José Luis Abarca Velázquez

Expediente 689/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
689/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis Abarca Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 4712/2023, signado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, a través del cual transcribe el proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, donde se advierte admite a trámite el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero, con asentamiento en aquella ciudad, mismo que quedó registrado bajo el número 38/2023, del índice de la superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario adscrito al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme el ordinal 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 15153/2023, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con firma vigente, no revocada y válida, por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, a través del cual acusa recibo del diverso 16920/2023 de tres de julio del presente año, con el que este juzgado devolvió los autos originales del juicio de amparo 5/2023, del índice de ese tribunal, un tomo de pruebas, un disco versátil digital DVD y el cuaderno incidental respectivo, en virtud de no aceptar la competencia que se le planteó; asimismo, informa que remitió los autos el citado juicio al Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en aquella localidad, a fin de que determine lo conducente y resuelva a qué órgano jurisdiccional le compete el conocimiento de dicho asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, tres de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 13943/2023 y anexos, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 5/2023 derivado del presente asunto, un tomo de pruebas, un disco versátil digital DVD y el cuaderno incidental respectivo, ello, en virtud de que el oficio 15233/2023 con el que se remitieron dichas constancias al no aceptar la competencia planteada por el órgano oficiante, no cuenta con firma autógrafa o electrónica del secretario; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En virtud de lo anterior, remítanse de nueva cuenta al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el presente juicio de amparo, a fin de proveer lo conducente conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de la Materia; en virtud de que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, éste órgano jurisdiccional rechazó la competencia para conocer de ese asunto, acuerdo que es del tenor literal siguiente: "H. Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 1197********************, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, a través del cual remite los autos del juicio de garantías 5/2023, de su índice, un tomo de pruebas, un disco versátil digital DVD y el cuaderno incidental respectivo, en virtud de que dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en su calidad de defensor particular de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco, en su carácter de Juez de Control. Regístrese el expediente bajo el número 689/2023-IX, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Federal declinante y estima que hasta el momento no es competente para conocer del juicio de garantías de cuenta, pero para ello, será necesario realizar una síntesis de lo acontecido en el juicio de garantías 5/2023, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco. 1. El día tres de enero de dos mil veintitrés, se recibió en la oficialía de partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, la demanda de garantías signada por el licenciado ********************, en su calidad de defensor particular de ********************, en la que señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en su carácter de Juez de Control. AUTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: "El auto de vinculación a proceso, dictado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, en contra del quejoso ********************, por el delito de desaparición forzada de personas." En proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado declinante ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 5/2023, se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción la intervención legal que le compete; se reservó emplazar a los terceros interesados; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido sus trámites, en auto de veinticuatro de enero del año en curso, advirtió que del informe justificado rendido por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, el Juez de Control que emitió el auto de vinculación reclamado, determinó carecer de competencia para conocer de la causa penal ********************, y remitió el Asunto al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; asimismo, se tuvo a la vista el proveído de dos de enero del año actual, en el que el Juzgado referido radicó el asunto como causa penal ********************. Posteriormente, por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio suscrito por el notificador adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, con el que hizo del conocimiento que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, no aceptó la competencia declinada por ese centro de justicia, y planteó conflicto competencial, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con asiendo en aquella localidad, registrándose bajo el número ********************; por lo cual en auto de cuatro de abril del mismo año, solicitó a la autoridad responsable comunicara si ya había resuelto el citado conflicto competencial. En proveído de dieciocho de abril del año que transcurre, el notificador adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, informó que por resolución de nueve de marzo del presente año, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, en la que se declaró inexistente el conflicto competencial ********************. Asimismo, comunicó que dicha autoridad insistió en no ser competente para conocer la causa de origen y procedió a plantear de nueva cuenta conflicto competencial el cual se registró bajo el número ********************, de igual manera, por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad declinante requirió a la responsable informara si ya había resuelto el citado conflicto competencial. Finalmente, el cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido oficio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informaba el contenido del proveído de dos de junio actual, en el que, entre otras cosas se informa que al resolverse el conflicto competencial ********************, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, lo declaró legalmente competente para conocer de la causa penal ********************; y por ende, con base a que la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juez de Distrito cuya jurisdicción resida el Juez que deba conocer del proceso penal en primera instancia; se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Como puedo verse, la incompetencia por territorio planteada, se origina porque el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primero Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, declaró legalmente competente al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, para conocer de la causa penal ********************, quien se encargará de tramitar dicho proceso penal; sin embargo, pasa por alto que la misma no fue señalada como autoridad responsable, y que dicha facultad es exclusiva del quejoso. