José Lorenzo Luevanos Pantoja
Expediente 816/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Lorenzo Luevanos Pantoja
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran interponer recurso de revisión contra el auto de cinco de los actuales, en la que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causal de improcedencia; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción II del Artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se decretó el sobreseimiento; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula respectiva del expediente mencionado; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad de Chihuahua, mediante el cual da contestación al oficio 27460 librado por este órgano federal en el juicio de amparo en que se actúa, e informa la imposibilidad para designar el Asesor Jurídico que se le solicitó en la misiva de referencia, aduciendo que los actos que se reclaman, corresponden a autoridades y a un proceso penal del fuero común, por tanto asevera que la competencia corresponde a la defensoría del orden estatal. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en lo que establece el artículo 13 ter, fracciones XV, XIX, XX y XXI de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, no se encuentra facultada para designar la asesoría jurídica que se le requiere, pues de hacerlo incurriría en responsabilidad. Ahora bien, en contestación a lo expuesto en relación a las facultades con que cuenta la citada Titular en el oficio de cuenta, y no obstante lo manifestado, dígasele que si bien es cierto, el precepto que cita se establecen las facultades con que cuenta, del mismo se advierte que dentro de sus obligaciones se encuentra la de planear, organizar, dirigir y supervisar el trabajo de la Institución que precede, entre otros; por lo que, contrario a lo expuesto, con independencia de la naturaleza del proceso que se sigue o se siguió en contra del ahora quejoso, así como de las autoridades responsables señaladas en la demanda de garantías, origen del presente juicio, el requerimiento que se le realiza, es para garantizar las formalidades esenciales del procedimiento de amparo, pues dada la condición de interno del amparista, sólo así, tendrá la oportunidad de ejercer una adecuada defensa en el juicio en que se actúa, mas no para que lo represente en el proceso penal; por lo que si designó a un abogado que lo represente en este juicio, es por ello que con fundamento en los artículos 1, 2, 4 y 6 fracciones I a IV, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se requiere nuevamente la designación de un asesor jurídico, para que actúe dentro del juicio de amparo que se lleva en este órgano federal en beneficio del quejoso con el objeto de potencializar y garantizar su derecho humano a una adecuada defensa y no, como se cita en el oficio que nos ocupa. De igual forma, en atención a su manifestación referente a la tesis citada en el acuerdo de requerimiento, se itera que no debe soslayarse que el ahora quejoso, forma parte de un grupo vulnerable al encontrarse privado de su libertad en un centro de reclusión, lo que significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional; máxime, que adverso a lo que señala en su oficio de cuenta, en la tesis se mencionan a los funcionarios a que hace alusión la Ley Federal de Defensoría Pública, esto es a los Asesores Jurídicos y Defensores Públicos. Motivo por el cual, se reitera el requerimiento realizado tanto a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la capital estatal, mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, para que de INMEDIATO designen un Asesor Jurídico Federal que represente al quejoso en el trámite del juicio de amparo en que se actúa; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores. Notifíquese; mediante oficio a la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública
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