José Luis Alonso García

Expediente 1571/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1571/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Alonso García

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vistos los autos de este juicio de amparo, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Luis Alonso García. Por tal motivo, mediante oficio 26279/2021 se remitió la citada demanda que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, registrándola como amparo directo 773/2021; en tal virtud, solicítesele para que de no tener inconveniente informe sobre la competencia planteada en este asunto.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; glósese a los autos el oficio 5690/2021 remitido vía interconexión por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 26279/2021, al que se anexó la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno y los autos del juicio de garantías 1571/2021-5, con motivo de la competencia formulada por este Juzgado Federal en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, registrándose dicho asunto con el número 773/2021 de su índice. En el entendido que previo a acordar sobre la competencia planteada, admisión o desechamiento de la demanda de amparo correspondiente, dicho Tribunal solicitó al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta localidad, la remisión del juicio de origen. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por José Luis Alonso García, mediante el cual manifiesta conformarse con el auto que desechó la demanda de amparo que promovió, asimismo, solicita la devolución de los documentos originales y de las copias acompañadas a la misma. Sin embargo, hágase del conocimiento al quejoso que el presente asunto no se desechó, y respecto a la devolución de los documentos, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto, el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, informe si acepta o no la competencia planteada en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1571/2021-5, que por razón de turno le corresponde; y fórmese expediente. Al respecto, se estima que este Juzgado de Distrito declara CARECER DE COMPETENCIA para conocer del presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por los motivos que enseguida se expondrán. En el presente asunto, se observa que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente laboral ********************, relativo al juicio oral mercantil promovido por ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, En tal virtud, la determinación reclamada no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de éste o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de resolución, por ende en su contra procede el juicio de amparo directo. En esa tesitura, resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 107, fracción III, inciso a), párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra marcan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; ." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; ." Luego, se llega a la conclusión que el acto reclamado constituye una resolución que pone fin al juicio en lo principal, y contra ella procede el juicio de amparo directo, en términos de los numerales recién transcritos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis VII.2o.C.85 C (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2752, Tomo III, Febrero de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2008464, que reza: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CONTRAERSE PRIMERO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE PREVÉ EL CÓDIGO DE COMERCIO EN EL ARTÍCULO 1339, PARA ESTABLECER SI EL ACTO RECLAMADO ES LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO.- De una interpretación sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 1, septiembre de 2012, página 428, de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", así como de su ejecutoria, es factible establecer que en un juicio ejecutivo mercantil, acorde con el artículo 1339 del Código de Comercio, la sentencia será apelable atendiendo al monto de la suerte principal; ahora bien, para efectos de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito (en el entendido de que conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, éste conoce del juicio de amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio), debe contraerse primero a la procedencia o no del recurso de apelación que prevé el Código de Comercio para establecer si el acto reclamado es o no la sentencia o la resolución que puso fin al juicio. En ese tenor, pueden establecerse los siguientes supuestos: A) Si conforme al referido artículo 1339, la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil es apelable porque la cuantía rebasa el límite que el artículo establece, y el interesado hace valer el medio de impugnación, el cual es desechado o no se admite por determinada circunstancia que consideró la alzada, esa determinación debe considerarse como una resolución que puso fin al juicio, por tanto, contra ella procede el amparo directo, pues como se ha señalado, atendiendo al artículo aludido, sí era procedente contra la sentencia del Juez de origen el recurso de apelación, significa que esa resolución no era la definitiva, pues contra ella procede otra instancia. B) Si la suerte principal no excede el monto contemplado en la ley para la procedencia del recurso de apelación y, no obstante ello, el interesado interpone dicho medio de impugnación, el cual es desechado por la alzada bajo ese argumento, y en la demanda de amparo se combate, señalándola como acto reclamado (la que no admitía recurso de apelación), el Tribunal Colegiado de Circuito sí tiene la competencia legal para resolver lo relativo a ese juicio de amparo directo, siempre y cuando se haya presentado la demanda en el tiempo establecido en la ley, pues se está señalando como acto reclamado una sentencia definitiva. C) En el supuesto de que la sentencia no sea apelable por razón de la cuantía, pero se haga valer el medio de impugnación y la alzada lo admite y resuelve el fondo, contra esa resolución también será procedente el juicio de amparo directo, pues el respeto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la prosecución del proceso, independientemente de los errores en la admisión del recurso. D) En el caso en que la suerte principal no exceda el monto contemplado en la ley para la procedencia del recurso de apelación y, no obstante ello, el interesado lo interpone, el cual es desechado por la alzada bajo ese argumento y contra ese auto se promueve la demanda de amparo directo, debe considerarse que éste no es una resolución que hubiese puesto fin al juicio, sino un acto dictado fuera de juicio que es competencia de un Juez de Distrito en amparo indirecto, pues en esta última hipótesis si la ley que rige el acto no prevé el recurso de apelación, entonces el juicio terminó con el dictado de la sentencia." Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de derechos fundamentales, ni siquiera por economía procesal. Dadas las razones anotadas, con fundamento en lo que establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, declara carecer de competencia para resolver el presente juicio de amparo, por tanto, remítase la demanda de amparo, copias y anexos allegados, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo que en derecho considere sea procedente, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******************** número ********************, entre las calles ********************y ********************, de la colonia ******************** en esta ciudad, así como el correo electrónico alonsogarciamartin496@gmail.com, y como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Martín Alonso García y Darío Garduño Jiménez, en virtud de que no se acredita que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, además, de omitir el número de su cédula profesional. En obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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