Jose Lopez Apolinares

Expediente 7/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
7/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Sandoval Rizo
  • Jose Lopez Apolinares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    18/03/2022...Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo respecto de las diversas partes, en atención a que el sentido de la citada resolución no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Existencia de documentos. La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a) y 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las 9:15 a las 15:15 horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Por otro lado, se ordena devolver al Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, consisten en copias certificadas del Juicio Sucesorio Intestamentario C-********************, constantes en dos tomos. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  2. Principal

    ...Vista la razón actuarial elaborada por la fedataria de esta adscripción, se advierte la imposibilidad que le asistió para notificar de manera personal a la parte quejosa el auto de veintisiete de diciembre y la sentencia de veintiuno de septiembre, ambos del año en curso, en virtud que en el domicilio proporcionado en la demanda de amparo no habita el quejoso o su autorizado, sin advertirse diverso domicilio donde se puede llevar a cabo dicha diligencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar a la parte promovente, la notificación del auto de referencia; así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. En cumplimiento a lo anterior, se notifica a la parte quejosa *** el auto de veintisiete de diciembre y sentencia de veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, que en síntesis dicen: Auto 27/12/2021 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintiuno de septiembre del año en curso, se terminó de engrosar la sentencia dictada en el presente expediente, la cual se ordenó notificar de manera personal a la parte quejosa y tercera interesada, sin que a la fecha obren dichas notificaciones. En tales condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que realicen la notificación de la sentencia pronunciada en el presente juicio, a las partes indicadas en el párrafo precedente, así como el presente auto. Sentencia de 21/09/2021 TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Partido en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 38). Además, la existencia del acto se corrobora con las documentales que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe de ley, consistente en copias certificadas del Juicio Sucesorio Intestamentario ***; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis que se realizará del presente juicio, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: I. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, *** y/o ***, promovió juicio sucesorio testamentario a bienes de ***; el Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, a quien correspondió conocer de la denuncia, la radicó con el número de expediente ***, se ordenó citar a los herederos por correo certificado (fojas 12 y 13), previos los trámites de ley, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la lectura de testamento en el que se tuvo a *** y/o ***, *** y/o *** y *** y/o *** como herederas y tuvo por nombrada a la primera de las mencionadas como Albacea de la Sucesión (foja 75), determinación que causó estado mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 79); II. En acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado de las herederas nombradas en segundo término, promoviendo incidente de remoción de albacea el cual se declaró procedente mediante resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, en la que se declaró la remoción de *** y/o *** del cargo y en la Junta de Herederos y Designación de Albacea de ocho de junio de dos mil dieciocho, se nombró con ese carácter a *** y/o ***, por conducto de **** (foja 159 del tomo I de pruebas), III. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho el apoderado de la albacea solicitó la apertura de la segunda sección, y en escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve presentó inventario y avalúo (fojas 8 a 10 del tomo II de pruebas); IV. En escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve, *** y/o *** promovió incidente de oposición de avalúo, el que luego previo desahogo de sus fases y resolución, en acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve la responsable aprobó el inventario y avalúo presentados (foja 312 tomo II de pruebas). Actuaciones que constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo, se procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, este juzgador advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 y 6 de la citada legislación. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; en ese sentido, si el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del reclamante del amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga perjuicio en el derecho que reclama, cuando sea titular de éste. Así, al analizar la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al sucesorio intestamentario ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato. A ese respecto, la doctrina y jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del juicio amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107, de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con la interpretación sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." En el caso concreto, la parte quejosa se ostenta como extraña al procedimiento de origen, el cual dice le causa perjuicio en sus derechos de posesión y del cual se le pretende privar. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que no le asiste el carácter de parte dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, del que se advierte que no es parte formal; asimismo, tampoco se advierte que se haya enderezado algún reclamo en su contra. