Jose Luis Álvarez Calderas

Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
563/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Álvarez Calderas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio número 5237/2022, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, por medio del cual informa que aceptó la competencia que le fuera planteada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de siete de octubre de la presente anualidad, por lo anterior, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se determinó como hecho notorio que el tribunal de mérito aceptó la competencia citada con anterioridad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que después de realizar una consulta el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), específicamente en el apartado denominado "Reportes", sub índice "Buscar partes por diferentes órganos", fue posible advertir que la demanda de garantías que diera origen al presente expediente, la cual fue promovida por el quejoso ********************, por razón de turno fue radicado bajo el número 755/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo; así como que, después de realizar una consulta en la página de internet Consulta de Servicios del Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx), específicamente en el apartado de Consulta de Datos de Expedientes, fue posible advertir que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, admitió a trámite la demanda de garantías que diera origen al presente expediente. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, acepto la competencia que le fuera planteada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE EXHORTO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 582/2022 (orden 1742/2022), librado con la finalidad de notificar al quejoso José Luis Álvarez Calderas, el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso. En razón de lo anterior, téngase al citado quejoso, por debidamente notificado del referido acuerdo, al tenor de las constancias remitidas por el Juzgado requerido. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito. Sin que haya lugar a acusar de recibo dicho oficio, toda vez que la citada autoridad, no lo solicitó. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por Gloria Guadalupe Valencia Cárdenas, en cuanto apoderada legal del quejoso José Luis Álvarez Calderas, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso; exhibe el poder notarial de veintidós de marzo de dos mil veintidós, pasado ante la fe del notario público número 186 con ejercicio y residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así mismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que aclara y promueve AMPARO DIRECTO. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO. Por tanto, en atención a lo manifestado anteriormente por la parte quejosa, se obtiene que esta juzgadora carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. De la intelección integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del expediente número 411/2022. Ahora, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." Bajo tal premisa, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En el caso, el peticionario de amparo reclama la sentencia definitiva dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente 411/2022, lo que se traduce en una resolución que pone fin al juicio natural. En ese tenor, resulta inconcuso que la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez responsable, constituye una resolución definitiva que puso fin al juicio ordinario civil mencionado; por lo tanto, se ajusta a lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales. Resulta aplicable la jurisprudencia P. /J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Tomo I, Abril de 2015, Libro 17, Décima época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Así, en atención a la naturaleza de la resolución controvertida, se trata de una determinación que pone fin al juicio de origen; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia planteada, solicitando comedidamente se sirva acusar recibo. Asimismo, hágase del conocimiento al tribunal que conozca del presente asunto, que mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, el propio quejoso José Luis Álvarez Calderas, promovió diverso amparo directo por los mismos actos reclamados y autoridad responsable, mismo que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, lo anterior para los efectos legales conducentes. Con copia de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, tampoco en la hipótesis del artículo 126, ambos de la ley de la materia, ello atendiendo a que el acto reclamado lo es la sentencia que puso fin a un juicio ordinario civil. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código adjetivo federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Plaza Estambul, número 589, colonia Infonavit Aguacates de esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ARTURO RAIMUDO BRAVO DUFAU, JUAN CARLOS RAUDA y ARLEEN LOPEZ GUEVARA, toda vez que el quejoso no solicitó expresamente que tal designación sería en los términos amplios que prevé dicho numeral. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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