José Luis Adrián Loreto Orozco
Expediente 2423/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2423/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/03/2023
Partes del expediente
- José Luis Adrián Loreto Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de dieciocho de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) competenciales. disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Asimismo, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 212 del citado acuerdo, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo, glósese el original del cuaderno incidental. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 203 del acuerdo en cita, una vez 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) competenciales. 3 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Téngase por recibido el comunicado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (en su denominación correcta), mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y anexa un legajo en copias certificadas para acreditar la constitucionalidad de su actuar. Pruebas. Por otra parte, se tiene como prueba de su parte las copias certificadas que remiten en apoyo a su informe justificado, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias exhibidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Previo a iniciar el presente estudio, conviene señalar que en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda de amparo, esto es, se tuvo como un acto futuro de realización incierta, el acto reclamado a los actuarios adscritos a la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (en su denominación correcta), consiste en la omisión de realizar las actas de notificación y emplazamiento a la demandada en el juicio laboral de origen, del auto de avocamiento de la huelga 1496/2020-17-H, además del inventario de los bienes de la empresa demandada. Posteriormente, en dicho proveído, se admitió la demanda de amparo, contra los actos reclamados a la citada junta, consistentes en la omisión de dictar auto de avocamiento respecto del escrito inicial y pliego petitorio de huelga, al que le correspondió el número de expediente 1496/2020-17-H. Ahora, del informe justificado, así como de las constancias que a éste se anexó, se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente 1496/2020, del índice de la citada responsable, se radicó el emplazamiento a huelga, así como el pliego de peticiones que formuló el Sindicato 25 de Febrero de Empleados y Trabajadores en el Comercio del Estado de Jalisco; incluso, también se anexaron las constancias de notificación a la empresa demandada, además del auto de seis de enero de dos mil veintitrés, que ordena el archivo como asunto total y definitivamente concluido, del citado expediente, porque no se cumplieron con los extremos previstos en el artículo 920, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que en el expediente 1496/2020, del índice de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (en su denominación correcta), no se omitió radicar el emplazamiento a huelga, así como el pliego de peticiones. Luego, de las actuaciones que integran el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, resulta inconcuso, seguir con la secuela procedimental en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que como ya se dijo, la omisión de la que se duele la parte quejosa, es inexistente. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la dilación reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 386, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Libro 49, Décima Época, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa manifiesta e indudable que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional; también lo es que, en el caso no opera tal "regla general", pues aquí se está en un supuesto donde el acto reclamado lo constituye una "omisión" o falta del "quehacer" por parte de la autoridad responsable, "omisión" que queda desvirtuada no solo por la negativa por parte de la responsable, sino también por las constancias del juicio de origen que allegó, con las cuales se pone de patente que, indudablemente, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, sí existía el acuerdo que se afirma no se dictó, por ende, de igual manera es indudable y manifiesto que no existió a la fecha de presentación de la demanda, la omisión reclamada a la autoridad responsable. Ahora, esa negativa de actos va a impera, aun y cuando se le dé oportunidad al quejoso de comparecer en la audiencia constitucional, pues atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, no lograría desvirtuarla, pues, se insiste, ya existe la actuación procesal en la cual se radicó el emplazamiento a huelga, así como el pliego de peticiones, fijando día y hora para la audiencia de conciliación; de ahí que resulte viable decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. La jurisprudencia en comento es del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Se comisiona actuario. Revisados los presentes autos, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que no obra la constancia de notificación relativa al oficio 48540/2022, del índice de este juzgado de Distrito, dirigido a la autoridad responsable Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, del proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, en el cual, se le requirió a la autoridad responsable su informe de ley, ordenado en proveído de treinta de noviembre de la presente anualidad. Por tanto, y en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique a la citada junta responsable el presente proveído, junto con el diverso 48540/2022 y sus anexos. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el correo que remitió el Jefe de Préstamo de Expedientes Judiciales, de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, que opera en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 937/2011 en dos tomos, mismo que fue devuelto por estar en calidad de préstamo en este órgano jurisdiccional, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
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