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que acredite la titularidad del derecho a la posesión del inmueble materia de la litis con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias; esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Esto es, dicho en otros términos, la posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro es "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS."5 Lo anterior es así, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño, o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. En este orden de ideas, resulta inconcuso que la parte quejosa necesariamente debe expresar en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía estipulada en el artículo 14 constitucional. Ahora, el quejoso acude a esta instancia constitucional doliéndose del auto dictado por la autoridad responsable dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, mediante el cual aprobó el inventario y avalúo presentado por el albacea de la Sucesión a bienes de ***, en el cual, se incluyó el inmueble ubicado en calle ***, en este municipio de Irapuato, Guanajuato, que aduce es de su propiedad. Luego, para acreditar su derecho, ofreció copia certificada de la escritura pública número *** que contiene la protocolización de diligencias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el aquí quejoso, que dieron origen al expediente *** relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, pasada ante la fe del Notario Público ***, con ejercicio en esta ciudad, de tres de enero de dos mil dieciocho, obtenida del apéndice relativo al folio real ***, del índice del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Irapuato, de las que se obtiene lo siguiente: "ANTECEDENTES PRIMERO.- El suscrito Notario doy fe de tener a la vista el expediente número *** cuatrocientos veinticinco diagonal dos mil diecisiete, relativo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria de Información testimonial Ad-perpetuam, promovidas por el señor ***, el cual me fue remitido mediante oficio de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por la licenciada ***, Juez Segundo del Ramo Civil, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el cual obran las siguientes colindancias: SEGUNDO. Acuerdo de fecha de cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual se da entrada al escrito inicial sobre jurisdicción voluntaria, información testimonial ad-perpetuam, presentado por el señor ***, que ha estado en posesión continua desde hace más de doce años, por cesión de derechos que le hizo el señor ***, sobre el inmueble urbano ubicado en calle ***, de este municipio de Irapuato, Guanajuato, con superficie de *** centímetros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: AL NORTE. En dos tramos en línea quebrada de Suroeste a Noreste el primero en *** metros *** centímetros, el segundo en *** metros *** centímetros estos tramos linda con calle ***. AL SUR, En dos tramos el primero Suroeste a Noroeste en *** metros *** centímetros, el segundo de Noroeste a Suroeste en *** metros *** centímetros, ambos tramos linda ***. AL ORIENTE, En tres tramos de línea quebrada todos de Noroeste a Suroeste, el primero de ***metros *** centímetros, el segundo de *** metros *** centímetros y el tercero de *** centímetros todos lindan con calle ***. AL PONIENTE, *** metros *** centímetros con ***, ahora ***. TERCERO. Acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, por el cual se da entrada al escrito inicial sobre Diligencias de Información Testimonial Ad Perpetuam, se ordena la publicación de edictos y se le da al C. Agente del ministerio Público la intervención correspondiente." (foja 11). Documento que quedó suscrito bajo las siguientes: "CLAÚSULAS: PRIMERA: El suscrito Notario dejó protocolizadas las Diligencias de Información referidas con las constancias que se relacionan. "SEGUNDA.- En consecuencia de lo anterior, el señor ***, por decisión judicial, se ha convertido en propietario de la casa ubicada en ****, de este municipio, cuyas características se relacionan en el antecedente segundo anterior. TERCERA: Los gastos y honorarios." Cabe precisar que el documento notarial con el que la parte quejosa sostiene su derecho, fue protocolizado en la escritura pública *** de tres de enero de dos mil dieciocho, presentado para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad el trece de julio de ese año, de conformidad con la boleta de resolución de diecinueve siguiente relativa a la solicitud *** en autos por la parte quejosa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2005 señaló que las diligencias de información testimonial ad perpetuam son procedimientos, por su naturaleza, de jurisdicción voluntaria, puesto que no resuelve controversia entre partes sino que el órgano jurisdiccional interviene a solicitud de un interesado. Adujo que se puede considerar que las informaciones ad perpetuam consisten en justificar con testigos ciertos hechos que al promovente le interesa que queden consignados de modo solemne, a fin de que consten en lo sucesivo; es decir, sirve para hacer constar hechos que pudieren afectar en lo sucesivo el interés o el derecho de quienes las promueven. Estas informaciones tienen por objeto exteriorizar en forma solemne y documental el derecho que asiste a la persona que las promueve, o bien, preconstituir una prueba, fuera de juicio, de determinados hechos. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, las informaciones ad perpetuam se encuentran reguladas por los artículos 731 al 735. De ellos es conveniente destacar lo dispuesto por el artículo 731, el cual establece lo siguiente: "Artículo 731.- Las informaciones ad perpetuam podrán recibirse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate: [.] II.