José Luis Alvarado Conchas y Otros.
Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Alvarado Conchas y Otros.
- Israel Alvarado Orozco y Otros.
- José Luis Alvarado Conchas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa, la tercero interesada y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de julio de este año; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación sobreseyó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, devuélvanse al Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, las constancias que acompañó a su informe justificado integradas en un tomo de pruebas. Téngase el oficio que al efecto se gire como acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; así como por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 502/2021-III, promovido por ********************** e **********************, por derecho propio, ante la presencia de Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, procede a su verificativo. Abierta la audiencia, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto seguido se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. Acto seguido se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de las partes, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no lo hicieron. Acto seguido se acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 502/2021-III; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el día dos de junio del mismo año, ********************** e **********************, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México y otra autoridad. II. En proveído del tres de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 502/2021-III; se pidió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en la demanda de amparo se hace consistir en: La sentencia interlocutoria del doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, en el incidente de nulidad de notificaciones deducido del expediente *******, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ****************************, en contra de los aquí quejosos. TERCERO. El Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla y el Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla, ambos en el Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, razón por la cual se tiene por plenamente probado. La certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que remitió el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, en apoyo a su informe justificado, de las que se desprende su existencia. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser de orden público, previo al estudio de fondo deben analizarse las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: VI, Parte TCC, Página: 553, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación a los preceptos 107, la fracción V, 170, fracción I y 172, fracciones I y V, todos de la Ley de Amparo, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.]" Del examen relacionado de las disposiciones transcritas se desprende, como regla general, que en contra de actos violatorios de derechos suscitados en el juicio, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa y trascendiendo al resultado del fallo; pero cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de igual naturaleza, procederá juicio de amparo indirecto. En efecto, los dispositivos previenen que, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando tienen una ejecución de imposible reparación, por afectar directa e inmediatamente derechos sustantivos o cuando se causa una afectación a derechos procesales de los gobernados en grado predominante o superior, tal como acontece con la resolución interlocutoria que desestima la excepción de falta de personalidad del actor o de cosa juzgada, porque de declararse fundada la violación procesal alegada tendría como consecuencia la conclusión del juicio. Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...", lo que obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así, del contenido del artículo constitucional transcrito, en relación con lo que disponen los diversos de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. De ello se sigue que en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla, en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional. En este orden de ideas, los quejosos se duelen de la sentencia interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintiuno, que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones planteado por los impetrantes de amparo, con la finalidad de que fueran nuevamente emplazados dentro del juicio ejecutivo mercantil *******, promovido por ****************************, en contra de los aquí quejosos, lo que constituye un acto dentro del juicio que es susceptible de ser impugnado en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 170, fracción I, y 172, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada; por ello, se estima que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de los quejosos, como sí los causaría, por ejemplo, la privación de la libertad, la privación de bienes patrimoniales, entre otros análogos, contra los cuales procede el amparo indirecto de forma inmediata. En este entendido, el artículo 107, fracción III, inciso b), la Ley de Amparo, establece el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Luego, con esa manifestación el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara la puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo tanto, si en el texto de la legislación vigente, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que se califican las cuestiones procesales, ello resulta incompatible la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de cuestiones formales o procesales. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se cita, el amparo indirecto es improcedente contra la resolución que determina tanto la procedencia como la improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones contra el emplazamiento, debido a que dicha determinación (la que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones), tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo. La tesis a que se hace referencia se encuentra visible en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 94/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de septiembre de dos mil ocho, en el tomo XXIX, Febrero de 2009, relativo a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167896, página 256, bajo el rubro siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.". Además, la conclusión a la que se arriba se refuerza con el hecho del que emana la diligencia de emplazamiento reclamada en el juicio ejecutivo mercantil oral a través del Incidente de Nulidad de Actuaciones y Nulidad de Emplazamiento promovido por los demandados -aquí quejosos-, aún no se dicta la sentencia de primera instancia; de ahí que, por esa otra razón, deben reclamar, en su caso, en el juicio de amparo directo, la resolución reclamada derivada del emplazamiento al juicio de origen, pues no se trata de una persona ajena al procedimiento que se encausó en su contra; por tanto, como ya se indicó no puede considerar un acto de ejecución de imposible reparación, dado que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante; por ende, las posibles violaciones que pudieran surgir del emplazamiento, son susceptibles de ser reparada en amparo directo. También sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia por contradicción P./J. 1/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, visible en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, relativo a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2000348, página 5, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción la fracción en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación a los preceptos 107, fracción V, 170, fracción I y 172, fracciones I y V, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Visto que de autos se desprende que al día de la fecha se encuentra transcurriendo la vista otorgada a la tercero interesada ********************, por auto del dieciocho de junio pasado, donde se dio vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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