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han precisado que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo, tuvo conocimiento posterior de la misma, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Esos criterios se encuentran inmersos, por citar a alguno de ellos, en la jurisprudencia número 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 92/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 801, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." De igual forma, en la diversa jurisprudencia 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 86/2003-SS, entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Luego entonces, si el Juzgado declinante consideró que sería competente este órgano de control constitucional, al ser el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, quien ahora se encargará de tramitar dicho proceso penal, previo a ello, atento a los criterios antes invocados, debió prevenir a la parte quejosa para que aclarara si señalaba con el carácter de autoridad responsable al órgano jurisdiccional que actualmente conocerá de la causa penal de origen, para que este Juzgado se estuviera en aptitud de pronunciarse sobre la competencia planteada; en lugar de realizarlo en forma dogmática, ya que esa facultad es exclusiva del impetrante de garantías. De allí que este Juzgador, a la fecha, no pueda aceptar la competencia planteada, pues está sustentada en un acto que hasta el momento se advierte se encuentra desprovisto del conocimiento y de la voluntad del aquí quejoso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor, comuníquese lo anterior al Juzgado declinante para los efectos legales conducentes y previo cuadernillo de antecedentes que se forme, devuélvanse los autos del juicio de amparo 5/2023, en comento, solicitando el acuse de estilo respectivo. Sin que haya necesidad de ordenar de manera personal a la parte quejosa o a las autoridades responsables el sentido del presente acuerdo, en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe." Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 11971/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, a través del cual remite los autos del juicio de garantías 5/2023, de su índice, un tomo de pruebas, un disco versátil digital DVD y el cuaderno incidental respectivo, en virtud de que dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandro Rojas Arellano, en su calidad de defensor particular de José Luis Abarca Velázquez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco, en su carácter de Juez de Control. Regístrese el expediente bajo el número 689/2023-IX, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Federal declinante y estima que hasta el momento no es competente para conocer del juicio de garantías de cuenta, pero para ello, será necesario realizar una síntesis de lo acontecido en el juicio de garantías 5/2023, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco. 1. El día tres de enero de dos mil veintitrés, se recibió en la oficialía de partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, la demanda de garantías signada por el licenciado Alejandro Rojas Arellano, en su calidad de defensor particular de José Luis Abarca Velázquez, en la que señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en su carácter de Juez de Control. AUTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: "El auto de vinculación a proceso, dictado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal 264/2021, en contra del quejoso José Luis Abarca Velázquez, por el delito de desaparición forzada de personas." En proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado declinante ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 5/2023, se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción la intervención legal que le compete; se reservó emplazar a los terceros interesados; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido sus trámites, en auto de veinticuatro de enero del año en curso, advirtió que del informe justificado rendido por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, el Juez de Control que emitió el auto de vinculación reclamado, determinó carecer de competencia para conocer de la causa penal 264/2021, y remitió el Asunto al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; asimismo, se tuvo a la vista el proveído de dos de enero del año actual, en el que el Juzgado referido radicó el asunto como causa penal 1/2022-VII. Posteriormente, por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio suscrito por el notificador adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, con el que hizo del conocimiento que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, no aceptó la competencia declinada por ese centro de justicia, y planteó conflicto competencial, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con asiendo en aquella localidad, registrándose bajo el número 1/2023; por lo cual en auto de cuatro de abril del mismo año, solicitó a la autoridad responsable comunicara si ya había resuelto el citado conflicto competencial. En proveído de dieciocho de abril del año que transcurre, el notificador adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, informó que por resolución de nueve de marzo del presente año, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, en la que se declaró inexistente el conflicto competencial 1/2023. Asimismo, comunicó que dicha autoridad insistió en no ser competente para conocer la causa de origen y procedió a plantear de nueva cuenta conflicto competencial el cual se registró bajo el número 7/2023, de igual manera, por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad declinante requirió a la responsable informara si ya había resuelto el citado conflicto competencial. Finalmente, el cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido oficio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informaba el contenido del proveído de dos de junio actual, en el que, entre otras cosas se informa que al resolverse el conflicto competencial 7/2023, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, lo declaró legalmente competente para conocer de la causa penal 264/2021; y por ende, con base a que la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juez de Distrito cuya jurisdicción resida el Juez que deba conocer del proceso penal en primera instancia; se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Como puedo verse, la incompetencia por territorio planteada, se origina porque el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primero Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, declaró legalmente competente al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, para conocer de la causa penal 264/2021, quien se encargará de tramitar dicho proceso penal; sin embargo, pasa por alto que la misma no fue señalada como autoridad responsable, y que dicha facultad es exclusiva del quejoso. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han precisado que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo, tuvo conocimiento posterior de la misma, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Esos criterios se encuentran inmersos, por citar a alguno de ellos, en la jurisprudencia número 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 92/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 801, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." De igual forma, en la diversa jurisprudencia 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 86/2003-SS, entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Luego entonces, si el Juzgado declinante consideró que sería competente este órgano de control constitucional, al ser el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, quien ahora se encargará de tramitar dicho proceso penal, previo a ello, atento a los criterios antes invocados, debió prevenir a la parte quejosa para que aclarara si señalaba con el carácter de autoridad responsable al órgano jurisdiccional que actualmente conocerá de la causa penal de origen, para que este Juzgado se estuviera en aptitud de pronunciarse sobre la competencia planteada; en lugar de realizarlo en forma dogmática, ya que esa facultad es exclusiva del impetrante de garantías. De allí que este Juzgador, a la fecha, no pueda aceptar la competencia planteada, pues está sustentada en un acto que hasta el momento se advierte se encuentra desprovisto del conocimiento y de la voluntad del aquí quejoso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor, comuníquese lo anterior al Juzgado declinante para los efectos legales conducentes y previo cuadernillo de antecedentes que se forme, devuélvanse los autos del juicio de amparo 5/2023, en comento, solicitando el acuse de estilo respectivo. Sin que haya necesidad de ordenar de manera personal a la parte quejosa o a las autoridades responsables el sentido del presente acuerdo, en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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