José Luis Alvarado Acosta

Expediente 1029/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1029/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2016

Partes del expediente

  • José Luis Alvarado Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    En catorce de octubre de dos mil dieciséis, la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al trece de este mismo mes y año, descontando el doce por haber sido día inhábil, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del año en curso.- DOY FE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS ALVARADO ACOSTA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza y da fe. Jenn! -_-

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTOP POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretario del Juzgado, Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Juez con el escrito registrado con folio 16465, cinco copias del mismo y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito signado por Ignacio Martínez Flores, por el cual cumple con el requerimiento de veintidós de septiembre pasado. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que se reclama en sede constitucional la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del incidente de liquidación de la sociedad legal, derivado del juicio de divorcio sin expresión de causa 268/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de la Capital; mediante la cual se admitió la prueba pericial de valuación respecto de los bienes que conforma dicha sociedad. Determinación contra la que, a criterio de este órgano jurisdiccional, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que NO ES EL ÚLTIMO ACTO DICTADO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. A fin de evidenciar la causa de inejercitabilidad del juicio, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:..( ). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento; de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa, se advierte lo siguiente: La contraria del quejoso promovió un juicio de divorcio sin expresión de causa, mismo que se radicó ante la autoridad responsable. En ese procedimiento, la actora promovió un incidente de liquidación de la sociedad legal, en el cual ofreció la pericial en materia de valuación respecto de los bienes que la integran, prueba que le fue admitida en auto de veintidós de agosto del año en curso, en el cual se le concedió un término de tres días para que presentara a su perito a aceptar y protestar el cargo, apercibida que de no hacerlo, se le tendría por conforme con el dictamen del diestro de la contraria. En auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable dictó un auto en el que declaró perdido el derecho de la actora (incidentista). Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en la que se revocó el auto combatido y se tuvo por admita la prueba pericial en valuación. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente sumario. Afirmaciones que constituyen confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, pues perjudica a quien la emite por tratarse de un hecho propio que es materia del conflicto. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio civil de divorcio sin expresión de causa 268/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar de la capital y no es la última resolución dentro de dicho procedimiento, entendiéndose por ésta, aquélla que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes que en su caso sean rematados, que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, la parte quejosa estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza.- DOY FE."

  3. Principal

    En veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretario del Juzgado, Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Juez con el escrito registrado con folio 16465, cinco copias del mismo y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito signado por Ignacio Martínez Flores, por el cual cumple con el requerimiento de veintidós de septiembre pasado. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que se reclama en sede constitucional la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del incidente de liquidación de la sociedad legal, derivado del juicio de divorcio sin expresión de causa 268/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de la Capital; mediante la cual se admitió la prueba pericial de valuación respecto de los bienes que conforma dicha sociedad. Determinación contra la que, a criterio de este órgano jurisdiccional, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que NO ES EL ÚLTIMO ACTO DICTADO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. A fin de evidenciar la causa de inejercitabilidad del juicio, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:..( ). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento; de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa, se advierte lo siguiente: La contraria del quejoso promovió un juicio de divorcio sin expresión de causa, mismo que se radicó ante la autoridad responsable. En ese procedimiento, la actora promovió un incidente de liquidación de la sociedad legal, en el cual ofreció la pericial en materia de valuación respecto de los bienes que la integran, prueba que le fue admitida en auto de veintidós de agosto del año en curso, en el cual se le concedió un término de tres días para que presentara a su perito a aceptar y protestar el cargo, apercibida que de no hacerlo, se le tendría por conforme con el dictamen del diestro de la contraria. En auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable dictó un auto en el que declaró perdido el derecho de la actora (incidentista). Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en la que se revocó el auto combatido y se tuvo por admita la prueba pericial en valuación. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente sumario. Afirmaciones que constituyen confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, pues perjudica a quien la emite por tratarse de un hecho propio que es materia del conflicto. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio civil de divorcio sin expresión de causa 268/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar de la capital y no es la última resolución dentro de dicho procedimiento, entendiéndose por ésta, aquélla que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes que en su caso sean rematados, que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, la parte quejosa estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza.- DOY FE.