- De justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble. Al darse entrada a la promoción el Juez ordenará: que se dé publicidad a la solicitud del promovente por medio de dos avisos que se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de ocho en ocho días, y en los lugares públicos; y que se pida a cargo del promovente, un certificado del Registro Público, del último registro del inmueble de que se trate. La información se recibirá con citación del Ministerio Público y de los colindantes; los testigos deben ser por lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a que la información se refiera. Estimada la prueba, en su caso, el Juez hará la declaratoria que se menciona en el artículo 1252 del Código Civil y ordenará la protocolización. [.]" Luego, el artículo 1,252 del Código Civil establece lo siguiente: "Artículo 1,252. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. Comprobada debidamente la posesión, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrito en el Registro Público previa su protocolización. Cuando no se esté en el caso de deducir la acción que se menciona en el párrafo primero, por no estar inscrita en el Registro de la propiedad de los bienes en favor de persona alguna, se podrá demostrar ante el Juez competente, que se ha tenido la posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles." El artículo transcrito pertenece al capítulo de prescripción positiva del Código Civil para el Estado de Guanajuato, esto es, una forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo; asimismo, dicho artículo establece dos hipótesis, vía contenciosa cuando exista un propietario inscrito como dueño, contra quien, señala el artículo, se endereza juicio. La diversa se refiere a la inexistencia de un propietario, y para ello remite al Código de procedimientos Civiles respecto al trámite para demostrar que se ha tenido la posesión. De esta forma, la Primera Sala señaló que, la declaración establecida en el artículo 371, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato a que se ha hecho alusión con anterioridad, no es la que se establece en el párrafo segundo del artículo 1,252 del Código Civil de Guanajuato, en el sentido de que se declarará que el promovente de las diligencias ya adquirió la propiedad y la resolución funcionará como título de propiedad, sino que se refiere a la declaración del tercer párrafo del mismo artículo, relativa a que se demostró que el promovente tiene la posesión en los mismos términos en que, de conformidad a la ley, puede ejercitarse la acción de prescripción adquisitiva; es decir, lo que se declara en la resolución de las informaciones ad perpetuam no es que se adquirió la propiedad, sino que se ha demostrado la posesión en los términos legales (pública, pacífica, continua, etc.). Por ello, la declaración que se hace en las diligencias de información ad perpetuam, como todas las que se hacen en jurisdicción voluntaria, solamente tiene efectos declarativos, pues simplemente declaran el estado que guarda en ese momento el hecho o acto de que se trata, pero no constituye ningún derecho, sino que sólo se reconoce la posesión que, de hecho, ya tenía el solicitante, y el alcance probatorio de esas diligencias sólo se limita a acreditar lo señalado por los testigos que desahogaron las diligencias. Lo anterior es así pues, la sentencia en la cual se determina que una persona es propietaria de un bien inmueble es siempre de naturaleza constitutiva, pues establece un cambio en la situación sustancial preexistente al procedimiento (alguien que no era propietario, ya lo es), y para que esta resolución pueda constituir obligaciones y derechos, debe derivarse de un procedimiento contencioso, ya que los derechos que se constituyen podrían traducirse en actos privativos en contra de otros sujetos, por lo que sería necesario oír a éstos para cumplir con la garantía de audiencia y, en su caso, privarlos válidamente de sus derechos. Si se determina que una persona se ha convertido en propietaria de un bien, ello implica que la misma tiene el derecho a gozar y disponer de él, derecho que por definición y esencia es oponible erga omnes, es decir, contra todos los terceros, en efecto, el derecho de propiedad es, por definición, la facultad jurídica de usar, disfrutar y disponer de un bien, misma que es oponible a todos y surte efectos erga omnes, es decir, frente a un sujeto pasivo universal constituido por todos los demás. En este sentido, no se puede considerar que exista un título de propiedad que sólo sea oponible frente a determinadas personas, pues, como se ha expuesto, la propiedad surte sus efectos respecto de todos los que no son propietarios. Por tanto, si el artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles establece que la resolución de las diligencias de información ad perpetuam no surte efectos contra personas ajenas al procedimiento, es claro que no puede ser un título de propiedad, porque éste, como ya se dijo, por definición surte efectos contra un sujeto pasivo universal compuesto por todos los terceros. De esta forma se concluye que la declaración que se hace en las informaciones ad perpetuam no hace más que establecer que se ha tenido la posesión de un inmueble bajo determinadas circunstancias, pero de ninguna manera puede acreditar la propiedad del mismo, ya que esto sólo es posible mediante el juicio contencioso en el que se acredite que se han reunido las condiciones requeridas en la ley para ello. Es decir, el resultado de las informaciones ad perpetuam es apto para acreditar la posesión del inmueble y puede servir de base para que en un juicio contencioso posterior, como pudiera ser el de prescripción o alguno similar, se pudiera determinar respecto de los derechos de propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para ello. Razones anteriores que dieron origen a la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 177599 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 91/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, página 86 Tipo: Jurisprudencia INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria. Contradicción de tesis 33/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto, todos del Décimo Sexto Circuito. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 91/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En ese tenor, el documento exhibido por la parte quejosa consistente en la escritura pública número *** (****) que contiene la protocolización de diligencias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el aquí quejoso, que dieron origen al expediente *** relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, pasada ante la fe del Notario Público ***, con ejercicio en esta ciudad, de tres de enero de dos mil dieciocho, resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico que alega. Se estima de esa manera, pues como se vio con anterioridad, las actuaciones que en ella se contienen corresponde a diligencias declarativas que únicamente tienen la consecuencia de acreditar que el quejoso ha tenido la posesión del inmueble que defiende, del cual, su alcance no surte efectos contra terceros, ni tampoco reconoce derecho a título de propiedad, suficiente para que, el inmueble que dice alega es de su propiedad, sea desincorporado del inventario presentado por el mandatario de la albacea de la sucesión, en el juicio de origen. Es así pues como se vio con anterioridad, el alcance probatorio que puede tener la escritura pública en cita, en todo caso, es como prueba para adquirir la propiedad a través de diverso juicio, sin embargo, la propia naturaleza de las diligencias de información testimonial ad-perpetuam, se insiste, únicamente tienen el efecto de declarar que el quejoso tiene la posesión del inmueble que ubicado en calle ***, de este municipio de Irapuato, Guanajuato, con superficie de *** metros *** centímetros cuadrados, pero no deriva de ellas un derecho a título de propiedad que le otorgue legitimación para ser llamado al juicio natural a dilucidar algún derecho de propiedad sobre ese bien. Ahora, si bien, de la cláusula segunda de la escritura pública número **** que contiene la protocolización de diligencias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el aquí quejoso, que dieron origen al expediente *** relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, pasada ante la fe del Notario Público ***, con ejercicio en esta ciudad, se advierte que el fedatario asentó lo siguiente: "SEGUNDA.- En consecuencia de lo anterior, el señor ***, por decisión judicial, se ha convertido en propietario de la casa ubicada en ***, de este municipio, cuyas características se relacionan en el antecedente segundo anterior. Lo cierto es que del punto resolutivo ***, de la resolución dictada en el expediente ***, que dio origen a la escritura pública exhibida por la parte quejosa para acreditar su pretensión, se obtiene lo siguiente: "CUARTO. La presente resolución no surte efectos contra persona ajena a este procedimiento, ni la información testimonial aquí rendida podrá ser estimada como tal en juicio contradictorio." En ese sentido, lo asentado en la cláusula segunda de la escritura pública en cita, no tiene el alcance de reconocer un derecho de propiedad al quejoso, que, como se ve, no fue dilucidado en juicio; máxime que la actuación del fedatario público se limitó a protocolizar las diligencias de información testimonial ad perpetuam, derivadas del expediente ***, razón por la que, de modo alguno, sirve al quejoso para acreditar la propiedad que indica. No pasa desapercibido para este juzgador que la parte quejosa también haya ofrecido como medio probatorio la pericial en topografía, la cual derivó en el dictamen pericial rendido por ***, perito oficial designada a este Juzgado (fojas 278 a 295 de autos), el cual fue debidamente ratificado mediante diligencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno (foja 315), y de cuyo contenido se obtiene que el inmueble que defiende la parte quejosa, se encuentra incluido en el bien inmueble descrito en el inventario presentado por la parte tercera interesada en el juicio natural. Sin embargo, a nada práctico conduciría analizar la identidad del inmueble en cuestión, si como se mencionó, la escritura pública exhibida por el quejoso, relativa a las diligencias de información testimonial ad-perpetuam, resulta insuficiente para reconocer un derecho de propiedad sobre inmueble que defiende, pues como se adelantó, únicamente versa sobre la declaración de posesión que tiene sobre el citado inmueble, dado que solamente tiene efectos declarativos no constitutivos, por lo que no se reconoce un derecho de propiedad, el cual es necesario para, en su caso, ser llamado al juicio y dilucidar en éste los derechos que como propietario del bien pudiere tener, lo que en el caso no acontece. Tampoco pasa desapercibido el contenido de la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Sin embargo, el quejoso acude a esta instancia federal ostentándose como propietario del inmueble que defiende no así como su poseedor, pues el acto que en esta vía reclama lo constituye el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil ***, en el que la autoridad responsable aceptó el inventario y avalúo propuesto por el albacea de la sucesión, en el cual se incluyó el inmueble ubicado en calle ****, Guanajuato, que aduce el quejoso es de su propiedad, no así la desposesión de éste; derecho que, como se ha visto no se acreditó en esta instancia constitucional. En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario de amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, razón por la cual procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Alegatos. Finalmente, no se desatiende que dentro del presente juicio de amparo se formularon alegatos por parte de la tercera interesada y la fiscal adscrita; sin embargo, este juzgador se abstiene de analizarlos, virtud a que no se encuentra obligada a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, cuestión que no aconteció. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio...

