José Luis Aguilar López
Expediente 150/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Aguilar López
- Juzgado Vigésimo Primero Penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA. III. Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que dicho órgano recibió los autos originales del juicio de amparo 150/2021-III-B; el cual se registró con el número de amparo **** En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación.***
- Principal
MESA. III.Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado por el representante común de la parte quejosa José Luis Aguilar López, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veintinueve de marzo del presente año, pues indica el acto reclamado que pretende combatir; se provee: COMPETENCIA Por la importancia que reviste, conviene anticipar que la competencia un presupuesto procesal que se erige como una condición previa para conocer y resolver el asunto planteado. Bajo esa tesitura, de la lectura del escrito de desahogo que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia definitiva dictada en la causa penal 696/2019 del Juzgado Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México (antes 52/2008 del diverso Juzgado Vigésimo Primero). Bajo este contexto, se advierte que no corresponde a este juzgador el conocimiento del asunto, dado que dicho acto constituye una sentencia definitiva. Así, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que señala: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados y Jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracciones III, V y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . . . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . . . a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;... V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:. . . a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por otra parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: LEY DE AMPARO "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LAFEDERACIÓN "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ^Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) en materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas..." Del análisis de los artículos transcritos se colige que este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), V y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, de la ley de la materia, en relación con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la sentencia dictada dentro de la causa penal 696/2019 del Juzgado Décimo Octavo Penal de la Ciudad de México (antes 52/2008 del diverso Juzgado Vigésimo Primero), es una sentencia definitiva; por lo que, se está en el supuesto que prevé el citado artículo 170 de la Ley de Amparo, siendo competente en el caso, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, con fundamento en el ordinal 34 en cita remítase el presente sumario y copias de la demanda, así como de los escritos de desahogo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que a su vez la remita al órgano colegiado en turno, solicitándole a éste acuse de recibo e informe si confirma o revoca el acuerdo de competencia respecto al aludido acto reclamado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA. III.Ciudad de México, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, Defensora Pública Federal ante el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido como asesora jurídica del quejoso para representarlo en el presente juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. De conformidad con el artículo 3, párrafo quinto, de la ley de la materia, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a la defensora para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario "patyfelix". Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtenga la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de éstas, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional.
- Principal
MESA. III- Ciudad de México, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de abril pasado, se ordenó requerir al Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a fin de que designe defensor público a los quejosos, sin que se haya expedido el oficio correspondiente (número 6905); asimismo, el citado proveído debió notificarse personalmente a los quejoso, sin embargo, no se turnó el expediente a la Actuaría. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase el citado comunicado e instrúyase a la actuaría de la adscripción lleve a cabo la citada diligencia de notificación. *
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