José Luis Aguirre Huerta
Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Aguirre Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
."Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, para que las partes hubieran hecho valer el recurso que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, en contra del dictado de la sentencia definitiva en el presente juicio, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, ."se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por la citada autoridad hace las veces de acuse de recibo. ." Consecuentemente, archívese como asunto totalmente concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A PLACIDO JOEL SERRALDE MENDOZA, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 28 DE ABRIL DE 2021.
- Principal
."ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en otra. ."Como ya se adelantó, los citados conceptos de violación son infundados. Se considera así, en virtud de que en el juicio oral civil 633/2019, seguido por José Luis Aguirre Huerta y Jaime Alejandro Pacheco Belmont, en contra de Placido Joel Serralde Mendoza y otra, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, se aprobó y se elevó a la categoría de cosa juzgada, el convenio celebrado por las partes, en el cual pactaron que, habiéndose efectuado una quita en la cantidad reclamada en la prestación identificada en el inciso a) en la demanda, Placido Joel Serralde Mendoza pagaría a la parte actora solamente la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mediante la exhibición ante este juzgado del billete de depósito correspondiente. De igual modo, se estableció que, en caso de incumplimiento, Placido Joel Serralde Mendoza pagaría a la parte actora como pena convencional, por cada día de retraso, la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 moneda nacional); siendo que dicha pena convencional no podría exceder la citada cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional. Como dicho convenio quedó firme y constituye la verdad legal, es evidente que el demandado en el juicio de origen, estaba obligado a pagar la primera de las cantidades antes referidas en los términos que han quedado precisados; porque así quedó juzgado y porque lo así decidido no puede modificarse o alterarse en manera alguna, ya que de hacerlo se dejaría de observar el principio de la invariabilidad de la cosa juzgada. En efecto, debe destacarse que las sentencias definitivas y que causan ejecutoria, así como los convenios elevados a dicha categoría, constituyen la verdad legal, de modo que el derecho declarado en ellas es incontrovertible, salvo disposición expresa de la ley, por lo que no puede plantearse una nueva discusión sobre lo que en ellas se haya decidido. Las afirmaciones anteriores tienen sustento en los principios de seguridad jurídica que dan firmeza y certidumbre a las controversias judiciales en que ésta opera, así como en el principio de preclusión que rige en los procedimientos judiciales, cuya eficacia se extiende a las actuaciones que hayan dado sustento a la decisión judicial, las cuales también son incontrovertibles. ."certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia o convenio ejecutoriado, para impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de volver a plantear cuestiones ya resueltas a través de una sentencia o convenio firme, provocando nuevos y constantes pronunciamientos sobre cuestiones previamente expuestas y ya decididas, y, por lo tanto, la incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho. Finalmente, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, según el cual, el acto es irrecurrible. La cosa juzgada material, hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado. Así las cosas, como ha quedado expuesto, en el juicio oral civil 633/2019, seguido por José Luis Aguirre Huerta y Jaime Alejandro Pacheco Belmont, en contra de Placido Joel Serralde Mendoza y otra, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, se aprobó y se elevó a la categoría de cosa juzgada, el convenio celebrado por las partes, en el cual pactaron que, habiéndose efectuado una quita en la cantidad reclamada en la prestación identificada en el inciso a) en la demanda, Placido Joel Serralde Mendoza pagaría a la parte actora solamente la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mediante la exhibición ante dicho juzgado del billete de depósito correspondiente. Entonces, si el mencionado convenio quedó firme, esto trae como consecuencia la imposibilidad de reabrir una nueva discusión sobre lo ya decidido, en cuanto a que el demandado en el juicio de origen se encontraba obligado a pagar las cantidades por los conceptos indicados en los referidos términos. Ahora bien, en el incidente de origen los actores reclamaron que se condenara al demandado al pago de la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ante el retraso en el pago de la suma pactada como pago principal en el convenio elevado a cosa juzgada, atraso que consideraron empezó a correr el veinte de julio de dos mil veinte, fecha en que reanudó labores el juzgado de origen y corrieron de nueva cuenta los términos procesales. Por otro lado, en la resolución reclamada se consideró, que de acuerdo con el convenio, el pago de la cantidad adeudada debía realizarse del veintiséis de marzo de dos mil veinte, por lo cual debía establecerse que, por acuerdo 39-14/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México, se determinó autorizar como plan de contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México, la suspensión de labores y de términos procesales a partir del dieciocho de marzo al veinte de abril de dos mil veinte. De igual modo, se estableció que mediante los acuerdos 03-15/2020, V-19/2020, V-25-17/2020, V-03-19/2020 y 03-22/2020, emitidos por el pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se autorizó la ampliación de suspensión de labores y de plazos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar del dieciocho de marzo de dos mil veinte hasta el treinta y uno de julio del mismo año, reanudándose labores el día tres de agosto de esa anualidad. Por último, se estableció que mediante el acuerdo 18-25/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se autorizó habilitar las oficialías de partes de los juzgados civiles y familiares de proceso escrito y proceso oral a partir del veinte de julio de dos mil veinte, para el único efecto de que recibieran promociones de trámite y/o de terminó de los asuntos radicados en dichos órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el plazo para emitir la resolución respectiva las promociones correría a partir del tres de agosto del citado año o el primer día hábil oficial a la continuación de actividades. Sobre esa base se consideró, que la suspensión de términos y plazos procesales, fue del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo cual debía