José López Pintor
Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- José López Pintor
- Deneb Vázquez Padilla
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Deneb Vázquez Padilla, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el diez de enero del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 12/2022-VIII. Conste. Secretaria Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Deneb Vázquez Padilla, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y las autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 12/2022-VIII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma. En efecto, el segundo de los preceptos de referencia faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridades responsables, las siguientes: Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y, Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad. Asimismo, como actos reclamados: "De la Autoridad señalada con el carácter de Ordenadora se reclama la Resolución Número 90, de fecha 30 de Noviembre de 2021, en la que me fue Notificada en forma Legal el día 02 de Diciembre de 2021, dictada dentro del Toca Número 89/2021, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por la parte incidentista DENEB VAZQUEZ PADILLA, contra la interlocutoria del día 06 de Mayo de 2021, dictada dentro del Expediente Número 1243/2014, relativo al Juicio Hipotecario tramitado ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, en donde determina en sus Puntos Resolutivos: "PRIMERO.- Los Agravios expuestos por la Incidentista Deneb Vázquez Padilla, contra la Interlocutoria de Seis de Mayo de Dos Mil Veintiuno, que declaró improcedente el Incidente de Falta de Personalidad, respecto de la Actora Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, dictada dentro del Expediente 1243/2014, relativo al Juicio tramitado ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros; resultaron inoperantes.- SEGUNDO.- Se confirma la Interlocutoria Apelada. Notifíquese Personalmente.". Igualmente, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: "1.- La Suscrita Quejosa soy una persona Honorable, que me dedico al Ejercicio de la Profe4sión de Maestra, y nunca he tenido problemas de carácter legal, siendo mi domicilio particular el ubicado en la Calle Encino Número 111, del Fraccionamiento Arboledas, C. P. 87448, en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.. 2.- En el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, quedó radicado el Juicio Hipotecario, promovido por Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de la Suscrita Quejosa, bajo el Expediente Número 1243/2014. 3.- Ahora bien, el hoy Tercero Interesado BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, MÉXICO, por conducto de su Apoderado Jurídico para Pleitos y Cobranzas, LICENCIADO AMADO LINCE CAMPOS, al promover el Juicio Hipotecario, radicado ante la Autoridad Responsable Ejecutora, bajo el Expediente Número 1243/2014, señaló como domicilio para Emplazarme el ubicado en la Calle Encino Número 111, entre las Calles Sándalo y Secoya, del Fraccionamiento Las Arboleda de la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, sin embargo, se llevó a cabo el citado Emplazamiento a Juicio en el domicilio ubicado en la Calle Andador Conasupo Número 122, entre Comunicaciones y Transportes, de la Colonia Unidad Fovissste, de la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, con una persona diversa a la Suscrita Quejosa, ya que en el lugar donde me Emplazaron no es mi domicilio, puesto que la Suscrita vivo, como mencioné en líneas anteriores en la casa ubicada en la Calle Encino Número 111, entre las Calles Sándalo y Secoya, del Fraccionamiento Las Arboledas de la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. 4.- En virtud de que la Suscrita Quejosa fui objeto de un ilegal Emplazamiento promoví Juicio de Amparo Indirecto ante este Juzgado de Distrito en Materias e Amparo y Juicios Federales del Estado de Tamaulipas, el cual se Radicó bajo el Amparo Número 637/2019-III, en donde en fecha 13 de Septiembre de 2019, se pronunció la Sentencia en donde se determinó que la Justicia de la Unión me Amparaba y me Protegía en contra de los Actos que reclamé, la cual causó Ejecutoria en fecha 03 de Octubre de 2019. 5.- En fecha 10 de Diciembre de 2020, la Autoridad Responsable Ejecutora por conducto del Actuario Adscrito al Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, me Emplazó al Juicio promovido por BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, produciendo mi Contestación a dicha Demanda por Escrito de fecha 07 de Enero de 2021, en donde opuse, entre otras Excepciones la de Falta de Personalidad que es una Excepción Dilatoria y de previo y especial pronunciamiento, se ordenó la Suspensión del Procedimiento y se le dio Vista a la contraparte, quien Desahogó en términos de Ley su Vista, y en fecha 06 de Mayo de 2021, se dictó la Interlocutoria respectiva por la cual se decretó que resultó Infundada dicha Excepción, y que en consecuencia se Levantaba la Suspensión del Procedimiento; por lo que inconforme con dicha Resolución de Apelación, el cual me fue admitido a trámite, quedando Radicado el mismo en la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, bajo el Toca Número 89/2021, en donde en fecha 30 de Noviembre de 2021, se pronunció la Resolución en donde se confirmó la Resolución Interlocutoria Apelada, la que se me Notificó en fecha 20 de Diciembre de 2021, por lo que no estando de acuerdo con dicha Resolución, acudo ante su Señoría porque considero de que la Autoridad Responsable Ordenadora pretende Violar en forma flagrante mis Garantías Individuales de Seguridad y Legalidad Jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, motivo por el que solicito el AMPARO Y PROTE3CCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, ya que dicha Resolución no se encuentra debidamente Fundada y Motivada en términos de Ley". Por su parte, en lo que interesa, en los conceptos de violación asentó: "ÚNICO.