José Luis Aguilar Sánchez
Expediente 1377/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1377/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Aguilar Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso **********, a través del cual desahoga la prevención realizada por este órgano jurisdiccional el nueve de noviembre del presente año; en consecuencia, se provee lo siguiente: Consideración previa. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora, al realizar una lectura íntegra del escrito de cuenta, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo; numerales cuyo texto es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. De los numerales citados se advierte que, conforme a la regla general, el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al que haya tenido conocimiento de ellos, y que de no promoverse el juicio dentro de ese lapso, se entenderá consentido de manera tácita el acto reclamado. No obstante a lo anterior, del artículo 18, se desprenden tres hipótesis, de las cuales se tiene que partir para iniciar el cómputo del término de quince días con que se cuenta para promover el juicio de amparo. En primer lugar, se establece que dicho lapso se iniciará a contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto. La segunda hipótesis, determina que dicho término comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de los actos. Finalmente, el tercer supuesto dice, que el término para instar la protección constitucional se iniciará a partir del día siguiente al en que el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos de molestia. En este sentido, lo que distingue a la primera regla de las restantes, es que precisamente para iniciar el cómputo de los quince días con que cuenta el gobernado para solicitar la protección constitucional se requiere previamente de una notificación que se le realice del acuerdo o resolución que pretende impugnar en el juicio de amparo, y que ésta notificación surtirá sus efectos de conformidad con lo que dispone la ley que rige el acto de molestia; mientras que las restantes hipótesis establecen que para computar el término de interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de los actos o bien, al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de los mismos; en éstos dos últimos casos, no se requiere de previa notificación al inconforme, para computar el término con que cuenta para instar la protección constitucional. En ese sentido, para arribar a la anterior consideración, conviene destacar que, en el escrito de desahogo de prevención, la parte quejosa refirió lo siguiente: En ese contexto, como se advierte de la imagen citada con antelación del escrito por el cual desahogo la prevención formulada en el presente sumario, el quejoso manifestó que el trece de octubre de dos mil veintitrés, fue notificado de los actos reclamados por parte de la Dirección General de la Policía Militar adscrita a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), sin embargo, desde el quince de mayo de dos mil veinte, dejó de percibir sus haberes con motivo de la baja que por esta vía se reclama; circunstancia que se corrobora con las propias manifestaciones del quejoso y las pruebas documentales que anexó a su escrito inicial de demanda. Lo cual se evidencia que a partir cuándo menos desde el mes de mayo de dos mil veinte, el quejoso dejó de percibir su salario como funcionario público, y es en ese momento cuándo comenzó a transcurrir el término para presentar su demanda de amparo. En consecuencia, si la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea de acuerdo con el invocado numeral 17 de la Ley de Amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XIV, del cuerpo de leyes en cita, es decir, se materializa la hipótesis legal de improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito de los actos reclamados, por no haberse impugnado en el plazo establecido por el referido artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, del rubro y contenido siguiente: CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE DESCONOCE LA RESOLUCIÓN DE SU BAJA DEL SERVICIO, DEBE ESTIMARSE QUE SE TRATA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI LA DEMANDA RELATIVA SE PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA EN QUE SE LE PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNÁRSELE SERVICIO. De conformidad con el artículo 267, fracción VI, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad es improcedente cuando se promueva contra actos o disposiciones generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos a que se refiere el artículo 238 de la propia legislación. Ahora bien, si entre la última fecha en que se pagó y asignó servicio al actor, en su carácter de miembro de los cuerpos de seguridad pública estatales y la promoción del juicio contencioso administrativo, transcurrieron varios años, no es razonablemente lógico que se sostenga el desconocimiento de la resolución de su baja del servicio, pues las consecuencias de falta de percepción y asignación de servicio durante un tiempo prolongado son elementos suficientes para producir certeza tanto del conocimiento de dicha determinación como del consentimiento tácito de ésta por falta de impugnación oportuna, para efectos de la procedencia del referido medio de impugnación.1 Asimismo, sustenta lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto.2 Se desecha demanda. Por lo tanto, acorde con lo ya expuesto, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Le de Amparo, de modo que el juicio de amparo intentado es improcedente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónicamente
