José Luis Álvarez Delgadillo

Expediente 742/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
742/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
13/11/2015

Partes del expediente

  • José Luis Álvarez Delgadillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en particular la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 22 a 27), en el que se sobreseyó el amparo en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto del resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del citado acuerdo. (.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Atendiendo a que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado.

  2. Principal

    Se dicta sentencia constitucional en la que se ""Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo"".

  3. Incidental

    Se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa en términos del considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa en términos del considerando segundo de esta resolución. TERCERO. Se apercibe a la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando segundo de esta resolución.

  4. Incidental

    I. Cumple prevención. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, por medio del cual, el licenciado David Rangel Morales, defensor particular del quejoso directo Josué David Rodríguez Villarreal, desahoga el requerimiento que se le hizo en proveído de treinta de septiembre del año en curso (fojas 08 a 10), y al respecto manifiesta "bajo protesta de decir verdad", ser defensor particular del quejoso directo. II. Se admite demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, se admite en sus términos la demanda de garantías promovida por David Rangel Morales, defensor particular del quejoso directo Josué David Rodríguez Villarreal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Río Grande, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. III. Se tramite incidente de suspensión. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Ahora bien, toda vez que se solicita la suspensión de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 y 142 de la Ley de Amparo anterior, fórmese por separado y por duplicado el incidente de suspensión solicitado; ello, en concordancia con el artículo Décimo transitorio, segundo párrafo y el diverso tercero, del decreto publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, que contiene la nueva Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto 260 de reformas al Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el diecisiete de mayo de dos mil trece, en el Periódico Oficial del Estado; el Acuerdo C-065/2013, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión celebrada el dieciséis de mayo de dos mil trece, mediante el cual se determina que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, inició el primero de junio del presente año, únicamente en el Distrito Judicial de Monclova, así como el diverso acuerdo C-197/2014, pronunciado por el Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión celebrada el nueve de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual se determina que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, inició el veintiocho de octubre del presente año, únicamente en el Distrito Judicial de Saltillo; por lo que en los municipios en los cuales este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, aún no ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal establecido en la reforma constitucional en esa materia. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 32/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de julio de 2015 10:05 h, en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con el registro 2009594, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten." IV. Representación. Ahora bien, como la demanda de amparo se promueve por quien refiere ser defensor particular de Josué David Rodríguez Villarreal, en los autos de la causa penal 180/2015; con fundamento en los dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Río Grande, con residencia en esta ciudad, para que remita, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, copia certificada de constancias de las que se desprenda fehacientemente el carácter con que acude a sede constitucional David Rangel Morales, quien se ostenta como defensor particular del referido quejoso. Por tanto, se apercibe al promovente para el caso de que se acredite que no tiene el carácter que bajo protesta de decir verdad se ostentó, se le aplicará una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se mandara ratificar el escrito de demanda; ello, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Amparo. V. Informe (s) justificado (s). Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente a aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, al que deberán acompañar en su caso, copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que sirvan de antecedente a los actos reclamados VI. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que se nieguen a recibir los oficios (notificaciones) que se emitan en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. VII. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Asimismo, con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. VIII. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil quince, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. IX. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Río Grande, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que una vez cerrada la instrucción del proceso penal de donde derivan los actos reclamados, no se pronuncie la sentencia definitiva, hasta en tanto reciba notificación de la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página mil diecinueve, del tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AL SER COMBATIDO EN AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE INSTANCIA, LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN." X. Pruebas. Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas documentales las anexadas a su escrito de cuenta, las que se admiten y se desahogan en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. XI. Tercero (s) interesado (s). Por otra parte, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la citada legislación, téngase como tercera interesada a Marina Sáenz Burgueño, con domicilio en calle Mérida, número 110, colonia Roma, con residencia en esta ciudad. En tal razón, emplácesele, previa identificación, corriéndoles traslado con copia de la demanda, por conducto de cualquiera de los Actuarios de la adscripción. Así también, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la citada legislación, téngase como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad; emplácesele mediante oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II, inciso b), de dicha ley. XII. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. XIII. Protección de datos personales. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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