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintiuno de septiembre del año en curso, se terminó de engrosar la sentencia dictada en el presente expediente, la cual se ordenó notificar de manera personal a la parte quejosa y tercera interesada, sin que a la fecha obren dichas notificaciones. En tales condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que realicen la notificación de la sentencia pronunciada en el presente juicio, a las partes indicadas en el párrafo precedente, así como el presente auto. Notifíquese personalmente el presente proveído y la sentencia de veintiuno de septiembre del año en curso, a la parte quejosa y tercera interesada Sucesión a bienes de ***************, por conducto de ***********.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO ***, EL AUTO DICTADO EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintiuno de septiembre del año en curso, se terminó de engrosar la sentencia dictada en el presente expediente, la cual se ordenó notificar de manera personal a la parte quejosa y tercera interesada, sin que a la fecha obren dichas notificaciones. En tales condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que realicen la notificación de la sentencia pronunciada en el presente juicio, a las partes indicadas en el párrafo precedente, así como el presente auto. Notifíquese personalmente el presente proveído y la sentencia de veintiuno de septiembre del año en curso, a la parte quejosa y tercera interesada ***, por conducto de ****. ASIMISMO, SE LE NOTIFICA LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE EN SINTESIS DICE: TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Partido en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 38). Además, la existencia del acto se corrobora con las documentales que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe de ley, consistente en copias certificadas del Juicio Sucesorio Intestamentario ***; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis que se realizará del presente juicio, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: I. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, *** y/o ***, promovió juicio sucesorio testamentario a bienes de ***; el Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, a quien correspondió conocer de la denuncia, la radicó con el número de expediente ***, se ordenó citar a los herederos por correo certificado (fojas 12 y 13), previos los trámites de ley, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la lectura de testamento en el que se tuvo a *** y/o ***, *** y/o *** y *** y/o *** como herederas y tuvo por nombrada a la primera de las mencionadas como Albacea de la Sucesión (foja 75), determinación que causó estado mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 79); II. En acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado de las herederas nombradas en segundo término, promoviendo incidente de remoción de albacea el cual se declaró procedente mediante resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, en la que se declaró la remoción de *** y/o *** del cargo y en la Junta de Herederos y Designación de Albacea de ocho de junio de dos mil dieciocho, se nombró con ese carácter a *** y/o ***, por conducto de **** (foja 159 del tomo I de pruebas), III. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho el apoderado de la albacea solicitó la apertura de la segunda sección, y en escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve presentó inventario y avalúo (fojas 8 a 10 del tomo II de pruebas); IV. En escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve, *** y/o *** promovió incidente de oposición de avalúo, el que luego previo desahogo de sus fases y resolución, en acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve la responsable aprobó el inventario y avalúo presentados (foja 312 tomo II de pruebas). Actuaciones que constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo, se procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, este juzgador advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 y 6 de la citada legislación. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; en ese sentido, si el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del reclamante del amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga perjuicio en el derecho que reclama, cuando sea titular de éste. Así, al analizar la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al sucesorio intestamentario ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato. A ese respecto, la doctrina y jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del juicio amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107, de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con la interpretación sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." En el caso concreto, la parte quejosa se ostenta como extraña al procedimiento de origen, el cual dice le causa perjuicio en sus derechos de posesión y del cual se le pretende privar. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que no le asiste el carácter de parte dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, del que se advierte que no es parte formal; asimismo, tampoco se advierte que se haya enderezado algún reclamo en su contra. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que acredite la titularidad del derecho a la posesión del inmueble materia de la litis con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias; esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la posesión susceptible de protección en el juicio constitucional es aquella que se sustenta en un precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Esto es, dicho en otros términos, la posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro es "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS."5 Lo anterior es así, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño, o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. En este orden de ideas, resulta inconcuso que la parte quejosa necesariamente debe expresar en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía estipulada en el artículo 14 constitucional. Ahora, el quejoso acude a esta instancia constitucional doliéndose del auto dictado por la autoridad responsable dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, mediante el cual aprobó el inventario y avalúo presentado por el albacea de la Sucesión a bienes de ***, en el cual, se incluyó el inmueble ubicado en calle ***, en este municipio de Irapuato, Guanajuato, que aduce es de su propiedad. Luego, para acreditar su derecho, ofreció copia certificada de la escritura pública número *** que contiene la protocolización de diligencias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el aquí quejoso, que dieron origen al expediente *** relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, pasada ante la fe del Notario Público ***, con ejercicio en esta ciudad, de tres de enero de dos mil dieciocho, obtenida del apéndice relativo al folio real ***, del índice del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Irapuato, de las que se obtiene lo siguiente: "ANTECEDENTES PRIMERO.- El suscrito Notario doy fe de tener a la vista el expediente número *** cuatrocientos veinticinco diagonal dos mil diecisiete, relativo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria de Información testimonial Ad-perpetuam, promovidas por el señor ***, el cual me fue remitido mediante oficio de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por la licenciada ***, Juez Segundo del Ramo Civil, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el cual obran las siguientes colindancias: SEGUNDO. Acuerdo de fecha de cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual se da entrada al escrito inicial sobre jurisdicción voluntaria, información testimonial ad-perpetuam, presentado por el señor ***, que ha estado en posesión continua desde hace más de doce años, por cesión de derechos que le hizo el señor ***, sobre el inmueble urbano ubicado en calle ***, de este municipio de Irapuato, Guanajuato, con superficie de *** centímetros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: AL NORTE. En dos tramos en línea quebrada de Suroeste a Noreste el primero en *** metros *** centímetros, el segundo en *** metros *** centímetros estos tramos linda con calle ***. AL SUR, En dos tramos el primero Suroeste a Noroeste en *** metros *** centímetros, el segundo de Noroeste a Suroeste en *** metros *** centímetros, ambos tramos linda ***. AL ORIENTE, En tres tramos de línea quebrada todos de Noroeste a Suroeste, el primero de ***metros *** centímetros, el segundo de *** metros *** centímetros y el tercero de *** centímetros todos lindan con calle ***. AL PONIENTE, *** metros *** centímetros con ***, ahora ***. TERCERO. Acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, por el cual se da entrada al escrito inicial sobre Diligencias de Información Testimonial Ad Perpetuam, se ordena la publicación de edictos y se le da al C. Agente del ministerio Público la intervención correspondiente." (foja 11). Documento que quedó suscrito bajo las siguientes: "CLAÚSULAS: PRIMERA: El suscrito Notario dejó protocolizadas las Diligencias de Información referidas con las constancias que se relacionan. "SEGUNDA.- En consecuencia de lo anterior, el señor ***, por decisión judicial, se ha convertido en propietario de la casa ubicada en ****, de este municipio, cuyas características se relacionan en el antecedente segundo anterior. TERCERA: Los gastos y honorarios." Cabe precisar que el documento notarial con el que la parte quejosa sostiene su derecho, fue protocolizado en la escritura pública *** de tres de enero de dos mil dieciocho, presentado para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad el trece de julio de ese año, de conformidad con la boleta de resolución de diecinueve siguiente relativa a la solicitud *** en autos por la parte quejosa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2005 señaló que las diligencias de información testimonial ad perpetuam son procedimientos, por su naturaleza, de jurisdicción voluntaria, puesto que no resuelve controversia entre partes sino que el órgano jurisdiccional interviene a solicitud de un interesado. Adujo que se puede considerar que las informaciones ad perpetuam consisten en justificar con testigos ciertos hechos que al promovente le interesa que queden consignados de modo solemne, a fin de que consten en lo sucesivo; es decir, sirve para hacer constar hechos que pudieren afectar en lo sucesivo el interés o el derecho de quienes las promueven. Estas informaciones tienen por objeto exteriorizar en forma solemne y documental el derecho que asiste a la persona que las promueve, o bien, preconstituir una prueba, fuera de juicio, de determinados hechos. