José Luis Acevedo Rodríguez
Expediente 179/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 11/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Acevedo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
"...Vista la certificación, se advierte que trascurrió el plazo para recurrir la sentencia emitida en el presente juicio... ha CAUSADO EJECUTORIA... archívese el presente expediente... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 179/2016-IV, promovido por José Luis Acevedo Rodríguez, contra actos del Juez Décimo Séptimo de lo Penal de la Ciudad de México y otra autoridad. R e s u l t a n d o I. Con el escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el que cuestión de turno, al día siguiente se remitió a este Juzgado de la misma especialidad, José Luis Acevedo Rodríguez, por su propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: Autoridad responsable: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO JUEZ DECIMO SÉPTIMO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 34 a 36 ACEPTA DIRECTOR DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 ACEPTA Acto reclamado: El auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitido en la causa 25/2016, y su ejecución. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado, y citó como garantías violadas, las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. En auto de once de marzo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 179/2016-IV; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional. III. En auto de doce abril de dos mil dieciséis, se tuvo como tercero interesada a María Cristina Arzate Valdez y se requirió a la autoridad responsable para que proporcionara el domicilio en donde pudiera ser emplazada (fojas 80 y 81). Luego, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 153 y 154), se requirieron a diversas autoridades y persona moral para que proporcionaran el domicilio que tuvieran en sus archivos a nombre de la tercera interesada, a fin de logar su emplazamiento. Sin embargo, no fue posible emplazarla a juicio dados los motivos expuestos en las razones actuariales que constan a fojas 180 y 185. IV. Una vez agotados los medios legales al alcance de este Juzgado para lograr la localización y emplazamiento de la tercera interesada María Cristina Arzate Valdez, en auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (fojas 191 y 192), se ordenó su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, a quien se requirió para que en el término de veinte días, se presentara en este órgano jurisdiccional a fin de recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar ante este Juzgado su entrega, esto es que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos; plazo que transcurrió del veinte de mayo al dieciocho de julio, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio, todos de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19, de la Ley de Amparo; con la precisión que el plazo se interrumpió con motivo de la queja interpuesta por el autorizado del quejoso contra el auto de ocho de junio del año en curso, que comprendió del trece de junio del año en curso, en que se presentó el escrito relativo, hasta el siete de julio actual, en que surtió efectos la notificación del auto en que se tuvo por recibido el diverso proveído dictado en la queja 22/2016, por la que se declaró firme la determinación en la que se desechó dicho recurso; sin que el quejoso hubiere dado cumplimiento a lo anterior. V. Finalmente, previo diferimiento por cuestión de trámite, la audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, en relación con el numeral 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 36 y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 03/2013, reformado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el cual este Juzgado de Distrito, ejerce jurisdicción. Segundo. El Subdirector Jurídico en ausencia del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); y, el Juez Décimo Séptimo de lo Penal de la Ciudad de México, al rendir informe justificado aceptaron el acto que se les atribuye (fojas 28, 34 a 36) consistente en el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitido en la causa 25/2016 y su ejecución. La certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia certificada de la causa penal 25/2016 que adjuntó el juez responsable a su informe con justificación (fojas 37 a 79, y anexo I); documentales que al haber sido certificadas por servidor público en ejercicio de sus funciones, adquieren eficacia demostrativa plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 2 de ese ordenamiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Tercero. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la tesis de jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, que al respecto señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la certeza del acto reclamado, del estudio de las constancias de autos, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con la siguientes reglas: [.] II.