- Me permito señalar de que se Viola en mi perjuicio la Garantía consagrada en el Artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de Mandamiento escrito de Autoridad Competente, que Funde y Motive la Causa Legal del Procedimiento.". De los antecedentes del acto reclamado que narra la promovente bajo protesta de decir verdad, en relación al acto reclamado, así como de los conceptos de violación planteados, se desprende lo siguiente: El acto reclamado deriva del juicio hipotecario tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad, bajo el número de expediente 1243/2014, en contra de la aquí promovente Deneb Vázquez Padilla. Admitida a trámite la demanda y emplazada la hoy promovente, dio contestación a la misma, oponiendo entre otras excepciones la de falta de personalidad, la que, en esencia, sustentó en virtud de considerar que la parte actora en el juicio carecía de personalidad. 3. Así las cosas, el juez señalado como responsable resolvió la excepción en comento declarándola infundada. 4. Inconforme con la anterior resolución, la parte promovente interpuso recurso de apelación, el cual por razón de turno tocó conocer a la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, registrándose bajo el toca 89/2021. 5. Finalmente, mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala Unitaria en comento determinó confirmar la resolución recurrida. Dicha resolución constituye el acto aquí reclamado. En esas condiciones, en el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 6º, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Hipótesis dentro de la cual encuadra en el acto reclamado, ya que este órgano jurisdiccional determina que el acto combatido en esta instancia deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que no se advierte que exista alguna afectación irreparable a la promovente y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. Ello es así, ya que por perjuicio debe entenderse el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, en forma tal que el perjuicio irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; por tanto, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso a estudio no se actualiza puesto que no se desprende que de la resolución reclamada se derive algún perjuicio a la hoy promovente del amparo y, por tanto, al no causarle perjuicio debe determinarse que no existe interés jurídico para promover la presente demanda de garantías. Atento a lo anterior, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación emitida por el Magistrado de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya que dicha resolución que confirmó la diversa sentencia interlocutoria emitida por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad, que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad, no es un acto de imposible reparación, toda vez que no produce una afectación material a sus derechos sustantivos, pues únicamente produce una lesión adjetiva que no necesariamente pudiera llegar a trascender a la sentencia que en definitiva se dicte en el juicio de origen, lo que no le afecta en su persona o en sus bienes y, precisamente, el juicio de amparo tiene por objeto proteger a la promovente frente a un menoscabo que en su persona o bienes pueda resultarle del acto inconstitucional, lo cual en el acto reclamado a estudio no se observa que vulnere los derechos de la aquí quejosa. En efecto, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Tales consideraciones encuentran sustento en la contradicción de tesis 377/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Tesis P./J. 37/2014 (10a.), página 39 la cual establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, página 1539 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Igualmente la tesis II.1o.C.1 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1890, misma que establece: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." Por lo anterior, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas del acto reclamado son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se trata de una determinación que confirma una resolución en la cual declaró infundada la excepción de falta de personalidad para promover el juicio de origen, la cual no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la misma. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de garantías promovida por Deneb Vázquez Padilla. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio de la parte promovente el que se indica en el escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Miguel Ángel Villavicencio Gutiérrez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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