José Luis Alejo Domínguez
Expediente 223/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Alejo Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 223/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 223/2018, promovido por José Luis Alejo Domínguez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio se reconoció el carácter de autoridad tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, el cual fue debidamente emplazado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente y con un oficio registrado con el folio 10036. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el Jefe de Causa en Funciones de Administrador del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, a través del cual, en alcance del diverso comunicado 2164, remite copia autorizada del acta de audiencia intermedia en la que se autorizó el procedimiento abreviado y se dictó sentencia definitiva. Documentales que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: a) Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. b) Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México. c) Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México. d) Director de Amparo Autoridad Responsable, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente obran en autos las documentales que el Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia autorizada de la causa penal 265/2017 , así como las que se recibieron el veintiséis de junio actual, vía correo electrónico, mediante el oficio con el cual se dio cuenta párrafos precedentes; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogada en atención su propia y especial naturaleza, en proveído de dieciocho de abril del año en curso y en esta propia audiencia. JUEZ. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a través del pedimento 113/2018. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-223/2018; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, misma que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Luis Alejo Domínguez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en el que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, el proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cerrada la investigación complementaria y se dio vista al Procurador General de Justicia, para que realizará el pronunciamiento que estimara pertinente, en términos de los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y la inconstitucionalidad de la segunda de las porciones normativas aludidas. Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, se registró la demanda como expediente IX-223/2018; este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se obtienen como actos reclamados, los siguientes: El proceso legislativo que dio origen al artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, Su primer acto de aplicación consistente en el proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el desprende que el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, en la causa penal ZAM/265/2017, mediante el cual declaró cerrada la investigación complementaria y dio vista al Procurador General de Justicia, para que realizará el pronunciamiento que estimara pertinente, en términos de los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que por auto de veintiocho de febrero del año en curso, requirió al agente del Ministerio Público y Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, para que se pronunciaran respecto de los supuestos del artículo 324 Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al cierre de la investigación complementaria. A las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado consistentes en copia autorizada de la causa penal 265/2017, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia autorizada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado a la autoridad señala en el considerando que antecede, no se estudiará el fondo del asunto, toda vez que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo análisis debe realizarse de manera preferente al fondo del asunto. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica..." Por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que por el cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 199808 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Página: 219 CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Neófito López Ramos. Ahora, en el caso particular, ante la autoridad responsable, se radicó la causa penal 265/2017, contra José Luis Alejo Domínguez, por el delito de robo de vehículo de motor terrestre, en agravio de María Lucita Corral González y Carlos Alberto Alcázar Peña. Causa penal que se tramitó con las reglas del procedimiento ordinario, según se aprecia de las constancias que obran en autos. No obstante, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, en audiencia intermedia de dieciocho de junio actual, autorizó el procedimiento abreviado y emitió sentencia definitiva en la que condenó a José Luis Alejo Domínguez, a ocho años de prisión, así como a la suspensión de sus derechos políticos, por igual tiempo que dure la prisión y al pago de la reparación del daño. Situación que actualiza un cambio de situación jurídica en virtud de haberse finalizado el procedimiento ordinario de juicio oral y haberse sentenciado al procesado mediante procedimiento abreviado, ello acorde con lo dispuesto por los artículos 185, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es inconcuso que en el caso debe sobreseerse en el juicio constitucional al actualizarse la causal de improcedencia que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo reformada, por virtud de un cambio de situación jurídica. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente "Época: Novena Época Registro: 167113 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Junio de 2009 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 34/2009 Página: 150 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN PERO EN LA MISMA CAUSA SE ACREDITA QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, NO OBSTANTE QUE UNA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LA HAYA DECLARADO INSUBSISTENTE AL ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. Si en el juicio de amparo en que se reclama el auto de formal prisión se acredita que posteriormente, en la misma causa penal, se dictó sentencia definitiva, aunque una resolución de segunda instancia la haya declarado insubsistente al haber ordenado reponer el procedimiento, procede sobreseer en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de dicha Ley, en virtud del cambio de situación jurídica del procesado. Lo anterior es así, porque el auto de formal prisión se sustituye con el dictado de la sentencia de primer grado, y ese cambio de estatus jurídico hace que las violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Contradicción de tesis 151/2008-PS. Entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 4 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis de jurisprudencia 34/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha once de marzo de dos mil nueve. Nota: Al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2012, la Primera Sala determinó modificar el criterio contenido en la tesis 1a./J. 34/2009, derivado de la Contradicción de tesis 151/2008-PS, para sostener el diverso criterio que se refleja en la tesis 1a./J. 140/2012 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SE PROMUEVE CON POSTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL MISMO PROCESO PENAL QUEDÓ INSUBSISTENTE CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENÓ REPONER EL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 786. Al ser improcedente el juicio de amparo respecto del acto de aplicación consistente en el proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cerrada la investigación complementaria y se dio vista al Procurador General de Justicia, para que realizará el pronunciamiento que estimara pertinente, en términos de los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no es factible que quien esto suscribe realice el estudio de constitucionalidad de la norma reclamada, esto es del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello en razón que cuando se promueve el juicio de garantías en contra de una ley con motivo de su aplicación, no es posible desvincular el estudio de la disposición reclamada del que concierne al acto de aplicación. Sire de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, Tomo XII, agosto de 2000, materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación, de la siguiente literalidad "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Cabe precisar que quien suscribe estimó no ser necesario dar vista a la parte quejosa con las constancias recibidas en esta fecha por parte del Jefe de Causa en Funciones de Administrador del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, consistentes en copia del acta de audiencia intermedia en la que se autorizó de procedimiento abreviado y se dictó sentencia definitiva, toda vez que con independencia de lo que pudiera argumentar el quejoso, no lograría desvirtuar la causa de improcedencia que se actualiza. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por José Luis Alejo Domínguez, en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable, en términos del considerando tercero del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil dieciocho. REQUERIMIENTO. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la fecha no se han recibido en este órgano jurisdiccional el acuse de recibo del oficio 7142 que se giró a fin de emplazar a juicio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, en su carácter de autoridad tercera interesada; consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones, requiérase vía telegráfica al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, informe por la misma vía, si recibió el oficio 7142 y, en caso afirmativo, indique en qué fecha lo recibió; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil dieciocho. SE ORDENA EMPLAZAR A AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. Visto el estado procesal de autos, en particular el informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, en el que acepta la existencia del acto que se le atribuye; por tanto, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso e) y 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, emplácese a juicio al agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional, en su calidad de autoridad tercera interesada, mediante oficio que contengan inserto el presente proveído y como anexo copia simple de la demanda y del auto admisorio de esta, a efecto de que de estimarlo pertinente, comparezca a juicio a deducir sus derechos. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil dieciocho. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los autos el pedimento 113/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a través del cual hace manifestaciones en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. En cuanto a su solicitud en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en autos, una vez que ello acontezca expídasele la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- José Lorenzo Varela Flores766/2023
- José Lozano Cruz373/2019
- José Luis Abad Bautista755/2017
- José Luis Aguilar Vázquez1431/2022
- José luis Alanis Solis935/2022
- José Luis Alejandre Marroquin379/2020
- José Luis Arizmendi Alanis741/2020
- José Luis Arizmendi Alanis742/2020
- José Luis Arizmendi Alanis743/2020
- José Luis Arreola Alvarado613/2022
- Jose Luis Avalos Gutierrez1000/2005
- José Luis Ávalos Reyes969/2016