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación l tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Ahora, el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio de pronta impartición de justicia, como uno de los criterios rectores fundamentales del sistema judicial mexicano, que se ha elevado al rango de garantía individual, y el cual rige sin excepción el juicio de garantías que tiene sus bases en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a este principio, las autoridades tienen la obligación de velar para que en todos los juicios que se sigan ante ellas, se dicten las resoluciones en los plazos establecidos por la ley para cada caso en particular, cuestión que ha pasado a ser un bien de la colectividad, es decir, atañe al interés público, debido a que a la sociedad le interesa que los conflictos planteados ante los órganos jurisdiccionales se resuelvan con prontitud, en algunas ocasiones debido a que con un excesivo transcurso del tiempo, es posible que el objeto materia del juicio deje de existir, o bien que los beneficios que se obtengan en caso de recibir una sentencia favorable dejen de tener los mismos efectos provechosos que hubiesen tenido si se hubiesen conseguido tiempo antes. Otro de los principios rectores del juicio constitucional, es el relativo a la instancia de parte agraviada, en atención al cual debe considerarse necesaria la voluntad del quejoso de incitar al órgano de amparo, para que este último pueda estar en aptitud de incoar el juicio de garantías y resolver en torno a la constitucionalidad de los actos de autoridad de los que se duele. La voluntad del agraviado para la prosecución del juicio debe ser permanente mientras se desenvuelve el proceso constitucional, esto es, debe continuar una vez que se ha admitido la demanda, para el efecto de que se cuente con el impulso de los actos procesales que le corresponda realizar y se pueda dictar la sentencia respectiva, de tal manera que cuando deje de existir esa voluntad deberá decretarse en consecuencia el sobreseimiento, pues, en tal supuesto, al no subsistir "instancia de parte agraviada", el órgano jurisdiccional se encontrará impedido de analizar el fondo de la litis constitucional. Dicho principio constitucional también rige de manera directa en aquellos supuestos en los que la falta de interés en la prosecución del juicio esté demostrada de manera patente, al no cumplir el quejoso con las cargas procesales necesarias para la debida continuación del juicio y que permitan el dictado de una sentencia de fondo, en la medida en que de esta forma podrá evidenciarse la ausencia de "instancia de la parte agraviada" y se está en aptitud de estimar actualizada una causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, cuando la Ley de Amparo establezca cargas específicas para la continuación del juicio que pesen sobre la parte quejosa y ésta, no obstante los requerimientos formulados, incumpla injustificadamente con ello y esté en aptitud de hacerlo, se evidenciará que existe falta de interés de esa parte para obtener una sentencia de fondo; máxime cuando el órgano de amparo le aperciba respecto de las consecuencias que tal conducta procesal traiga consigo. Ahora, para integrar la relación procesal que debe entablarse en el juicio de garantías es menester emplazar debidamente a quienes tienen la calidad de parte (a excepción del propio quejoso a cuya instancia se inicia el juicio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, de la Ley de Amparo, que señala como tales, además del agraviado, a la autoridad o autoridades responsables, al tercero o terceros interesados y al Ministerio Público Federal. La fracción II, del artículo 108, del citado ordenamiento legal impone al quejoso la obligación de señalar el nombre y domicilio del o los tercero (s) interesados, para que puedan ser llamados a juicio, y aun cuando el artículo 27, fracción III, de la referida ley, prevé para el órgano jurisdiccional federal la obligación de investigar el domicilio de dicha parte cuando tal dato no conste en autos, lo cierto es que al agotarse esa investigación, corresponderá al quejoso llevar a cabo los actos necesarios para la publicación de los edictos respectivos, a su costa. Se trata pues de una carga procesal del quejoso, expresamente prevista por el legislador, a fin de que la relación procesal se encuentre debidamente integrada, tomando en cuenta que en términos generales, el tercero interesado tiene un interés contrario al del peticionario de garantías (la subsistencia del acto reclamado) y, por tanto, debe ser llamado a juicio a fin de salvaguardar su derecho de audiencia. El emplazamiento al tercero interesado, por ser un acto de suma trascendencia procesal, debe hacerse a través de una notificación llevada a cabo directamente por personal del juzgado, por conducto de la autoridad responsable (en los casos en que así proceda) o bien por medio de edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, esto último, cuando se haya agotado la investigación que realice la autoridad de amparo para indagar el domicilio de esa parte, hipótesis en la que, como se tiene dicho, queda a cargo de la quejosa la publicación de los edictos, a su costa. De lo anteriormente expuesto se concluye que cuando el quejoso haya sido requerido para que cumpla con la carga procesal de publicar los edictos mediante los cuales se emplazará al o los terceros interesados y, no obstante ello, de manera injustificada deja de realizar tal actividad, debe soportar las consecuencias de su omisión que, por una parte, impide la debida integración de la relación procesal de las partes y, por otra, hace imposible el dictado de una sentencia de fondo, ante la necesidad de emplazar a juicio a su contraparte, con lo que demuestra su falta de interés en la prosecución del juicio, ocasionando con ello retraso en la resolución de los juicios que se tramitan ante los tribunales. En la especie el quejoso José Luis Acevedo Rodríguez, reclama el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitido en la causa 25/2016, y su ejecución. Ahora, a fin de cumplir con las normas fundamentales que rigen el juicio de garantías, en auto de doce de abril de dos mil dieciséis (foja 80), se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada María Cristina Arzate Valdez. Sin embargo, toda vez que no fue posible su emplazamiento, dados los motivos expuestos en las razones actuariales que constan a fojas 180 y 185, respecto de los domicilios proporcionados que obran en auto y por diversas autoridades a requerimiento de este Juzgado. Por lo que en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso, así como a diversas instituciones oficiales y persona moral, para que informaran si en sus archivos tenían registro de algún domicilio a nombre de la tercera interesada citada en el párrafo anterior (fojas 153 y 154); a efecto de lograr su emplazamiento, con los resultados siguientes: Instituciones Foja Domicilio Resultado Policía Federal Ministerial 163 y 164 Proporcionado Los domicilios proporcionados Fueron razonados (fojas 217 y 218) Instituto Mexicano del Seguro Social 165 Ninguno No existe registro Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 181 Ninguno No existe registro Instituto Nacional Electoral. 