José Lubin Conde Guevara

Expediente 1105/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1105/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • José Lubin Conde Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Lubin Conde Guevara, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1105/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE PLANO. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de Ley de Amparo, por las razones siguientes: En principio, resulta conveniente acudir al contenido de los dispositivos en que se funda la causa de improcedencia invocada, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Los preceptos mencionados establecen que el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, como lo establece la redacción de ese numeral, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, no existe ejecución irreparable si la posible violación no afecta a derechos sustantivos del gobernado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado en este juicio de amparo, no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), pues no se advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, como se ve a continuación. En efecto, la parte quejosa acude al juicio constitucional reclamando del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado en el expediente laboral 349/2011-A, con fecha diez de agosto del año en curso. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia invocada; en virtud que la promoción del juicio de amparo sólo procede contra dilaciones presuntamente excesivas de las autoridades laborales respecto del dictado de proveídos, laudos o en la realización de alguna otra diligencia, cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, desde que concluyó el plazo que tenía la autoridad para pronunciarse o diligenciar el acto procesal correspondiente; ello, acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, página 1643, registro 2019400 de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esa línea, de los antecedentes que manifiesta la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que el diez de agosto del año en curso, presentó un escrito ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; por tanto, se tiene que a la fecha de presentación de la demanda (veinte de septiembre actual) la dilación reclamada no se encuentra en el supuesto que establece el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser impugnada en amparo indirecto, pues apenas transcurrieron cuarenta y un días desde la presentación del escrito. Por lo que, el diverso plazo de cuarenta y cinco días naturales señalados como estándar temporal por el Máximo Tribunal del país, para considerar que se trata de una autentica paralización del procedimiento natural, comenzó a operar el once de agosto del año en curso; y por ende, a la fecha de presentación de demanda (veinte de septiembre actual), únicamente han transcurrido cuarenta y un días naturales. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Asimismo, para estar en aptitud de consultar el expediente vía electrónica deberá proporcionar su usuario. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene por autorizados en términos del segundo párrafo, última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Humberto Vera Patlani y Nancy Cortés Pluma, por haber sido designados con tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto adjunta el disco versátil digital que contiene copia auténtica de audio y video de la audiencia de catorce de septiembre del año en curso, dictado dentro de la causa judicial 110/2022. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, y del diverso oficio acordado el doce de septiembre de este año, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, bajo el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a los terceros interesados Cándida Márquez Tecpa y su asesor jurídico; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a la autoridad tercera interesada.

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