Jose Luis Alcantar Moreno

Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1064/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Alcantar Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Como según certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha siete de octubre del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obre en autos las constancias que adjuntó el Juez Séptimo Oral Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado ante el Tribunal declinante; devuélvansele las mismas, solicitándole acuse el recibo de estilo correspondiente en el término de tres días, en el entendido que de no hacerlo se entenderá que recibió a entera satisfacción dichas constancias. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós... Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria en cita, al que adjunta copias certificadas del amparo directo civil número -, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, en contra de los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Actuario de su adscripción, así como la determinación de tres de los actuales, mediante la cual la Alzada declaró carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, únicamente por los actos precisados en el mismo, ordenando remitirlo al Juez de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad en turno, virtud a que los actos reclamados son dictados después de concluido el juicio. Acúsese recibo de estilo correspondiente y hágase de su conocimiento que con esta fecha éste Órgano de control concentrado de Constitucionalidad, SE AVOCA al conocimiento de la demanda de cuenta. Del análisis integral de la demanda de amparo, en la parte en que resulta competente este Juzgado, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: El auto de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número -, por el Juez Sexto de Primera Instancia en Matera Civil de esta Distrito Judicial, mediante el cual se requirió a la parte demandada aquí quejoso -, para que dentro del término de tres días cumpliera voluntariamente con el pago total de lo condenado en la sentencia dictada el quince de julio del año en curso, ordenando su notificación personal, apercibido que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa; así como su notificación. La notificación realizada de la sentencia definitiva de fecha quince de julio de dos mil veintidós. Ahora, respecto a los dos primeros actos de referencia, este Juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.] Del precepto en cita, se aprecia que el juicio de garantías, procede sólo en contra de la última resolución emitida dentro del procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En consecuencia, las violaciones cometidas en los actos reclamados, podrán reclamarse hasta que se emita la resolución definitiva en dicho procedimiento, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de amparo, atacando las violaciones que considere fueron cometidas en ese procedimiento, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia 32/2001, que por contradicción aprobó el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, respecto del diverso acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia definitiva de fecha quince de julio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [...]" Del precepto transcrito se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos respecto del cual la ley que rija ese procedimiento prevea algún recurso o medio de defensa ordinario, mediante el cual, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, establece: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Precepto legal del que se desprende que en contra de la notificación de la sentencia reclamada, procede el incidente de nulidad de actuaciones, a fin de que de resultar procedente, la misma pueda ser nula. De ahí que antes de acudir el quejoso, debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 68/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1047, Tomo I, Octubre 2019, Materia Civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Entonces, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado -, virtud a que los mismo se encuentran dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria en cita, al que adjunta copias certificadas del amparo directo civil número -, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, en contra de los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Actuario de su adscripción, así como la determinación de tres de los actuales, mediante la cual la Alzada declaró carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, únicamente por los actos precisados en el mismo, ordenando remitirlo al Juez de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad en turno, virtud a que los actos reclamados son dictados después de concluido el juicio. Acúsese recibo de estilo correspondiente y hágase de su conocimiento que con esta fecha éste Órgano de control concentrado de Constitucionalidad, SE AVOCA al conocimiento de la demanda de cuenta. Del análisis integral de la demanda de amparo, en la parte en que resulta competente este Juzgado, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: El auto de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número -, por el Juez Sexto de Primera Instancia en Matera Civil de esta Distrito Judicial, mediante el cual se requirió a la parte demandada aquí quejoso -, para que dentro del término de tres días cumpliera voluntariamente con el pago total de lo condenado en la sentencia dictada el quince de julio del año en curso, ordenando su notificación personal, apercibido que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa; así como su notificación. La notificación realizada de la sentencia definitiva de fecha quince de julio de dos mil veintidós. Ahora, respecto a los dos primeros actos de referencia, este Juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.] Del precepto en cita, se aprecia que el juicio de garantías, procede sólo en contra de la última resolución emitida dentro del procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En consecuencia, las violaciones cometidas en los actos reclamados, podrán reclamarse hasta que se emita la resolución definitiva en dicho procedimiento, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de amparo, atacando las violaciones que considere fueron cometidas en ese procedimiento, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia 32/2001, que por contradicción aprobó el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, respecto del diverso acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia definitiva de fecha quince de julio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [...]" Del precepto transcrito se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos respecto del cual la ley que rija ese procedimiento prevea algún recurso o medio de defensa ordinario, mediante el cual, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, establece: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Precepto legal del que se desprende que en contra de la notificación de la sentencia reclamada, procede el incidente de nulidad de actuaciones, a fin de que de resultar procedente, la misma pueda ser nula. De ahí que antes de acudir el quejoso, debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 68/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1047, Tomo I, Octubre 2019, Materia Civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Entonces, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo formulada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado -, virtud a que los mismo se encuentran dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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