José Luis Aguilar Gutiérrez
Expediente 1865/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1865/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Luis Aguilar Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos la promoción y anexos de cuenta, y, visto su contenido, téngase a la 1] Titular de la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la documental de cuenta, y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con los documentos 1, 2 y 3 de cuenta, fórmense dos anexos de pruebas, que quedarán a disposición de las partes para su consulta en la secretaría, sin que los mismos sean integrados al expediente electrónico debido a la imposibilidad material para ello en atención a su voluminosidad, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
A primera hora del día de hoy, se notifica por lista a la parte TERCERO INTERESADA. . ., del auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo, y se tiene por hecho el emplazamiento respectivo, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del citado auto, como se le comunicó en citatorio de catorce del mes y año en curso, lo anterior, en términos de los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, inciso b) y fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. "proveído de trece de noviembre pasado: I. Cumple prevención. Agréguese a los autos la promoción de cuenta y, visto su contenido, téngase al quejoso ********************, en cumplimiento a la prevención efectuada en auto de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 15 a 20); en ese sentido, se tiene por cumplida la prevención efectuada; en consecuencia, se provee lo conducente respecto al escrito inicial de demanda. II. Desechamiento parcial De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el numeral en comento fija un imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Del criterio reproducido con antelación, se aprecia que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Acorde con dichos parámetros, en el presente asunto, de la lectura integral de la demanda, en lo que respecta al acto reclamado al Agente del Ministerio Público Lic. ******************** Titular de la Mesa Diversos II de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Hidalgo, consistente en la formulación de imputación contenida en el oficio ********************, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, ya que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. Los preceptos mencionados establecen que el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, como lo establece la redacción de ese numeral, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivo reconocidos en la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, no existe ejecución irreparable si la posible violación no afecta a derechos sustantivos del gobernado. Corolario a lo expuesto, y como ya se precisó uno de los actos reclamados se hacen consistir en la formulación de imputación contenida en el oficio ********************, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues sus efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial respectivo. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración y hasta la solicitud de la audiencia inicial, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede librar en su contra la correspondiente orden de aprehensión, o bien, determine su vinculación a proceso. Apoya lo anterior, el precedente cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 175142 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 154/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 49 Tipo: Jurisprudencia AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." De ahí que, se considere como una infracción de índole procesal, que pudiera obtener reparación y que, por ende, por regla general, no es impugnable en amparo indirecto, desde luego porque no supone una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado. También se cita la tesis, cuyos datos de localización rubro y texto son los siguientes: "Registro digital: 2015368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.51 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601 Tipo: Aislada SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En este orden de ideas, el juicio de amparo de que se trata es improcedente, por lo que hace al citado acto reclamado, pues el mismo, no es de imposible reparación al no vulnerar en forma directa derechos sustantivos establecidos en el bloque de constitucionalidad formado por la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que como se advierte del criterio de jurisprudencia citado, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, como son la propia investigación de los hechos señalados en contra del imputado, darle acceso a la misma o notificarle respecto a que hechos se imputan en su contra, son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, y no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la ley reglamentaria en cita, se desecha parcialmente la demanda de cuenta, respecto al acto y autoridad citados. III. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, únicamente respecto a la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca penal ********************/2023, dictada por la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ********************. 2. Autoridad (es) responsable (s). a. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que de no hacerlo se presumirán como ciertos el(los) acto(s) reclamado(s) y se le(s) impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si las autoridades responsables no consideran necesario remitir constancias, los informes justificados correspondientes deberán enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión el(los) oficio(s) correspondiente(s) a la(s) autoridad(es) que constituye(n) órgano(s) jurisdiccional(es) del Poder Judicial de la Federación, o bien, a la(s) autoridad(es) con la(s) que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenio(s) respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rinda(n) se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de la(s) autoridad(es) responsable(s), se les instruye para que remitan el(los) oficio(s) derivado(s) de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a la(s) autoridad(es) responsable(s) que si se niega(n) a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le(s) impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso que tenga(n) conocimiento o con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a tres mil ciento doce pesos, veinte centavos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días, contados desde el momento en que le(s) sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador del(los) acto(s) reclamado(s) o que sirvieron de apoyo para emitirlo(s), así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. f. Suspensión el procedimiento. De conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de conservar la materia del presente juicio de amparo, se conmina a la autoridad responsable requiera al juez de control de la causa penal ********************/2022, para que una vez que declare cerrada la instrucción en la causa penal de origen, o bien, una vez concluida la etapa intermedia si se tratarse del procedimiento acusatorio, suspenda el procedimiento sin que se dicte la sentencia correspondiente. 3. Tercero(s) interesado(s). a. Quién(es). Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso(s) c) y e), de la Ley de Amparo, se tiene a ********************, y al Agente del Ministerio Público que intervino en el toca penal ********************/2023, del índice de la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, como parte tercera interesada. b. Forma de emplazarlo(s). Emplácese al(os) tercero(s) interesado(s), en el domicilio ubicado en ********************Mineral de la Reforma, Hidalgo, entregándoles a cada una fotocopia cotejada de la demanda de amparo así como de este auto, a efecto que esté(n) en posibilidad de comparecer al presente juicio de amparo, de así estimarlo oportuno; asimismo, en el acto de la notificación y emplazamiento antes ordenados, requiéraseles para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale(n) domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que les asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos. Por lo que hace al Agente del Ministerio Público que intervino en el toca penal ********************/2023, del índice de la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emplácesele a juicio mediante oficio al que se adjunte copia cotejada de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. 4. Representación Social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, asentándose en el acta respectiva que se le corre traslado con copia del escrito de demanda y, en su caso, aclaratorio. VI. Incidente de suspensión. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, en atención a que la parte quejosa no solicitó el dictado de la medida cautelar para efectos distintos a la suspensión del procedimiento natural una vez agotada la fase intermedia, sobre lo que se ha proveído oficiosamente en este propio auto, en términos de lo ordenado por el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En todo caso, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a costa del ocursante fotocopia certificada de este proveído. VII. Pruebas. El promovente no ofreció medio de prueba alguno."
- Principal
Agréguese a los autos la promoción y anexo de cuenta, y, visto su contenido, téngase al Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, informando que dentro de la causa penal ********* de su índice se autorizó una salida alterna consistente en suspensión condicional a proceso a favor de la aquí quejosa ************. En atención a lo anterior; y tomando en consideración que el veinticuatro de agosto del año en curso, se remitió el recurso de revisión interpuesto por los terceros interesados ************ del cual conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en obvio de mayores dilaciones remítasele a la superioridad el oficio y anexo de cuenta para que provea lo relativo.
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