184 proporcionado Los domicilios proporcionados Fueron razonados (foja 217 y 218) Teléfonos de México (Telmex) 188 Ninguno No existe registro Secretario de Movilidad 189 Proporcionado El domicilio proporcionado fue razonado (foja 196) Servicio de Administración Tributaria 194 Proporcionado El domicilio proporcionado fue razonado (foja 204) Comisión Federal de Electricidad 203 Ninguno No existe registro Por tales motivos, al haber agotado la investigación relativa y no lograr la localización de la tercera interesada María Cristina Arzate Valdez, a fin de emplazarla a juicio; mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (fojas 191 y 192), se ordenó la notificación por edictos de la citada tercera interesada, cuya publicación era a costa de la parte quejosa, requiriéndola a efecto de que en el término de veinte días, se presentara en este órgano jurisdiccional a fin de recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar ante este Juzgado su entrega, esto es que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos; plazo que transcurrió del veinte de mayo al dieciocho de julio, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio, todos de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19, de la Ley de Amparo; con la precisión que el plazo se interrumpió con motivo de la queja interpuesta por el autorizado del quejoso contra el auto de ocho de junio del año en curso, que comprendió del trece de junio del año en curso, en que se presentó el escrito relativo, hasta el siete de julio actual, en que surtió efectos la notificación del auto en que se tuvo por recibido el diverso proveído dictado en la queja 22/2016, por la que se declaró firme la determinación en la que se desechó dicho recurso; sin que el quejoso hubiere dado cumplimiento a lo anterior, no obstante haberse notificado legalmente de dicho proveído. (Foja 194) En este sentido, ante la actitud omisiva de la parte quejosa, se colma la hipótesis de improcedencia que se desprende de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en los numerales 14 párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la omisión de presentarse a recoger los edictos, los cuales son tendentes y parte fundamental para el emplazamiento de la tercera interesada María Cristina Arzate Valdez, impide tener por conformada la relación procesal, y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizar al tercero interesado, sin importar que siga transcurriendo el tiempo en exceso, se atenta contra el principio de prontitud en la impartición de justicia y, por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden constitucional, como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo tanto, su conducta omisiva le tiene que parar perjuicio en este asunto. Por lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, por configurarse la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.64/2002, visible en la página 211, Tomo XVI, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende se actualiza una causal de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en el caso del quejoso." Cuarto. Por cuanto a los alegatos formulados por el quejoso José Luis Acevedo Rodríguez, al no formar parte de la litis no existe obligación de analizarlos, de conformidad con la Jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Quinto. En otro aspecto, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, y para el caso de que el quejoso no realice manifestación respecto de si se opone a la publicación de su nombre y datos personales; la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y demás datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y el artículo 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63 fracción V, 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Luis Acevedo Rodríguez, contra el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitido en la causa 25/2016, y su ejecución, que reclamó del Juez Décimo Séptimo de lo Penal de la Ciudad de México y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando tercero. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en su último considerando. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó María Teresa Campos Mercado, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Encargada del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el oficio CCJ/ST/3320/2016, de doce de julio de dos mil dieciséis, del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistida del Secretario Fernando Walterio Fernández Uribe, que da fe de lo actuado. Doy fe
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal..., por el cual informa que quedó firme el auto de veinticuatro de junio... de lo que se toma conocimiento... Notífíquese...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso... en su atención, se tienen por autorizadas a las personas que refiere para oír y recibir notificaciones... Notifíquese...
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