  4. Principal

    En veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Teresa Rosado de Loza, doy cuenta a la Juez, con la demanda registrada con el folio 16088- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Alvarado Acosta, contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar de Zacatecas, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1029/2016-2 que por su orden le corresponde. Ahora bien, previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, que indican que el juez Federal está facultado para mandar prevenir a la promovente del amparo, siempre que advierta en la demanda de garantías se falte a las reglas que deben acatarse, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda o si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. En el caso resulta que después de un acucioso análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado "La interlocutoria de fecha treinta y uno de agosto del año en curso dictada en el juicio 268/2015, (.)". Por otra parte, en el cuarto punto del capítulo de antecedentes manifestó: "CUARTO.- No obstante lo anterior, la actora incidentista hoy tercera interesada, presenta un escrito en el que hace valer un RECURSO DE REVOCACIÓN en contra el auto de fecha 31 de agosto del año 2016, que tiene por admitida la rebeldía, para lo cual LA RESPONSABLE, sin que hubiera dado aviso o vista a nuestra parte, de oficio revoca el auto de aprobada rebeldía, resolviendo el recurso de revocación y revocando sus determinaciones ya fundadas y motivadas." Según lo transcrito, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis no se dictó una interlocutoria, sino un acuerdo contra el cual se promovió recurso de revocación. De igual forma, en el cuarto punto de su primer concepto de violación el quejoso señaló: "Ahora bien y enfocándonos en la parte medular del CONCEPTO DE VIOLACIÓN que viene a ser propiamente la interlocutoria de fecha 31 de agosto del año dos mío (sic) dieciséis, la que a continuación transcribo: ".Zacatecas, Zacatecas; a los (15) quince días del mes de agosto del año (2016) dos mil dieciséis. VISTO el escrito que presenta el ciudadano Licenciado SERGIO IGNACIO MARTÍNEZ FLORES, por lo que, como lo solicita, y una vez que ha transcurrido en exceso el término concedido a la parte actora incidental, a fin de que presentara al perito de su parte a la aceptación y protestado del cargo conferido; en consecuencia, se le tiene por precluido su derecho, por lo que deberá de estar a lo dictaminado por la parte contraria (.)" Así, en donde el quejoso dijo que transcribía la interlocutoria de treinta y uno de agosto del año en curso, se encuentra un auto de quince del mismo mes y año. Lo anterior, genera incertidumbre para este juzgador, sobre el acto atribuido a la autoridad responsable, toda vez que no es posible establecer con precisión cuál es el acto que se reclama ni el contenido de éste. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el diverso dispositivo 114, fracciones I, IV, V, todos de la Ley de Amparo, es menester requerir al promovente, para el efecto de que dentro del término improrrogable de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, precise a este juzgado de Distrito, por escrito, lo siguiente: Cuál es el acto que reclama y, respecto de este, haga una transcripción de la parte que estima violatoria de sus derechos fundamentales, o bien, allegue copia del mismo. Lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. En caso de cumplir con lo anterior dentro del término otorgado para ello, deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio, a fin de estar en aptitud de correr traslado con las mismas a todas y cada una de las partes, esto es, para ser distribuidas entre las partes de la siguiente manera: una para la autoridad señalada como responsable; b) una para el agente del Ministerio Público de la adscripción; c) una para la tercera interesada; habida consideración que dicha aclaración forma parte integral de su demanda inicial; y, d) dos para el incidente se suspensión. Al respecto resulta aplicable la tesis VI.2o. J/127, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda. Se apercibe al promovente de que en caso de incumplir con lo requerido en los términos y condiciones precisadas, se tendrá por no presentada su solicitud de amparo, con fundamento en el invocado numeral 114, penúltimo párrafo de la ley de la materia. En tanto que si es omiso en presentar una o dos de las copias del escrito aclaratorio, se postergará la apertura del incidente de suspensión. Se le tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Carlos Adabache López, Ignacio Martínez Flores y Patricia Martínez Escobedo quienes sí cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos a Edgar Gaytán Martínez por así haber sido designado. Luego, con apoyo en el artículo 21, tercera párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretario que autoriza Teresa Rosado de Loza. Doy Fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano