José Luis Adame Solís

Expediente 185/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
185/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • José Luis Adame Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 305/2017 de su estadística y el cuaderno principal del juicio de amparo citado al rubro, se acusa recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: "[.] Decisión. En tales condiciones, ante lo infundado de los agravios propuestos por las recurrentes (sic), lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida, y negar el amparo y protección de la Justica Federal a la quejosa, respecto de los actos y autoridades precisados; y, declarar sin materia el recurso de revisión adhesivo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *************, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesivo. [.]" Glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son reproducción de las que obran agregadas en este expediente. Por otra parte, resulta necesario precisar que en la parte que interesa, el tribunal determinó: "[.] SÉPTIMO. Firmeza Debe quedar firme por falta de impugnación el sobreseimiento por inexistencia y cesación de efectos de actos reclamados a las autoridades responsables, así como la parte que concedió la tutela constitucional a la parte quejosa y la diversa en que se negó respecto de las normas que integran el sistema normativo que regula la contabilidad electrónica, excepto los argumentos vinculados con la constitucionalidad del artículo 17 K, 18, 28, fracciones III y IV, 134, fracciones I y III y Primero y Segundo, fracción VII, Transitorio, del Código Fiscal de la Federación; y Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; toda vez que el recurrente no esgrime agravio alguno tendente a impugnar tales determinaciones. [.]" De lo anterior se desprende que el tribunal declaró la firmeza por cuanto hace al sobreseimiento por inexistencia y cesación de efectos de actos reclamados a las autoridades responsables, así como la parte que concedió la tutela constitucional a **********, quejosa en el juicio (2) 7121/2015 (recurrente) y la diversa en que se negó por cuanto hace a las normas que integran el sistema normativo que regula la contabilidad electrónica. Ahora, del análisis de las demandas de amparo se advierte que ******, quejosa en el juicio (2) 7121/2015 y *********, quejosa en el juicio (3) 7227/2015, no señalaron como acto reclamado el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, por tanto, aun cuando en la sentencia de siete de noviembre de dos mil dieciséis se concedió el amparo por esa porción normativa, lo cierto es que al no formar parte de la litis constitucional, no puede ser motivo de requerimiento a las responsables para su acatamiento, razón por la que no existe materia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo sólo en cuanto a dichas quejosas. En otro orden, del estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia, -con excepción de ***********, quejosa en el juicio (2) 7121/2015- en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se negó la protección constitucional y se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, ha causado estado en cuanto al juicio (3) 7227/2015 y ha causado ejecutoria por cuanto hace a ********************sociedad civil, quejosa en el juicio (1) 7085/2015 y********************, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, quejosa en el juicio (4) 7344/2015. Así, los efectos por los que les fue concedida la protección constitucional a dichas quejosas en la sentencia de siete de noviembre de dos mil dieciséis, consisten en: "(...) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. (.)" Requerimiento de cumplimiento Atendiendo a los efectos de la sentencia con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a las quejosas 1) ********************sociedad civil y (4)********************, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica que establece el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de las normas contra las cuales se concedió el amparo. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que las contribuyentes fueron omisas en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas en los juicios (1) 7085/2015 y (4) 7344/2015, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este apartado. Quejosas RFC ********************sociedad civil. ******************** ********************, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. ******************** En el entendido que: La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese y personalmente a las quejosas.

  2. Incidental

    Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que dispone el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las quejosas hayan interpuesto recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el que se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico. Archivo del asunto. En ese orden y siendo que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, puesto que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, se negó y se concedió la protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere ese acuerdo. Cuadernos incidentales. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo general mencionado, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, dado que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada. Asimismo, atento a lo ordenado en el artículo 35 del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos originales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos de conformidad con el artículo 18 del citado acuerdo general. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las quejosas hayan interpuesto recurso de inconformidad contra el acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se determinó que el cumplimiento a la sentencia quedó sin materia, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y en razón de que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, archívese este asunto como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, considerados como tales las promociones y actuaciones judiciales. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, se negó el amparo y se concedió la protección constitucional, pues carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general citado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el numeral 18 del citado acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Atento lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula según corresponda. Hágase del conocimiento de las partes, que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese.

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