de referencia, pues esta juzgadora no se encuentra en posibilidad jurídica para estudiar un acto que ya fue matera de diverso asunto. Tales consideraciones hacen patente que, ya se abordó el tema relativo a la intervención del quejoso, en el controvertido de origen, de ahí la imposibilidad jurídica de analizarlo nuevamente no obstante que verse respecto de diversa actuación judicial, pues ello no varía que el quejoso cuente con interés para controvertir lo determinado en el juicio de origen, pues únicamente se considera una ejecución de un acto del cual ya se dijo carece de interés; considerar lo contrario se llegaría al extremo de comparecer cuantas veces recaiga un auto en el mismo juicio ordinario civil, en el cual, la determinación de falta de interés ya se abordó, misma que no variaría al derivar de la posición de la parte quejosa, al ser una persona distinta de los sujetos de la controversia ventilada en el juicio de donde emergen los actos reclamados, y como se estableció en la sentencia del diverso juicio constitucional, los efectos que persigue en el amparo no pueden ser relacionados a que se le llame a la controversia natural, al no ser parte, aunado a que se dijo que la demandada ****, ya estaba debidamente representada en el juicio y que no es al quejoso en quien recae dicha representación, por tanto, como se mencionó en aquél no puede mediante la interposición del presente juicio impugnar determinaciones del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, pues la misma no le agravia, situación que en nada cambia con combatir diverso acto pero derivado del mismo asunto génesis. Por tanto, se concluye que el acto reclamado ya fue materia de controversia en un juicio de amparo anterior, que ha sido confirmada por el superior jerárquico, el pronunciamiento tomado en dicho asunto, no puede desconocerse, a fin de evitar determinaciones contradictorias. Por ende al tratarse de cosa juzgada, y haga patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata respecto del acto reclamado determinado en el inciso a), en términos del artículo 113 de la citada ley. En relación al acto reclamado b), también devienen improcedentes el reclamo, conforme al artículo 61, fracciones XII y XXIII, relacionadas con el artículo 5, fracción I, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, en unión con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos legales que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los normativos reproducidos deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo en que se reclamen actos de autoridad judicial, esto es, derivados de un procedimiento jurisdiccional, sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos, ya que de no acreditar tal aspecto, el juicio de amparo resulta improcedente. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a. XCVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 545, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Apoya lo anterior, la tesis XIV/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 34, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 161286, de título y contenido que dicen así: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." De lo anteriormente relatado se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa comparece doliéndose de la falta de llamamiento a la jurisdicción voluntaria ***del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, y como consecuencia la ilegalidad de todo lo actuado dentro éstas. Sin embargo el propio promovente manifestó que la jurisdicción voluntaria versa sobre la notificación a las partes, lo que hace innegable su falta de interés para combatirlas, puesto que también manifestó bajo protesta de decir verdad no ser parte en aquél, de ahí que no se legitimado para controvertir lo ahí determinado, pues no acredita ser titular de un derecho que pudiera ser vulnerado con el acto de autoridad. Máxime que lo que se pretende en la jurisdicción voluntaria no es contenciosa, es decir, no atiende a actos que pudiesen controvertirse, al ser un supuesto enunciativo; por consiguiente, la finalidad que se persigue en ella, es dar a conocer a las partes un contenido judicial, que por su trascendencia pudiese o no derivar en el trámite de la instancia correspondiente, de modo que se insiste, ello no le afecta al no ser parte a notificar. Ilustra por analogía, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En ese sentido, con apoyo en el artículo 113 de la misma, ley se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado especificado en el inciso b) arriba descrito. CAPTURA DE PROVEÍDO. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejsoa.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AVISO DE 10/10/2020, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 02/10/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:CUMPLE PREVENCIÓN: Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual desahoga los requerimientos realizados en el acuerdo de prevención; en consecuencia se provee: HECHO NOTORIO. A fin de proveer conforme a derecho, se ordena agregar copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo 355/2019-VI, del índice de este Juzgado. Documentales que constituyen un hecho notorio para esta Juzgadora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." DESECHAMIENTO. En ese mismo orden de ideas, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, que ordena ejecutar la sentencia interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro, relativo al juicio ***. La falta de llamarlo a la jurisdicción voluntaria **** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, derivadas del expediente ***. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los antecedentes que refiere la quejosa en el capítulo correspondiente, los cuales con fundamento en el artículo 108, fracción V, manifiesta bajo protesta de decir verdad, las que se concatenan con las copias certificadas del diverso juicio de amparo 355/2019-VI del índice de este juzgado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y las que se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del mismo código adjetivo civil: En el diverso juicio de amparo indirecto, el aquí quejoso hizo consistir su reclamo en la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en la toca civil **, la cual revoca la interlocutoria de tres de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente ***, relativa a la planilla de liquidación. Seguido el trámite del asunto, mediante sentencia definitiva, se sobreseyó en el juicio de amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, pues al efecto se estableció que en el juicio de origen no se le reconoció carácter alguno dentro del juicio. Así las cosas, en la demanda que se estudia, el quejoso pretende reclamar, la orden de ejecutar la sentencia interlocutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, en el controvertido de origen ***; sin embargo, en el diverso juicio de amparo fue estudiado si contaba con interés para combatir lo actuado en ese juicio civil. En ese sentido, si con el estudio del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, fue determinada la falta de interés del quejoso para combatir lo relacionado con el juicio ***, es inconcuso que el acto que aquí reclama, aun siendo diferente actuación, patententiza la imposibilidad jurídica de realizar nuevamente su estudio, al ya haber sido analizado su derecho de reclamado en ese asunto. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de amparo. Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Cabe destacar que por regla general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, sin embargo, existen excepciones al respecto, siempre que la determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido es confirmada, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto -a manera de ejemplo-. Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 524 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, la ratio legis de las causales invocadas descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. En el caso se estima actualizada la causal de improcedencia aludida, en virtud de lo narrado con anterioridad, pues en el diverso juicio de amparo ***-VI, se sobreseyó al considerar que el quejoso carece de interés para reclamar en esta vía constitucional cuestiones dilucidadas en la contienda de origen, ello por sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, la cual fue confirmada por el tribunal de alzada. De ahí que al controvertirlo en el presente se actualice la causal de improcedencia de referencia, pues esta juzgadora no se encuentra en posibilidad jurídica para estudiar un acto que ya fue matera de diverso asunto. Tales consideraciones hacen patente que, ya se abordó el tema relativo a la intervención del quejoso, en el controvertido de origen, de ahí la imposibilidad jurídica de analizarlo nuevamente no obstante que verse respecto de diversa actuación judicial, pues ello no varía que el quejoso cuente con interés para controvertir lo determinado en el juicio de origen, pues únicamente se considera una ejecución de un acto del cual ya se dijo carece de interés; considerar lo contrario se llegaría al extremo de comparecer cuantas veces recaiga un auto en el mismo juicio ordinario civil, en el cual, la determinación de falta de interés ya se abordó, misma que no variaría al derivar de la posición de la parte quejosa, al ser una persona distinta de los sujetos de la controversia ventilada en el juicio de donde emergen los actos reclamados, y como se estableció en la sentencia del diverso juicio constitucional, los efectos que persigue en el amparo no pueden ser relacionados a que se le llame a la controversia natural, al no ser parte, aunado a que se dijo que la demandada ****, ya estaba debidamente representada en el juicio y que no es al quejoso en quien recae dicha representación, por tanto, como se mencionó en aquél no puede mediante la interposición del presente juicio impugnar determinaciones del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, pues la misma no le agravia, situación que en nada cambia con combatir diverso acto pero derivado del mismo asunto génesis. Por tanto, se concluye que el acto reclamado ya fue materia de controversia en un juicio de amparo anterior, que ha sido confirmada por el superior jerárquico, el pronunciamiento tomado en dicho asunto, no puede desconocerse, a fin de evitar determinaciones contradictorias. Por ende al tratarse de cosa juzgada, y haga patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata respecto del acto reclamado determinado en el inciso a), en términos del artículo 113 de la citada ley. En relación al acto reclamado b), también devienen improcedentes el reclamo, conforme al artículo 61, fracciones XII y XXIII, relacionadas con el artículo 5, fracción I, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, en unión con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos legales que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los normativos reproducidos deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo en que se reclamen actos de autoridad judicial, esto es, derivados de un procedimiento jurisdiccional, sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos, ya que de no acreditar tal aspecto, el juicio de amparo resulta improcedente. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a. XCVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 545, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Apoya lo anterior, la tesis XIV/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 34, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 161286, de título y contenido que dicen así: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." De lo anteriormente relatado se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa comparece doliéndose de la falta de llamamiento a la jurisdicción voluntaria ***del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, y como consecuencia la ilegalidad de todo lo actuado dentro éstas. Sin embargo el propio promovente manifestó que la jurisdicción voluntaria versa sobre la notificación a las partes, lo que hace innegable su falta de interés para combatirlas, puesto que también manifestó bajo protesta de decir verdad no ser parte en aquél, de ahí que no se legitimado para controvertir lo ahí determinado, pues no acredita ser titular de un derecho que pudiera ser vulnerado con el acto de autoridad. Máxime que lo que se pretende en la jurisdicción voluntaria no es contenciosa, es decir, no atiende a actos que pudiesen controvertirse, al ser un supuesto enunciativo; por consiguiente, la finalidad que se persigue en ella, es dar a conocer a las partes un contenido judicial, que por su trascendencia pudiese o no derivar en el trámite de la instancia correspondiente, de modo que se insiste, ello no le afecta al no ser parte a notificar. Ilustra por analogía, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En ese sentido, con apoyo en el artículo 113 de la misma, ley se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado especificado en el inciso b) arriba descrito. CAPTURA DE PROVEÍDO. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejsoa.

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