José Luis Aguilar De Paz

Expediente 653/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
653/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • José Luis Aguilar De Paz

Actuaciones

  1. Principal

    Proemio. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con doce minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 653/2021, promovido por **************************, estando en audiencia pública Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante José Luis Castro Coutiño, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes ni su representante legítimo. Acto seguido, se hace relación de las constancias de autos, se da cuenta con el escrito de demanda y con las demás constancias de autos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el período probatorio y el Secretario da cuenta con la prueba documental, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecida por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; asimismo, con la documental que exhibió la autoridad responsable Secretario de Acuerdos de Juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las aludidas probanzas, dada su propia y especial naturaleza. El Secretario certifica y hace constar que dentro del presente juicio de amparo no existen pruebas de videograbaciones. A continuación se cierra el período probatorio y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el de alegatos, donde el secretario, hace constar y certifica que la parte quejosa no presentó alegatos, así como tampoco la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, exhibió pedimento alguno. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que la parte quejosa no formuló alegatos ni la representación social presentó pedimento, se cierra la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se procede a continuación a dictar la siguiente resolución: RESUELVE Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José ***************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, precisados con los incisos a) y b), ante su inexistencia. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que entre la fecha de la publicación del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, notificado el uno de septiembre del año en curso, surtiendo efectos en esta misma fecha, en el que se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos de Juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y la diversa fecha para la audiencia constitucional señalada para hoy, no media el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado y vista. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de Juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. Pruebas. De conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que acompaña la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 de la ley de la materia. Estado de autos. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable y acto reclamado señalados en los incisos b) y c), respectivamente. Declara firme parcialmente. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, únicamente por lo que hace al desechamiento parcial de la demanda, respecto a la autoridad responsable y acto reclamado antes mencionados. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil veintiuno. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil veintiuno. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por José Luis Aguilar De Paz, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 653/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la siguiente jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación(cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Época: Novena Época. Registro: 196196. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Mayo 1998, Tomo VII. Tesis: I.1º.A. J/4. Página: 890). Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso particular el acto reclamado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con residencia en esta ciudad, consiste en: c) La omisión, obstaculización y negativa al acceso efectivo a la Administración de Justicia por parte del SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de cumplir con cada uno de los términos y efectos ordenados en el LAUDO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, ASI COMO DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, dictados por la entonces Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático, actualmente Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, donde se ordenó mi reinstalación, en la plaza de coordinador de zona adscrito a la Dirección de , el pago de salarios caídos, la cual no ha cumplido a cabalidad en ninguno de sus términos y efectos en que fueron ordenados teniendo una actitud de renuencia y desacato, con el único fin de entorpecer y retardar indefinidamente el cumplimiento del Laudo y de la Resolución Interlocutoria, sin recibir el acceso efectivo a la justicia pronta, completa y expedita. Bajo ese contexto, por cuanto hace a la autoridad señalada como responsable Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con residencia en esta ciudad, y respecto del acto reclamado marcado con el inciso c), se actualiza la casual de improcedencia contenida en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:"(.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:" "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:" (.) "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, dela Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro: 199459, del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOSDE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lomismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis número 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso dela voluntad del afectado. En el caso particular, el acto reclamado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con residencia en esta ciudad, consiste en: c) La omisión, obstaculización y negativa al acceso efectivo a la Administración de Justicia por parte del SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de cumplir con cada uno de los términos y efectos ordenados en el LAUDO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, ASI COMO DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, dictados por la entonces Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático, actualmente Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, donde se ordenó mi reinstalación, en la plaza de coordinador de zona adscrito a la Dirección de , el pago de salarios caídos, la cual no ha cumplido a cabalidad en ninguno de sus términos y efectos en que fueron ordenados teniendo una actitud de renuencia y desacato, con el único fin de entorpecer y retardar indefinidamente el cumplimiento del Laudo y de la Resolución Interlocutoria, sin recibir el acceso efectivo a la justicia pronta, completa y expedita. Empero, dicho acto no puede ser considerado como acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que no actúa con carácter de imperio, menos se advierte que la citada como responsable, esté ejecutando o trate de ejecutar un acto en el que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es decir, su actuación no somete al particular a su decisión, ya que la citada responsable actúa conforme a lo ordenado por el Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el expediente 1767/2020 antes 1036/D/2008. Por lo que, de ningún modo puede afirmarse que la relación entre la parte quejosa y la responsable en estudio corresponde a la de supra a subordinación que existe entre una autoridad y un particular, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación entre la Secretaría responsable, para con el Juez de origen. Lo anterior, dado que en esencia se duele de la omisión de dar cumplimiento al laudo dictado por la extinta Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático dentro del juicio laboral 1036/D/2008, que ahora conoce el Juzgado Primero ?? Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 1767/2020. De ahí que la responsable en cuestion, no está facultada para tomar una decisión o resolución que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que se encuentra limitada a lo ordenado por el juzgado de origen. Por tanto, ello conduce a concluir finalmente que la omisión de dar cumplimiento a un laudo dictado en su contra en un juicio laboral burocrático en el que dicha secretaría tuvo la calidad de demandado, no constituye un acto de autoridad susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, al derivar esa obligación de un juicio en el que intervinieron en una relación de coordinación (y no de supra subordinación), subsistiendo esta condición incluso en la etapa de ejecución. Etapa de ejecución del juicio en la cual el peticionario de amparo estará en aptitud de solicitar al juzgado de origen ejercite todas las medidas legales que tenga a su alcance, hasta obtener el cumplimiento del laudo reclamado. De ahí que, el impetrante de amparo cuenta con la posibilidad de instar al órgano jurisdiccional a efecto de que aplique los instrumentos legales que prevé la legislación secundaria, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; esto es, logre que las autoridades responsables, cumplan sus determinaciones emitidas. Desechamiento. En ese contexto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1o, fracción, 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta al Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con residencia en esta ciudad, por el acto que se le atribuye. Admisión. Respecto a los actos reclamados señalados en los incisos a) y b) del escrito inicial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda promovida por José Luis Aguilar De Paz, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión de los actos reclamados, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Domicilio y autorizados para recibir notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Farallón, Número 168- B, Altos, Fraccionamiento Las Canteras, de esta ciudad. Ahora respecto de la solicitud de tener como apoderado legal a Elías Martínez Cornelio, dígasele al quejoso que no ha lugar, toda vez que no acompaña algún poder notarial que acredite dicha personalidad; sin embargo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales; y para efectos de solo oír y recibir notificaciones a Rodolfo Pérez Mollinedo, Stalyn de Jesús Arias Estrada, Diana Monserrat Acosta Carrera, Pamela de los Ángeles Méndez Linares, Ana Gabriel Tapia Escobar y Erick Cornelio Patricio, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el citado Sistema. Ministerio Público. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el arábigo 2o., párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de quince días, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia del acto que se les reclama. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado. Requerimiento. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Pruebas. La parte quejosa ofrece las pruebas consistentes en documental, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme loprevisto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la prueba documental consistente en el expediente original 1036/D/2008 actualmente 1767/2020, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias respectivas se acordará lo conducente. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Tercero interesado. La parte quejosa manifestó bajo protesta de decir de verdad que no existe tercero interesado. Transparencia. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo opinión en contrario. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.as p con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Lista. Finalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese en términos de ley.

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