estimarse que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, el demandado tenía la obligación de presentar el pago que se obligó a realizar, ya que desde esa fecha se reanudaron los términos y plazos procesales, puesto que aun cuando se habilitó la recepción de promociones de trámite a partir del veinte de julio de ese año, los términos respectivos se reanudaron hasta el tres de agosto de dos mil veinte. Por consiguiente, el período cuantificar sería del tres de agosto al diez de agosto de dos mil veinte, por lo cual si el demandado presentó el billete de depósito el día doce siguiente, se generaron cinco días de retraso y no los que refería a la parte actora, ya que los días tres, cuatro y cinco de agosto de dos mil veinte, los términos y plazos procesales corrieron normalmente, mientras que los días seis y diez del mismo mes y año, el juzgado respectivo laboró a puerta abierta y por tanto corrieron términos y plazos procesales, lo anterior de acuerdo con el Acuerdo Plenario 05-19/2020 y su acuerdo modificatorio y el acuerdo V-31/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México. Sobre esa base, se consideró que la pena convencional se generó del tres al diez de agosto de dos mil veinte, por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), y no así por la reclamada por la parte actora. Como se puede observar, el incidente de liquidación del cual deriva el acto reclamado, tenía por objeto que se cuantificara, con base en lo establecido en el convenio celebrado por las partes, el tiempo que el demandado se atrasó en hacer el pago de la cantidad principal objeto de ese acuerdo de voluntades, lo cual a su juicio debió realizar a partir del veinte de julio de dos mil veinte, fecha en la cual reanudó sus labores el juzgado de origen. En ese sentido, se considera que, contrario a lo que refiere el quejoso, el cumplimiento del convenio sí estaba sujeto al cómputo de términos procesales o judiciales, con motivo de la suspensión de labores y términos en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Lo anterior es así, porque en el convenio se pactó expresamente, que el pago debía ser exhibido ante el juzgado de origen, en la fecha en él mencionada. Por tanto, dichas condiciones constituyen la verdad legal como ha quedado expuesto y, por ende, en el caso sí cobró especial relevancia la suspensión de labores y términos procesales respecto del juzgado de origen, con motivo de la contingencia de salud pública por la cual atraviesa el país, ya que derivado de esa inactividad, no podía cumplirse con lo pactado en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, esto es, que el demandado exhibiera el pago ante el juzgado de origen. De igual modo, no asiste razón al peticionario del amparo, pues como lo expuso la autoridad responsable, el Acuerdo 18-25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, estableció que el veinte de julio de dos mil veinte, únicamente se habilitó la recepción de promociones de trámite y término según fuera el caso; sin embargo, se estableció que el plazo para emitir las resoluciones que recayeran a dichos escritos, correrían a partir del tres de agosto de ese mismo año, esto es, la presentación de esos escritos surtiría efectos no el día veinte de julio de ese año o posteriores, sino el tres de agosto siguiente. Por tanto, contrario a lo considerado por el quejoso, no podía considerarse como punto de partida para el incumplimiento atribuido al demandado, los días que corrieron del veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, ya que de acuerdo con la normatividad invocada por la autoridad responsable, aun cuando se contempló la posibilidad de recibir escritos en las oficialías de partes con anterioridad al reinició de labores del Poder Judicial de la Ciudad de México, en específico del juzgado de origen, claramente se determinó que dicha presentación generaría sus efectos hasta el tres de agosto de ese año, esto es, la presentación legal de las citadas promociones, sólo se consideraría a partir del tres de agosto de dos mil veinte, al indicarse que sería en esa fecha cuando empezarían a correr los términos para emitir las decisiones respectivas, en otras palabras, todos los escritos entregados en las oficialías respectivas, durante el periodo del veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se considerarían presentados hasta el tres de agosto de ese año. De igual modo, contrario a lo que sostiene el quejoso, del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, no se aprecia que las partes abrieran la posibilidad de que el pago de la cantidad convenida, se realizara en un lugar diverso al del juzgado de origen, por lo que, al constituir la verdad legal, el demandado se encontraba obligado a cumplir con la parte a su cargo, en los términos pactados en el convenio de origen, esto es, realizar el pago en el local del juzgado. En las anotadas condiciones son infundados los conceptos de violación. Por otro lado, el peticionario del amparo refiere, que la declaración de procedencia parcial del incidente le causa perjuicios, ya que el demandado no acreditó excepciones y defensas conforme lo planteado en el primer concepto de violación y, porque no ofreció pruebas para acreditarlas, incurriendo de ese modo en la condena de gastos y cosas que previene el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. El citado motivo de inconformidad es infundado en parte e inoperante en otra. Lo anterior es así, porque como se aprecia del escrito de contestación al incidente de origen, la parte demandada ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales fueron admitidas por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Sobre esa base, no se actualizó la hipótesis legal prevista por el artículo 140, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. IX. DECISIÓN Ante el escenario expuesto, al haberse desestimado los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo antes expuesto y fundado, ." se RESUELVE: ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el octavo apartado de la presente sentencia, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Luis Aguirre Huerta, por su propio derecho. Notifíquese personalmente al quejoso y tercero interesado,
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que haya lugar a notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables, ya que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a éstas se le deberán notificar forzosamente por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable a quien se le notificará de manera personal (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, por lo que si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de proveídos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III del citado precepto, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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