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por **********, en representación de la parte quejosa, desahoga la vista dada en auto de once de octubre de dos mil veintitrés, manifestando lo siguiente: "Al respecto, hago de su conocimiento que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al primer punto, en razón de que, por una parte, el especialista que debe emitir el diagnóstico, de acuerdo al padecimiento de la quejosa, es el neurólogo, (el servicio de dicha especialidad se proporciona en el hospital de especialidades médicas, Dr. Antonio Fraga Mouret ubicado en el Centro Médico Nacional "La Raza" del Instituto Mexicano del Seguro Social). En ese contexto, se advierte que, los documentos que se adjuntaron al oficio de nueve de octubre del año en curso, suscrito por la Licenciada **********, de la Delegación regional del Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social no atiende al punto uno de los efectos de la concesión de amparo, en virtud de que adjunta diversos estudios que en sí mismos no constituyen un diagnóstico integral de la quejosa. Ahora bien, en relación con el punto dos, respecto del suministro de medicamento, existen indicaciones médicas para administrar a la quejosa el medicamento BUDESONIDA por medio de atomizador, por lo que se indicó el medicamento conocido como VANNAIR, cuya presentación viene en atomizador, dadas las condiciones clínicas de la misma y la imposibilidad que tiene para inhalar el citado medicamento en polvo, lo que se advierte de la Contrarreferencia médica que se adjunta a la presente, expedida por el Dr. **********, de Medicina Interna del Hospital General de Zona (HGZMF) 76, ubicado en Xalostoc, Ecatepec. Estado de México. Por otra parte, se afirma que no se ha dado cumplimiento al punto segundo de los efectos de la concesión del amparo a la quejosa, dado que cuento con cinco recetas médicas que no han sido surtidas a la suscrita, tal como lo acredito con las copias que de ellas se adjuntan al presente escrito." (SIC) 2. Requerimiento. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente acuerdo, remítase copia del escrito de cuenta, a la autoridad responsable, Hospital General de Zona 76, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y requiérasele con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe bajo su más estricta responsabilidad: i) si es viable y necesario remitir a la quejosa con un especialista en neurología, ii) ante las manifestaciones de la parte quejosa, relativo a que la vía de administración del medicamento no es adecuado, determine si deberá continuar con dicho tratamiento o diverso, y iii) si se ha entregado el medicamento correspondiente de las recetas médicas anexadas al escrito de cuenta. Asimismo, deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho, o en su caso, justifique su imposibilidad jurídica y material para ello. Esto es así, puesto que la parte quejosa tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar dicha Institución, misma de la cual este órgano jurisdiccional no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente el suministro o aplicación del medicamento en cuestión. Razón por la cual, la autoridad responsable deberá actuar en conjunto con los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisar la solicitud del promovente y certificar si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas, y si de la conclusión del análisis es que el medicamento prescrito es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, debiendo realizar la entrega inmediata. En el entendido que de no hacerlo así, con independencia de que se haga efectivo el apercibimiento decretado en la ejecutoria dictada en el presente sumario, ante su reiterada omisión, se le impondrá como medida de apremio, una multa por el equivalente a DOSCIENTAS unidades de medida y actualización, con sustento en el artículo 258 de la Ley de Amparo. se ordenará la apertura del respectivo incidente de inejecución de sentencia, ordenando la remisión de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, con la estimación de que la autoridad responsable ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene la separación de su cargo y consignarla al Juez de Distrito que corresponda, para ser juzgada por el desacato judicial cometido y sea sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- José Juan Ramírez García401/2021
- José Juan Reyes Mote594/2020
- Jose Juan Rodriguez Origel206/2022
- José Leonardo Martínez González138/2019
- José López Ponciano235/2021
- José López Ramirez729/2017
- Jose Luis Alavez Robledo1884/2018
- José Luis Alva Briceño783/2022
- Jose Luis Alvarez Casso381/2018
- José Luis Andrés Bautista712/2017
- José Luis Antonio Salazar Ruiz532/2015
- Jose Luis Antonio Salazar Ruiz1500/2018