José López Hernández
Expediente 758/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José López Hernández
- José López Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA II B "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción y depuración correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese al original del incidente de suspensión, para los efectos conducentes..."
- Principal
MESA II-B "... Agréguese el oficio y anexo que se firma en representación del Director General de la Policía Vial Estatal, mediante el cual en atención al requerimiento de siete de diciembre pasado, remite las constancias ahí solicitadas. Por otra parte, añádase el escrito y anexo del quejoso JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ, por el cual informa a éste Órgano Jurisdiccional, que han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, toda vez que el seis de diciembre del año en curso, le fue notificado el oficio SSP/DGPVE/DJ/2967/2017, en el cual se hizo de su conocimiento que cesaron los efectos de la medida cautelar decretada el once de julio de dos mil diecisiete en el cuaderno de antecedentes DGAI/CA/154/2017. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten las documentales que ofrecen la autoridad oficiante y el quejoso, probanzas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante y el quejoso, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En ese contexto, el precepto y jurisprudencia transcritos, clarifican que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, de las constancias de autos, ya valoradas, se desprende que el quejoso reclama la medida cautelar contenida en el oficio SSP/DGPVE/DJ/1665/2017, de once de julio de dos mil diecisiete, en donde se le notifica la suspensión de las actividades administrativas que venía desempeñando como policía vial estatal. Sin embargo, de las mismas constancias de autos, específicamente de las documentales remitidas por la autoridad oficiante y por el impetrante de garantías, se advierte que por oficio SSP/DGAI/4317/2017, de cuatro de diciembre del año en curso, signado por el Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, se ordenó levantar la medida cautelar de once de julio de dos mil diecisiete, decretada en el cuaderno de antecedentes DGAI/CA/154/2017. Lo anterior, revela que ha cesado en sus efectos el acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable el cuatro de diciembre del año en curso, levantó la medida cautelar de once de julio de dos mil diecisiete, decretada en el cuaderno de antecedentes DGAI/CA/154/2017, en donde se le suspendió de las actividades administrativas que venía desempeñando como policía vial estatal. Incluso, obra en autos el oficio número SSP/DGPVE/UA/DRM/182/2017, de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Policía Vial Estatal informa al Jefe del Departamento Jurídico de la aludida corporación policiaca, que el quejoso JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ, permanecerá realizando funciones propias del Departamento Administrativo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación)..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO. CONSTE.)
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MESA II B "... Visto el estado de autos se advierte que transcurre el plazo de tres días que se otorgó en proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 94), al quejoso José López Hernández, para que manifieste si han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías; toda vez que fue notificado de dicho auto el catorce de este propio mes de diciembre (fojas 98-100). Por otra parte, se aprecia que en el mismo auto de siete de diciembre de esta anualidad, se requirió a la autoridad Director General de la Policía Vial Estatal, para que en el plazo de tres días informe y remita constancias respecto del acuerdo o contestación que recayó al oficio SSP/DGAI/4317/2017, que le libró la autoridad responsable Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Plazo que transcurre actualmente, toda vez, que la autoridad citada fue notificada de tal requerimiento el trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 101). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y, se fijan las DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración..."
- Principal
MESA II B "... Agréguese el oficio y anexo del Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, por medio del cual hace del conocimiento a éste Órgano Jurisdiccional, que en acuerdo de cuatro de diciembre pasado, ordenó levantar los efectos de la medida cautelar decretada el once de julio del año en curso, en los autos del cuaderno de antecedentes DGAI/CA/154/2017, por el cual se había ordenado la suspensión de las actividades administrativas del policía vial José López Hernández, y al efecto giró el oficio SSP/DGAI/4317/2017, al Director General de la Policía Vial Estatal. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece la autoridad oficiante, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad responsable, requiérase al Director General de la Policía Vial Estatal, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe el acuerdo o contestación que recayó al oficio SSP/DGAI/4317/2017; debiendo remitir las constancias relativas. Apercibido que de no cumplir, en términos del artículo 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa comprendida de cien unidades de medida y de actualización, que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Asimismo, requiérase al quejoso José López Hernández, para que dentro del plazo de tres días computado a partir de su legal notificación, manifieste si han cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías. Apercibido que de no cumplir, en términos del artículo 237 fracción I, y 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de treinta a trescientas unidades de medida y de actualización, que asciende a un monto de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos, setenta centavos, moneda nacional) a $22,647.00 (veintidós mil seiscientos cuarenta y siete pesos, cero centavos, moneda nacional), atendiendo a que dicha medida asciende a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos moneda nacional), o su equivalente en términos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación..."NOT. PREVIO AVISO
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