José Luis Alonso García

Expediente 121/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
121/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • José Luis Alonso García

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio 579/2022 de ocho de marzo del año que transcurre, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. 1.1 Acuerdo. En atención a su contenido, téngase a la autoridad declinante de la competencia informando que admitió a trámite la demanda de amparo 73/2022, promovida por ... 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12, 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, archívese este asunto como concluido, toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar de conformidad con la fracción XIX, del numeral 3, en razón que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas al procedimiento que conoció este órgano jurisdiccional, pues, no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que este expediente judicial se trata de un cuaderno de antecedentes creado con motivo a la incompetencia dictada en auto inicial, quien esto provee considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 4. Destino. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual solicita los anexos faltantes del oficio 8171/2022-AGI, al haberse recibido inconexos vía electrónica. 1.1 Reenvío de oficio. Atento a lo anterior, reenvíese el referido oficio y anexos, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que la autoridad oficiante se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio, que remite vía electrónica el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual solicita a este juzgado de distrito comunique si se avoco al conocimiento de la competencia declinada, y en su caso, informe el estado procesal de su demanda de amparo 73/2022, promovida ...en virtud de que por auto de doce de enero de este año, ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, lo que refiere fue informado mediante su oficio 718/2022, que adjunta a su comunicado de cuenta. 1.1 Acuerdo. Atento a lo anterior se estima necesario precisar que, de una búsqueda de los libros de correspondencia con los que cuenta este Juzgado de Distrito, se aprecia que el trece de enero de este año, únicamente se recibió en este órgano de justicia su oficio 27, derivado de su Cuaderno Varios 2022, mismo que se registró con el número de control interno 3200, el cual se encontraba dirigido al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, motivo por el cual el mismo se reencausó a su lugar de destino en la misma fecha, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con lo que se aclara que este juzgado anteriormente no había recibido el expediente por incompetencia que se indica. 2. Registro. Por otro lado, en atención a los anexos recibidos, se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 121/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del citado Acuerdo General. 5. Competencia territorial. De lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte la competencia territorial de los jueces de Distrito, opera bajo los siguientes supuestos: i) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ii) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. iii) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. 6. Razones y fundamentos para no aceptar la competencia. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente reclama la orden de aprehensión y/o comparecencia a las autoridades que señaló como responsables, sobre lo cual, el quejoso se limitó a indicar que el acto reclamado se ha pretendido ejecutar en su domicilio ubicado en Chaparral, número 637, colonia Los Compadres, en esta ciudad, ya que se presentaron elementos de la Policía de Investigación del Estado de Coahuila en dicho domicilio. Esa manifestación constituyó la única razón para que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, declinara su competencia a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Piedras Negras, es decir, consideró que como el domicilio donde a dicho del quejoso se pretendió ejecutar el acto reclamado, se localiza dentro del territorio sobre el cual ejerce competencia este órgano de justicia, la misma se surte a favor de este órgano de control constitucional para conocer la demanda de amparo. En ese contexto, este órgano de control constitucional no acepta la competencia planteada, por los motivos que a continuación se precisarán. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, que dio origen a la jurisprudencia 52/2013, acotó, que si el acto reclamado consiste en una orden de detención o aprehensión que necesariamente requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria. Lo anterior, se dijo, atendiendo a que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Sin que con ello se prejuzgue sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. De ese modo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, porque de adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Sobre lo que el Máximo Tribunal indicó, que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En observancia a ese criterio fijado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que para conocer de un juicio de amparo, la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio del quejoso es insuficiente para justificar su competencia. Lo que en el caso acontece, ya que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables en su escrito inicial de demanda son: el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León y Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, todos con sede en Monterrey, Nuevo León; Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Fiscal de Control de Juicios y Constitucionalidad y Comisario General de la Agencia de investigación Criminal, estos últimos con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mismas que se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito. Es decir, ni entre las ordenadoras o las ejecutoras aparecen autoridades en el domicilio del quejoso que pudieran originar la competencia declinada a este juzgado. En mérito de ello, no se acepta la competencia planteada. Por tanto, devuélvase la demanda de amparo 73/2022, promovida por ...para que el juzgado declinante determine si con base en los argumentos antes expuestos, insiste en declinar la competencia planteada, o bien, aparece que la misma se surte a favor de diverso juez de amparo. 6.1 Criterio aplicable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 11. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 12. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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