Jose Luis Alamilla Vasquez

Expediente 392/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
392/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Andres Velasco Gutierrez
  • Hector Andres Hernandez Lopez
  • Jose Luis Alamilla Vasquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca, el cuaderno de copias certificadas del expediente 129/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado, previa foja de sustitución correspondiente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 392/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado residente en esta población, JOSÉ LUIS ALAMILLA VÁSQUEZ, JUAN ANDRÉS VELASCO GUITÉRREZ Y HÉCTOR ANDRÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y dos la Local de Federal de Conciliación y Arbitraje y Presidente, de quien reclamó: ".III. Constituye el acto reclamado lo siguiente: La omisión de la no instrucción del emplazamiento y del procedimiento y no emitir el laudo dentro de los términos señalados por la ley, lo cual es violatorio de la Ley Federal del Trabajo y su Reforma." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, radicándose el veinte de abril de dos mil dieciocho, con el número 392/2018, ordenándose admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza laboral; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: La omisión de ordenar el emplazamiento en el juicio laboral 129/2017, en el que se desechó de plano el incidente de acumulación planteado en ese juicio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado (11 a 12). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó, a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las responsables. CUARTO. Antecedentes del juicio. 1.- El juicio natural se instó por la parte actora desde el diez de febrero de dos mil diecisiete, en contra de Distribuidora y Manufacturera del Valle de México S. de R.L de C.V y como patrón solidario las empresas denominadas PROPIMEX S. de R.L. de C.V. y COCA-COLA FEMSA, S. A.B. de C.V. todas por conducto de su representante legal; quien resulte responsable y propietario de la fuente de trabajo ubicada en el Kilómetro 243 de la Carretera Federal 190, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca, el propietario del inmueble ubicado en el mismo domicilio antes citado y en lo personal los C.C Miguel Ángel Guzmán Hernández, Arturo Valdez, Roberto Cruz Hernández y Paulen López (fojas 14 a 17). 2.- Dicha demanda se admitió por la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en la que entre otras cosas se ordenó al Actuario emplazar a la parte demandada (foja 18). 3.- El veinte de abril de dos mil diecisiete, quedaron emplazados a juicio Distribuidora y Manufacturera del Valle de México S. de R.L de C.V y como patrón solidario las empresas denominadas PROPIMEX S. de R.L. de C.V. y COCA-COLA FEMSA, S. A.B. de C.V; quien resulte responsable y propietario de la fuente de trabajo ubicada en el Kilómetro 243 de la Carretera Federal 190, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca y el propietario del inmueble ubicado en el mismo domicilio (fojas 21 y 23). 4.- Sin embargo, en audiencia de tres de julio de dos mil diecisiete, se determinó que no se encontraban debidamente emplazadas a juicio las empresas denominadas PROPIMEX S. de R.L. de C.V. y COCA-COLA FEMSA, S. A.B. de C.V., así como los codemandados físicos, por lo que la audiencia de ley se señaló para el seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 43 a 44). 5.- El veinte de febrero de dos mil dieciocho quedaron emplazados a juicio los demandados Roberto Cruz Hernández y Miguel Ángel Guzmán Hernández (fojas 51 y 52). 6.- El cuatro de mayo de dos mil dieciocho fueron emplazados a juicio las demandadas Refresquera PROPIMEX S. de R.L. de C.V. y COCA-COLA FEMSA, S. A.B. de C.V. (foja 46). 7.- El catorce de mayo de dos mil dieciocho se dio vista a los actores con la razón del actuario en la que señala la imposibilidad para emplazar a juicio a los codemandados físicos Arturo Valdez y Paulen López (foja 60). 8.- En audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil dieciocho para la celebración de audiencia de conciliación demanda y excepciones y el veintitrés de mayo del año en curso, la autoridad responsable tuvo a los actores desistiendo de los codemandados Arturo Valdez y Paulen López, a quienes se encontraba pendiente de emplazar a juicio, siendo este el estado procesal que guarda el juicio natural. QUINTO. Improcedencia del juicio. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. De oficio, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086 que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De acuerdo con el criterio jurisprudencial que antecede, el Máximo Tribunal del país determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Así, por regla general es notoriamente improcedente la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo es procedente por excepción. Por otra parte, conviene también destacar que la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en lo que aquí interesa, determinó: ".resultan infundados los diversos argumentos del recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito no debió haber tenido por cumplida la sentencia de amparo, hasta en tanto no se emitiera el laudo correspondiente toda vez que la sentencia de amparo fue para el efecto de que se desahogaran las pruebas correspondientes, así como las diversas etapas del juicio laboral lo que en la especie aconteció, llegando incluso la autoridad responsable a poner el juicio en estado de resolución. De lo anterior se desprende que se encuentra cabalmente satisfecha la obligación exigida por la ejecutoria de amparo ya que, como lo determinó el Juez de Distrito al haberse desahogado las pruebas correspondientes, realizada la etapa de alegatos y ponerse en estado de resolución dicho asunto, se cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo; lo que es suficiente para tenerla por cumplida, toda vez que el dictado del laudo no fue materia de la concesión de la