José Luis Alcántara Hernández
Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Luis Alcántara Hernández
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés.Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el cinco de octubre del año en curso, dictada dentro recurso de queja número ******************** y el original del juicio de amparo número ********************, por la cual declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de dos de agosto del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo instada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, así como del original del juicio de amparo número ********************, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIÓN EN CARATULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA VS DESECHAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta del quejoso *******, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dos de agosto de dos mil veintitrés; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, contra actos del DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA y otras autoridades. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE. Spa.
- Principal
Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Agréguese la demanda de amparo promovida por********************, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número ******************** y fórmese expediente. CONSIDERACIONES PREVIAS El promovente en los apartados correspondientes señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Ordenadora y Ejecutora Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Juez de Control Regional con sede en Tepeaca, Puebla. De quienes reclaman: "Primero.- De todas las autoridades responsables: El inconstitucional e ilegal traslado que de mi persona se pretende hacer, del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez a uno de Máxima seguridad fuera del Estado de Puebla, sin mediar debida fundamentación y motivación alguna. Segundo.- De todas las autoridades responsables: El dificultar mi readaptación social, al alejarme de mi domicilio, de mi familia y amistades con ese traslado injustificado siendo que prevalece el Estado de Derecho, violentando de forma flagrante el artículo 18 constitucional más en específico en su penúltimo párrafo. Tercero.- De todas las autoridades responsables: El haberme privado de mi derecho fundamental de cumplir con la prisión preventiva oficiosa en el reclusorio más cercano a mi domicilio, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberme dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringido en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. Cuarto.- De todas las autoridades responsables: El trato indigno a mi dignidad humana. Quinto.- De todas las autoridades responsables: La violación al derecho de igualdad o no discriminación, ya que he sabido que, sin motivos justificados conocidos, dieron una lista de personas a trasladar, y dejaron sin efecto el traslado de algunos internos quienes estaban en la lista de personas a trasladar. Sexto. - De todas las autoridades responsables: la violación a la garantía de defensa, ya que el incumplimiento de las formalidades esenciales de prisión preventiva violenta dicha garantía." IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Sin embargo, contra tales actos el juicio de amparo es improcedente, por lo cual procede desechar la demanda. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la orden de traslado reclamada se atribuyó a una autoridad judicial y a autoridades administrativas; empero, en ambos supuestos el juicio de amparo es improcedente contra las órdenes de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De la ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. ORDEN DE TRASLADO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL Entonces, de acuerdo con lo expuesto, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que sea óbice que a la fecha no se haya notificado formalmente la orden de traslado, pues tal circunstancia no lo exime de la obligación de agotar el medio ordinario de impugnación. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. ORDEN DE TRASLADO JUDICIAL Por su parte, respecto la orden de traslado atribuida a la autoridad judicial se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la constitución y 61, fracción XVIII,de la Ley de Amparo. Ello, porque contra la resolución de la autoridad judicial que en su caso califiquen de legal la orden de traslado procede el recurso de apelación, el cual tiene por objeto a través del cual puede ser revocada. En efecto, como se indicó, en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución del juez de ejecución o de control en las que resuelva sobre la procedencia de los traslados involuntarios. Por lo cual, antes de promover el juicio de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley, a través del cual puede lograr su revocación, siendo obligatorio para satisfacer el principio de definitividad, al no constituirse algún supuesto de excepción, tal como quedó indicado en párrafo precedentes. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, subsanar o nulificar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere este último ordenamiento legal. En consecuencia, como contra la orden de traslado de del centro penitenciario donde actualmente se encuentra a uno diverso, el juicio de amparo es improcedente de forma manifiesta e indudable, procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido, que también señala como acto reclamados los señalados en los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del escrito de demanda, pues los mismos los reclama como una consecuencia o vicio del acto primigenio consistente en la orden de traslado a un diverso centro penitenciario, pues aduce en su demanda de amparo que dichos actos los reclama al llevarse a cabo el traslado sin una debida fundamentación y motivación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen por señalados los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los profesionistas que menciona en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. NOTIFICACIÓN VÍA DESPACHO AL QUEJOSO Toda vez que el quejoso********************, se encuentra privado de su libertad personal en el interior del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese despacho vía correo electrónico al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que ordene al servidor público adscrito al juzgado de su adscripción que corresponda, bajo su más estricta responsabilidad, se constituya en el interior de dicho recinto carcelario y una vez teniendo a la vista al citado quejoso, realice lo siguiente: 1. Se constituyan en las instalaciones del centro de reclusión de ese Distrito Judicial y localice al quejoso********************. 2. Le notifique el contenido íntegro del presente auto y le corra traslado con la copia del mismo. Concluida la diligencia encomendada se solicita al diligenciario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. Se solicita al aludido juez de lo penal que de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al diligenciario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Se requiere al citado juez de lo penal, a fin de que tan luego se desahogue la diligencia ordenada en el presente acuerdo, remita la correspondiente constancia a través de correo electrónico 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número telefónico 22 22 37 7660; ello, con la finalidad de agilizar la comunicación procesal; apercibido que de incumplir con lo ordenado se impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, notifíquese mediante lista a los autorizados de la parte quejosa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; vía despacho a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y por lista a los autorizados del quejoso.
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