José Lozano Osorez

Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
125/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • José Lozano Osorez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien le pudiera causar perjuicio, haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no histórico y no obran documentos originales. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de julio de dos mil veintiuno. Lo VISTOS, para resolver el juicio de amparo **********/2021 promovido por **********, contra actos atribuidos a la autoridad responsable, Juez de Control especializado en ejecución del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, **********, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Control especializado en ejecución del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y por acto reclamado que se precisa: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN: a).- Se reclama de la autoridad responsable, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes, y mediante empresa de paquetería, el mes de septiembre de 2020 en Tijuana, Baja California." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque el acto reclamado se ejecutó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la quejosa reclamó de la autoridad responsable: Juez de Control especializado en ejecución del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes, en el cual solicitó se realizará los trámites inherentes para la obtención de algún beneficio preliberatorio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. A pesar de que la autoridad responsable, Juez de Control especializado en ejecución del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, al rendir el informe justificado haya aceptado la existencia del acto; no obstante, especificó que era cierto únicamente: ".. en cuanto a que en fecha de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito del privado de la libertad **********, en el que solicita algunos de los beneficios preliberacionales." Asimismo, en dicho informe justificado, el juez responsable añadió: ".Haciéndole la aclaración que, en fecha veinticuatro (sic) de febrero del año en curso, se emitió un auto, mediante el cual se tuvo por recibido el escrito presentado por privado de la libertad **********, y a fin de estar en aptitud de dar trámite a la petición del quejoso de mérito y dado que no se cuenta con la documentación necesaria para poder saber cuál es la actual situación jurídica general de dicho sentencio, se giró oficio al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el estado, a efecto de que informara cuál es la situación jurídica del privado de la libertad que nos ocupa, así mismo informe si en efecto se encuentra recluido y remita el respectivo expediente administrativo, del que se desprenda las sentencias que ha compurgado y cuales tiene pendientes por compurgar.." En ese sentido, se determina la inexistencia del acto reclamado (omisión de acordar escrito), de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ahora bien, cabe especificar que la existencia del acto reclamado debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad." Del contenido de los artículos, se advierte que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Entonces, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos, aun de carácter positivo, deberán analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Establecido lo anterior, en el presente asunto el quejoso reclama la abstención del juez responsable de acordar el escrito del quejoso, en el cual solicitó se realizaran los trámites inherentes para la obtención de algún beneficio preliberatorio; sin embargo, el juez responsable atendiendo a dicho ocurso, en el cuaderno de antecedentes número **********/2020, dictó un acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, donde determinó lineamientos para resolver en su momento si procede o no algún beneficio preliberatorio a favor del quejoso. Por ello, si en el juicio de amparo para decretar la existencia del acto reclamado, se da si antes de la presentación de la demanda respectiva subsiste la omisión; hipótesis que no acontece en la especie, toda vez que en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió el escrito de la demanda que dio origen a este juicio de amparo; entonces, es evidente que dicho acto no existía al momento en que se ejerció la acción de constitucionalidad, conforme a los razonamientos expresados. Se afirma lo anterior, porque a la fecha que promovió el quejoso la acción constitucional, la autoridad responsable ya había resuelto su petición planteada; en esas condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 64, 65, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control especializado en ejecución del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firmó **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el secretario **********, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante auto de dos de junio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se tiene por inexistente en el presente sumario constitucional a la autoridad que dicha parte procesal denominó como "Coordinador del Tribunal de Ejecución de Penas, con sede en Tijuana, Baja California", en virtud de que dicha autoridad no existe; por lo que, se declara inexistente dicha potestad y se ordena suspender toda notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, ya que una vez que se le notifique a la parte quejosa el presente proveído, le comenzara a transcurrir el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que, si así lo desea, lo recurra, dada la inexistencia apuntada en párrafos que anteceden. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintiuno. Vistos el sobre devuelto por correo ordinario, que contiene el oficio 7035/2021, dirigido a la autoridad responsable Coordinador del Tribunal de Ejecución de Penas, con sede en Tijuana, Baja California, del cual se desprende como causa de su devolución inexistencia de autoridad. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, se le ordena dar vista de manera personal, para que dentro del término de tres días, computados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, precise la denominación correcta de la autoridad referida en el párrafo que antecede; con el apercibimiento de que si no precisa, corrige o aclara el nombre de la autoridad que no fue posible emplazar, se emitirá la declaratoria de inexistencia correspondiente. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de dos mil diecinueve, Tomo I, página 440, registro 2021029, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió. Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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