sentencia de amparo. Esto es así, ya que, contrario a lo que aduce el recurrente, en la ejecutoria de amparo no se determinó que hasta el momento que la autoridad dictara el laudo respectivo se estaría respetando y cumpliendo con la garantía de debido proceso contenida en el artículo 17 constitucional. Toda vez, que como se ha señalado, el Juez de Distrito fue claro en determinar que, en relación con el alcance del fallo protector el efecto recayó únicamente en una etapa específica del proceso relacionada con la dilación u omisión reclamada. Luego entonces, no se desprende, como lo pretende el inconforme, que para poder tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia que concede el amparo por violación al principio de pronta impartición de justicia, es necesario esperar hasta el dictado del laudo y verificar que todas las actuaciones procesales se hayan realizado dentro de los plazos previstos en la ley, ya que la sentencia de amparo fue clara en determinar que el alcance de la protección federal se limitaba a la etapa procesal específica donde incurrió la violación y que las nuevas violaciones procesales, como las que alude la inconforme, serían impugnables a través de diverso medio de impugnación". De la anterior ejecutoria, emanó la jurisprudencia 2a. CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, página 732, con datos de localización, rubro y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". De acuerdo con lo expuesto en la anterior jurisprudencia, es dable afirmar que cuando se reclaman las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, el estudio de tales actos debe circunscribirse en función del acto reclamado y considerando la etapa procedimental en la que se sitúa tal acto dentro del procedimiento laboral. En el caso, la parte quejosa, reclama: La omisión de la autoridad responsable de ordenar el emplazamiento de la parte demandada; y ante ello, la falta emisión de demás acuerdos que fije la Ley Federal del Trabajo, para darle continuidad al juicio laboral que instó, hasta llegar al dictado del laudo correspondiente. Luego, los efectos que produce dicho acto, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, aun cuando se alegue inobservancia al artículo 17 de la Constitución Federal, porque sus consecuencias se traducen en violaciones de carácter adjetivo, al no constituir ese acto, una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, ante la falta de acuerdo a la petición de demanda que presentó la parte actora en el proceso natural, con la cual se inició el juicio respectivo, atento a lo dispuesto en el artículo 170, fracción, fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, que, en lo que aquí interesa, establece: "Artículo 170.-. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda." No pasa inadvertido que el juicio natural se instó por la parte actora desde el diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 14 a 17) y que a la fecha de presentación de la demanda no se había celebrado la audiencia de ley ante la falta de emplazamiento de la totalidad los demandados; sin embargo, del anexo que acompañó la responsable al oficio agregado en esta fecha, se conoce, que en audiencia de diecisiete de mayo de este año, se señalaron las once horas con treinta minutos del próximo siete de junio de este año para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, y que el veintitrés de mayo del presente año, la autoridad responsable tuvo a los actores desistiendo de los codemandados Arturo Valdez y Paulen López, a quienes se encontraban pendientes de emplazar a juicio. Por tanto, ante la falta de prueba que acredite el perjuicio que le causa a la quejosa el acto reclamado, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, ante lo cual, procede sobreseer de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. SEXTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ LUIS ALAMILLA VÁSQUEZ, JUAN ANDRÉS VELASCO GUITÉRREZ Y HÉCTOR ANDRÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ, en términos del penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, secretaria que autoriza y da fe el día de su audiencia veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Doy Fe.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, remitido por el Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado, a nombre de esa Junta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como prueba documental las constancias que remite, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Con motivo de lo anterior, por la vista que le corresponde a la quejosa, jurídicamente no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se fijan nuevamente las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil dieciocho. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS ALAMILLA VÁSQUEZ, JUAN ANDRÉS VELASCO GUTIÉRREZ Y HÉCTOR ANDRÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ, por su propio derecho, contra actos de La Junta Especial número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 392/2018, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil sesenta pesos 00/100, moneda nacional ($8,060.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, cualquiera de las partes deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100, moneda nacional ($2,418.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional ($4,030.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.60) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. Emplazamiento a terceros interesados. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Designación de representante común. De conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene a los quejosos designando como representante común de su parte a JOSÉ LUIS ALAMILLA VÁSQUEZ. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para ese efecto a las personas que indica. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que, para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

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