JOSE LUIS AKE NUÑEZ y Otros.
Expediente 1244/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- JOSE LUIS AKE NUÑEZ y Otros.
- Jose Luis Ake Nuñez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, que desechó la demanda de amparo con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, además de que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio en el sentido de que el presente es susceptible de destrucción, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Iván Nicolás Rodríguez Peniche y José María Huchim, con tres copias y sin anexos, con el que cumplen la prevención realizada mediante acuerdo de doce de septiembre del año en curso. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Iván Nicolás Rodríguez Peniche y José María Huchim, quienes por una parte se ostentan defensores de José Luis Argáez Can y en su escrito aclaratorio señalan que comparecen a título personal en contra el acto que reclaman del Juez Tercero de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, consistente en el auto de vinculación a proceso de treinta de julio del año en curso, dictado en el Procedimiento Ordinario con Carpeta Administrativa número 36/2019, en contra de José Luis Argáez Can, se procede a proveer en relación con la misma. Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostienen los promoventes en la demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, este órgano de control constitucional advierte que, respecto del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso de treinta de julio del año en curso, dictado a José Luis Argáez Can en el Procedimiento Ordinario con Carpeta Administrativa número 36/2019; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado le fue notificado al directo quejoso José Luis Argáez Can, el propio treinta de julio de dos mil diecinueve, en el que se dictó, pues bajo protesta de decir verdad, los promoventes manifestaron que dicha persona estuvo presente en la audiencia inicial celebrada en la propia fecha en la que se le vinculó a proceso. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada, respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de treinta de julio del año en curso, dictado en el Procedimiento Ordinario con Carpeta Administrativa número 36/2019, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días..." "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se desprende que el directo quejoso estuvo presente al momento de la emisión del acto reclamado, (treinta de julio de dos mil diecinueve) entonces en ese acto le fue notificado la vinculación a proceso; por tanto, esa notificación surtió efectos al día siguiente (treinta y uno de julio de dos mil diecinueve), de conformidad con el artículo 82, fracción I, en relación con el último párrafo de ese artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente, esto es, el uno de agosto de dos mil diecinueve, y feneció el veintiuno de ese mes y año, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, presentó su demanda de amparo, que lo es el diez de septiembre de dos mil diecinueve, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues como se indicó en párrafos precedentes, el acto reclamado le fue notificado el treinta de julio de dos mil diecinueve, en tanto que su demanda de amparo la presentó el diez de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que el término de quince días que tenía la parte quejosa para presentarla transcurrió del uno al veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, por lo que es notorio que resulta extemporánea, sin que se esté en alguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis número XXX.1o.8 P (10a.) , del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, cuyo rubro y sumario son del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J.48/2015 (10ª.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose del auto de formal prisión si se notifica en una diversa fecha al inculpado y a su defensor, entonces el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo deberá computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas; sin embargo, debe entenderse que tal jurisprudencia sólo es aplicable cuando se trate de defensores que están designados al momento de dictarse el auto de vinculación a proceso, esto es, aquellos que al momento de la emisión del auto de plazo constitucional sean formalmente sujetos del procedimiento o parte formal, no cuando se trata de aquellos defensores que sean designados con posterioridad, pues de ser así bastaría sustituir a un defensor, para renovar el plazo para la presentación de la demanda de amparo. En el caso, los defensores afirman que fueron discernidos del cargo el dos de septiembre de dos mil diecinueve, esto es, un mes después de la vinculación a proceso, por lo cual en esa fecha tuvieron conocimiento del acto, pero no fue a través de una notificación que es la condición que impone la jurisprudencia para computar el término a partir de la última que se practicó; por lo que esa fecha en que afirma tuvieron conocimiento no puede servir para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, ya que el acto reclamado no se les notificó porque al momento en que se hizo no eran sujeto y parte del procedimiento, por lo que su intervención posterior, no da lugar a renovar el plazo para la presentación de la demanda de amparo; de ahí que no sea aplicable la citada jurisprudencia en donde hubo sustitución de defensores posterior al acto reclamado. Por otro lado, toda vez que los promoventes Iván Nicolás Rodríguez Peniche y José María Huchim, en la aclaración de la demanda manifiestan expresamente que comparecen en lo personal al presente juicio, en tal virtud, en cuanto a ese carácter que ellos ostentan en lo personal se considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 5, fracción I, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ahora bien, al respecto, debe decirse que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia agraviada, siendo el caso que quien solicita la protección constitucional, debe ser precisamente quien resiente en su esfera jurídica, la afectación por el acto de autoridad reclamado; es decir, para acudir a la vía constitucional, debe contarse con la legitimación activa respectiva. Así, los promoventes Iván Nicolás Rodríguez Peniche y José María Huchim, al solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, a título personal toda vez que ya no ostentan el cargo de defensores del directo quejoso José Luis Argáez Can reclamando el auto de vinculación a proceso de treinta de julio del año en curso, dictado en el Procedimiento Ordinario con Carpeta Administrativa número 36/2019, no tienen legitimación activa. En efecto, no resulta admisible la demanda de amparo, a título personal de los promoventes porque sencillamente el auto de vinculación a proceso señalado como acto reclamado no fue dictado contra los promoventes citados Nicolás Rodríguez Peniche y José María Huchim, y por tanto, en lo personal no les causa perjuicio. Ello, cuenta habida que, se reitera, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 5 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él.Sin embargo, debe puntualizarse que en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 de la Ley de la Materia; b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo); y, c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 Constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo, según el artículo 15 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, los promoventes en la aclaración expresamente manifiestan que comparecen a título personal toda vez que ya no ostenta el cargo de defensores del directo quejoso, por tanto, con esa calidad (a título personal) no se encuentran en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclaman el auto de vinculación a proceso emitido contra diversa persona por autoridad judicial y no demostraron ser mandatarios, exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensores del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 15 del ordenamiento invocado, por lo que debe considerarse que los solicitantes carecen de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 272, del Tomo VII, Enero de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales."Por lo anteriormente expuesto, y al actualizarse las mencionadas causales de improcedencia, lo que procede es es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes:DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- José Leopoldo Roche Gómez217/2020
- Jose Leopoldo Silveira Ortiz570/2015
- Jose Librado Uc Cutz979/2021
- Jose Lino Briceño Cime94/2018
- Jose Lucio Chi Ku845/2019
- Jose Ludovig Lugo Chavira1946/2021
- José Luis Ake Nuñez1242/2019
- Jose Luis Alcocer Jiménez1028/2021
- José Luis Alejandro Chi Casares657/2020
- Jose Luis Alvarado Gongora1564/2022
- José Luis Alvarado Góngora2240/2022
- Jose Luis Alvarez Vales1173/2016