Jose Luis Alcantara Hernandez

Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
101/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Alcantara Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 101/2023-IX. Puebla, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplas

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 101/2023-I Puebla, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por José Luis Alcántara Hernández, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar en su integridad la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . De la lectura armónica e integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ".Primero.- De todas las autoridades responsables: El inconstitucional e ilegal traslado que de mi persona se pretende hacer, del Centro de Readaptacion Social en Tepexi de Rodriguez, en Tepexi de Rodríguez, Puebla a uno de Máxima seguridad fuera del Estado de Puebla, sin mediar debida fundamentación y motivación alguna. Segundo.- De todas las autoridades responsables: El dificultar mi readaptación social, al alejarme de mi domicilio, de mi familia y amistades con ese traslado injustificado siendo que prevalece el Estado de Derecho, violentando de forma flagrante el artículo 18 constitucional más en específico en su penúltimo párrafo. Tercero.- De todas las autoridades responsables: El haberme privado de mi derecho fundamental de cumplir con la prisión preventiva oficiosa en el reclusorio más cercano a mi domicilio, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberme dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. Cuarto.- De todas las autoridades responsables: El trato indigno a mi dignidad humana. Quinto.- De todas las autoridades responsables: La violación al derecho de igualdad o no discriminación, ya que he sabido que, sin motivos justificados conocidos, dieron una lista de personas a trasladar, y dejaron sin efecto el traslado de algunos internos quienes estaban en la lista de personas a trasladar, Sexto. - De todas las autoridades responsables: la violación a la garantía de defensa, ya que el incumplimiento de las formalidades esenciales de prisión preventiva violenta dicha garantía." Sin embargo, los antecedentes relatados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, refleja que la orden de traslado fue autorizada por la Jueza de Control donde se ventila el asunto. Entonces, los actos delimitados en la solicitud de amparo, implica lo siguiente: la orden de traslado del centro de reclusión donde se encuentra interno a otro diverso, misma que fue autorizada por una jueza de control. Bajo ese contexto, debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, respecto de la determinación reclamada a una jueza de control, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo3 , porque el acto reclamado en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotarse antes de ejercer la acción de amparo. Primero, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si una persona privada de su libertad pretende combatir actos inherentes a sus condiciones de internamiento, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, antes de promover juicio de amparo. Lo anterior, se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Además, debe indicarse que el traslado de internos también se encuentra en las condiciones de internamiento, porque el centro penitenciario donde algún interno sea recluido, involucra por sí mismo todos los aspectos que corresponden a la esfera de competencia de las autoridades carcelarias. Ello se desprende de los razonamientos contenidos en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde en síntesis sostuvo que la orden de traslado de personas privadas de su libertad es un acto relacionado con las condiciones de internamiento, susceptibles de ser reparables mediante peticiones administrativas. Tesis cuyo rubro es el siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA." De modo que la controversia respecto del traslado de un interno a un diverso centro penitenciario del primigenio, es susceptible de considerarse un aspecto que forma parte de las condiciones de internamiento de la persona recluida. Al respecto, son ilustradores los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en las ejecutorias de los recursos de queja Q36/2020 y Q-46/2020 -sobre la decisión de desechar una demanda al combatirse una orden de traslado-, en el sentido de que previo a presentarse la demanda de amparo, el interno debió agotar el recurso ordinario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, al resolver dichos recursos, la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, respaldó los acuerdos de desechamiento de las demandas intentadas, porque no se actualizaron los supuestos de excepción al principio de definitividad, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por las autoridades administrativas penitenciarias, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, estableció que previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la citada legislación para ese supuesto Así se desprende de la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Cabe destacar que dicho criterio fue reiterado por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la cual emanó la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.),7 titulada: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Establecido lo anterior, conviene decir que en términos de los artículos 1, 2, 9, 30, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones y medios de impugnación, por ejemplo el recurso de apelación, mediante los cuales pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como ocurre con la resolución que autoriza un traslado de un centro penitenciario a otro. Cierto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes para las personas internadas en un centro De reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas. Los principales son: a) Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad, que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios, que se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos que inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución y este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, que son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juzgador, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al juzgador competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado. Autoridad judicial que calificará la legalidad de la determinación administrativa, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior, se colige que los traslados son condiciones de internamiento y deben ser autorizados por el juzgador competente; la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, y en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juzgador; lo que también constituye una de las condiciones de internamiento de una persona recluida. Entonces, con independencia que la calificación sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez. Por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Asimismo, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: 1. La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al juzgador, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena; a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En ese supuesto se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. 2. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, tratándose del traslado urgente o excepcional de una persona privada de su libertad a otro centro penitenciario, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de queja 36/2020, determinó que previo a acudir a instar el juicio de amparo indirecto se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se trata de un acto dentro del procedimiento. Sostuvo que respecto de esa determinación administrativa, como se precisó anteriormente, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida: el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Una vez que ha sido establecido lo anterior, debe indicarse que en el presente juicio de amparo, el quejoso combate la resolución que autorizó su traslado de un centro penitenciario a uno diverso. Esa determinación, como se ha expuesto en párrafos precedentes, encuadra en las condiciones de internamiento a las que está inmersa una persona recluida (en este caso el quejoso), pero tiene previsto un medio ordinario y legal de impugnación. Por ello, aquella resolución debió ser impugnada, antes de promover este juicio de amparo, mediante el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: VII. Traslados; [.]". Como se ve, la resolución combatida deriva de una autorización para trasladar al quejoso de un centro penitenciario a otro diverso -que implica condiciones de internamiento-, motivo por el cual es incuestionable que debió agotarse el referido medio de impugnación, antes de promover este juicio de amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el quejoso debió interponer el recurso de apelación contra la resolución que autorizó su traslado, antes de ejercer la acción de derechos fundamentales. Sin embargo, aquél desatendió el recurso en mención aunque le ofrecía la posibilidad de modificar o revocar el la autorización del traslado, como se desprende del artículo 131 de la invocada ley de ejecución.8 En resumen, el quejoso promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de apelación contra la citada autorización, aun cuando pudo interponer ese medio ordinario de impugnación. De modo que si aquél ejerció la acción de derechos fundamentales, contra la autorización en mención, sin haber agotado en forma previa la apelación dispuesta en el citado numeral, debe imponerse en este juicio la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por la desatención al principio de definitividad. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni de los previstos en los incisos b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. De igual forma, aun cuando se considere que el acto reclamado es de imposible reparación, tal circunstancia tampoco exime de la obligación de que antes de acudir al juicio de amparo se agote el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige su emisión, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, la circunstancia de que se considere que un acto puede tener efectos de imposible reparación, a propósito de la orden de traslado, no tiene el alcance de relevar al quejoso de la obligación de agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado, en tanto que se trata de cuestiones de índole diversa. De tal manera, si el caso particular no se ubica en un supuesto de excepción a la procedencia del juicio de amparo, surge la obligación para el gobernado de controvertirlo previamente a través del recurso establecido por el legislador y que resulta idóneo para cuestionarlo; y, únicamente en el supuesto de que el resultado de tal impugnación le sea adverso, podría reclamarlo mediante el juicio de amparo. Entonces, la cuestión relativa a que un acto sea de imposible reparación ninguna relevancia tiene para concluir que solo por ello inexiste la obligación a cargo del particular de agotar el recurso que procede en contra del acto de autoridad que, en el caso, fue emitido en un procedimiento de orden penal, esto es, por una autoridad jurisdiccional, de ahí que únicamente estará relevado de hacerlo si se surte una excepción prevista en la Ley de Amparo, lo cual, como se explicó, no se surte en la especie. Lo anterior, porque no debe confundirse ni equipararse el concepto de imposible reparación con el principio de definitividad, de ahí que aun cuando se esté en presencia de algún acto con aquella característica, es necesario que previo a reclamarlo a través del juicio de amparo, se agote el recurso o medio ordinario de defensa que contempla en su contra la ley que lo rige. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis 3497, consultable a página mil seiscientos cuarenta y ocho, del Tomo II, Penal, P.R. TCC, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Apéndice 2000, con el rubro: "ACTO RECLAMADO NO COMPRENDIDO EN LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". También resulta aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia número 447, consultable a foja cuatrocientos cuarenta y siete, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Pleno, Quinta Época, Apéndice de 1995, con el rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS". Y la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada a página mil ochocientos dieciséis, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. Desechamiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en virtud de que el mismo no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad atribuida a la actuación reclamada de la diversa autoridad ordenadora. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número 516, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en la página trescientos treinta y nueve, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, así como el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodriguez, Puebla. Ahora, se deja establecido que no es procedente tener dos vías como medios de notificación, toda vez que se debe dotar de seguridad jurídica a las partes en sus notificaciones. En consecuencia, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa las listas de acuerdos publicadas electrónicamente, mismas que están disponibles para su consulta en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal y en los estrados de este órgano jurisdiccional; sobre todo porque el quejoso esta en aptitud de conocer las determinaciones que se dicten a través de los autorizados que señaló en términos amplios. Por otra parte, +++++++++++++++++++, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso les otorgó esas facultades y se encontraron registros de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; y ++++++++++++++, queda autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, dado que no cuenta con dicho registro. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (por lista); y cúmplase

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