José Luis Alfredo Hernández Jiménez
Expediente 2166/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2166/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2018
Partes del expediente
- José Luis Alfredo Hernández Jiménez
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: de una revisión realizada a las actuaciones que integran el presente incidente de suspensión, se advierte que el veintiséis de junio del año en curso (foja 259), se reexpidieron los oficios 15084/2018, 15085/2018, dirigidos a las autoridades responsables Comisionado General de la Policía Federal y Comisario General de la División de Seguridad Regional, respectivamente mediante el cual se ordenó notificarles esta incidencia y requerirles su informe previo, mismo que resulta necesario para integrar debidamente el presente asunto. En virtud de lo anterior, a fin de tener certeza del destino de los oficios en comento, requiérase a la Oficina de Correos de México Número 6 "Santa Teresita", a efecto de que, en el término de tres días, a que refiere el artículo 297, fracción ll del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído; informe y acredite ante este juzgado, el tratamiento dado a las piezas postales registradas con los números de factura 79866 y 79865, relativas a los oficios 30561/2018 y 30562/2018 enviados a las autoridades responsables Comisionado General de la Policía Federal y Comisario General de la División de Seguridad Regional, respectivamente, infórmesele que dichas piezas fueron depositadas ante la administración de correos ubicada en Ciudad Judicial Federal el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, y a efecto de dar mayor claridad se ordena remitirle copia simple de la factura que contiene dichos comunicados. Lo anterior es con apercibimiento que de incumplir o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. En razón de lo anterior, lo procedente es diferir la celebración de la audiencia incidental programada para el día de hoy, por lo que se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. No pasa inadvertido el hecho de que no se fije para su verificativo la audiencia incidental dentro de los cinco días a que se refiere el artículo 138 de la Ley de Amparo; lo anterior, en razón de que la autoridad responsable en comento tiene su recinto oficial fuera de la localidad en la que este órgano de control constitucional reside, de conformidad con los diversos numerales 28, fracción II, del ordenamiento legal en cita y 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Miguel Ángel Herrera Valdez quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso, asimismo que la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia incidental se encuentra registrada en la agenda electrónica. GAC/MAHV/jlm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobresee en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 32, fracción II, inciso b), punto 2, de la Ley de Ingreso del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco (sin importar que respecto a ella se haya sobreseído en el presente juicio) emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial 3438550 AA, expedido el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados." Ahora bien, para cumplir la ejecutoria de amparo, el Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamaron, dentro de sus atribuciones, actos legislativos como son, la expedición, aprobación, promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, su artículo 32, fracción II. Sobre el particular, son aplicables los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada.". Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.". En virtud de lo anterior, requiérase a la responsable Tesorero o Encargado de la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Zapopan, Jalisco para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que queden legalmente notificada del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el numeral 192 del ordenamiento en cita, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, de conformidad con los artículos 238 y 258, de la ley en comento, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese
- Principal
CITATORIO INCIDENTE AVISO.- EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS: ERNESTO RAMIRO ROMERO RAMOS Y ROBERTO ROMERO RAMOS, LA RESOLUCION INCIDENTAL DE TRECE DE JULIO DOS MIL DIECIOCHO MISMA QUE DICE: AUDIENCIA INCIDENTAL: Acto continuo, se da cuenta al juez con las constancias que obran en autos del presente cuaderno, entre las que destacan: Copia simple del escrito de demanda de amparo y escrito para la apertura del incidente (fojas 1 a 3); proveído de seis de junio de dos mil dieciocho a través del cual se proveyó la suspensión provisional y minuta (fojas 4 a 9); razón de aviso y constancia de notificación por lista al quejoso (fojas 12 y 13); acuerdo que difiere la celebración de la audiencia incidental (foja 14); constancias de notificación a las autoridades responsables (fojas 15 y 16). No es impedimento para que tenga verificativo la audiencia incidental el hecho de que aún no conste en autos que se haya notificado del trámite del presente incidente de suspensión a los terceros interesados Luis Rafael Romero Ramos y Óscar Cervantes Pérez, pues no se les deja en estado de indefensión al estar en aptitud legal de interponer los recursos que estimen pertinentes, máxime que deben imperar el principio de celeridad que rige a este incidente de suspensión, conforme lo ordena el artículo 17 constitucional. Sobre el particular cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 26/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL TÉRMINO PARA QUE EL TERCERO INTERESADO INTERPONGA EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA CONCEDE, CUANDO NO HA SIDO EMPLAZADO Y LE FUE NOTIFICADA POR LISTA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONOCIÓ DICHA DETERMINACIÓN." Acto continuo, se abre el período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa, allegó documentales que anexó a su comunicado, las cuales se admitieron y desahogaron al momento de recibirlas. Sin más pruebas pendientes de admitir o desahogar, se cierra el mismo, y se ordena abrir la etapa de alegatos. Abierta la etapa de alegatos, sin que exista manifestación alguna realizada por las partes para tal efecto, por lo que se declara cerrado el mismo. Sin promoción pendiente que acordar ni alegatos que reproducir, se pronuncia la interlocutoria que en derecho corresponde.----------------- V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1121/2018, promovido por Ernesto Ramiro Romero Ramos y Roberto Romero Ramos por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Ernesto Ramiro Romero Ramos y Roberto Romero Ramos, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos que reclaman de las siguientes autoridades: 1. Miembros de la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. 2. Actuario adscrito a la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: a) La falta de notificación personal del laudo dictado dentro del juicio laboral 30/2014 del índice de la responsable. b) Las consecuencias jurídicas derivadas del acto identificado en el inciso anterior. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado federal el conocimiento de la demanda de amparo, la que fue admitida en proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, data en la que se le dio trámite al incidente de suspensión en que se actúa; se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables para que remitieran su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental correspondiente; la cual se lleva a cabo en su totalidad al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridades responsables denominadas Miembros de la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y Actuario adscrito a la Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante habérseles requerido oportunamente para ello, tal como se advierte de las constancias de notificación relativas a los oficios 27123/2018 y 27124/2018, dirigidos a esas autoridades, mismas que obran en el incidente (fojas 15 y 16); por consiguiente, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que a ellas se les reclama. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 321, tomo XXI, Febrero de 2005, relativo a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA." SEGUNDO. Ahora bien, ante la certeza de los actos previamente a estudiar, si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa medularmente reclama de las autoridades señaladas como responsables: c) La falta de notificación personal del laudo dictado dentro del juicio laboral 30/2014 del índice de la responsable. d) Las consecuencias jurídicas derivadas del acto identificado en el inciso anterior. Sin embargo, en el escrito en que se solicitó la suspensión del acto reclamado, el promovente precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto ".evitar un daño irreparable en los derechos personales e incluso en el patrimonio del suscrito, solicito se conceda la suspensión provisional de la ejecución.". En consecuencia, se analizara la procedencia de la suspensión definitiva únicamente por lo que ve a lo solicitado por el peticionario del amparo, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Apoya lo expresado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y contenido dicen : "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". En esa tesitura, por lo que ve al acto que solicitado, toda vez que se trata de actos a realizar en el futuro y por ende susceptible de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo), para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo impetrado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que se reprochan las consecuencias jurídicas derivadas de la falta de notificación personal del laudo dictado en el juicio laboral 30/2014 del índice de la responsable; y en caso de ejecutarse en el juicio de origen serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia 1053 , que establece: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular, a través de las sentencias de amparo, el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Además, con la manifestación que realiza la parte quejosa de "bajo protesta de decir verdad", con la responsabilidad de orden penal que ello conlleva para el caso de conducirse con falsedad ante una autoridad judicial, en el sentido de que es una persona extraña por equiparación dentro del procedimiento laboral, en virtud de que hasta ahora se entera de que fue condenado en un juicio laboral, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo, que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos le afecta; lo que resulta suficiente para tener por demostrado indiciariamente su interés para fines del otorgamiento de la suspensión provisional. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito , cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. Es frecuente que en el momento de decidir sobre la suspensión provisional, el juez de Distrito no cuente con pruebas para proveer sobre tal medida, siendo lógico e inevitable que ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, tenga que otorgar credibilidad a lo afirmado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles; ya que el juzgador, en ese momento procesal, no dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le pueden ocasionar con su ejecución. Es por lo anterior que apoyándose en tales datos y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo el juez debe conceder la suspensión provisional, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva.". Por ello, tomando en consideración que el objetivo de la medida cautelar es el de paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad precisamente de conservar la materia del juicio de amparo y, en su caso, evitar que al quejoso se le cause perjuicio alguno que sea de difícil reparación, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 132 y 151 de la Ley de Amparo SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el laudo dictado dentro del juicio laboral 30/2014 del índice de la responsable, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo principal de donde emana la presente incidencia. Es preciso enfatizar que en caso de que los actos reclamados se hayan consumado, obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a los terceros interesados, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. Dicha garantía se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 133, en relación con el diverso 136 de la Ley de Amparo, la que deberá de presentarla en cualquiera de las formas previstas por la ley, en el entendido que si opta por la exhibición de póliza de fianza o billete de depósito, en el documento relativo debe asentarse que la compañía que lo expide se somete expresamente a la jurisdicción de este tribunal; además, de que deberá fijarse que es para garantizar la suspensión provisional. Se hace del conocimiento de las partes que, el hecho de que se fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero perjudicada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero interesado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe. Más aun, la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de la tercera interesada como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los perjuicios que pudieran causarse a la tercera interesada por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada contra la autoridad responsable precisada en el considerando primero por los motivos y razones expuestas en el segundo
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes
- Jose Leonardo Rangel Gonzalez1485/2023
- José Leopoldo Rodríguez Barajas2613/2019
- José Lerma Núñez1731/2019
- José Luis Aguilera Moreno2428/2022
- José Luis Alejandre Mercado2175/2019
- José Luis Alejandre Mercado1303/2020
- José Luis Álvarez Pulido2393/2015
- José Luis Ambriz Lopez2461/2021
- José Luis Arana Gómez2555/2018
- Jose Luis Armando De la Cruz Ramirez936/2023
- José Luis Armas González2379/2023
- José Luis Aros Medina3168/2018