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, las informaciones ad perpetuam se encuentran reguladas por los artículos 731 al 735. De ellos es conveniente destacar lo dispuesto por el artículo 731, el cual establece lo siguiente: "Artículo 731.- Las informaciones ad perpetuam podrán recibirse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate: [.] II.- De justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble. Al darse entrada a la promoción el Juez ordenará: que se dé publicidad a la solicitud del promovente por medio de dos avisos que se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de ocho en ocho días, y en los lugares públicos; y que se pida a cargo del promovente, un certificado del Registro Público, del último registro del inmueble de que se trate. La información se recibirá con citación del Ministerio Público y de los colindantes; los testigos deben ser por lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a que la información se refiera. Estimada la prueba, en su caso, el Juez hará la declaratoria que se menciona en el artículo 1252 del Código Civil y ordenará la protocolización. [.]" Luego, el artículo 1,252 del Código Civil establece lo siguiente: "Artículo 1,252. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. Comprobada debidamente la posesión, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrito en el Registro Público previa su protocolización. Cuando no se esté en el caso de deducir la acción que se menciona en el párrafo primero, por no estar inscrita en el Registro de la propiedad de los bienes en favor de persona alguna, se podrá demostrar ante el Juez competente, que se ha tenido la posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles." El artículo transcrito pertenece al capítulo de prescripción positiva del Código Civil para el Estado de Guanajuato, esto es, una forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo; asimismo, dicho artículo establece dos hipótesis, vía contenciosa cuando exista un propietario inscrito como dueño, contra quien, señala el artículo, se endereza juicio. La diversa se refiere a la inexistencia de un propietario, y para ello remite al Código de procedimientos Civiles respecto al trámite para demostrar que se ha tenido la posesión. De esta forma, la Primera Sala señaló que, la declaración establecida en el artículo 371, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato a que se ha hecho alusión con anterioridad, no es la que se establece en el párrafo segundo del artículo 1,252 del Código Civil de Guanajuato, en el sentido de que se declarará que el promovente de las diligencias ya adquirió la propiedad y la resolución funcionará como título de propiedad, sino que se refiere a la declaración del tercer párrafo del mismo artículo, relativa a que se demostró que el promovente tiene la posesión en los mismos términos en que, de conformidad a la ley, puede ejercitarse la acción de prescripción adquisitiva; es decir, lo que se declara en la resolución de las informaciones ad perpetuam no es que se adquirió la propiedad, sino que se ha demostrado la posesión en los términos legales (pública, pacífica, continua, etc.). Por ello, la declaración que se hace en las diligencias de información ad perpetuam, como todas las que se hacen en jurisdicción voluntaria, solamente tiene efectos declarativos, pues simplemente declaran el estado que guarda en ese momento el hecho o acto de que se trata, pero no constituye ningún derecho, sino que sólo se reconoce la posesión que, de hecho, ya tenía el solicitante, y el alcance probatorio de esas diligencias sólo se limita a acreditar lo señalado por los testigos que desahogaron las diligencias. Lo anterior es así pues, la sentencia en la cual se determina que una persona es propietaria de un bien inmueble es siempre de naturaleza constitutiva, pues establece un cambio en la situación sustancial preexistente al procedimiento (alguien que no era propietario, ya lo es), y para que esta resolución pueda constituir obligaciones y derechos, debe derivarse de un procedimiento contencioso, ya que los derechos que se constituyen podrían traducirse en actos privativos en contra de otros sujetos, por lo que sería necesario oír a éstos para cumplir con la garantía de audiencia y, en su caso, privarlos válidamente de sus derechos. Si se determina que una persona se ha convertido en propietaria de un bien, ello implica que la misma tiene el derecho a gozar y disponer de él, derecho que por definición y esencia es oponible erga omnes, es decir, contra todos los terceros, en efecto, el derecho de propiedad es, por definición, la facultad jurídica de usar, disfrutar y disponer de un bien, misma que es oponible a todos y surte efectos erga omnes, es decir, frente a un sujeto pasivo universal constituido por todos los demás. En este sentido, no se puede considerar que exista un título de propiedad que sólo sea oponible frente a determinadas personas, pues, como se ha expuesto, la propiedad surte sus efectos respecto de todos los que no son propietarios. Por tanto, si el artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles establece que la resolución de las diligencias de información ad perpetuam no surte efectos contra personas ajenas al procedimiento, es claro que no puede ser un título de propiedad, porque éste, como ya se dijo, por definición surte efectos contra un sujeto pasivo universal compuesto por todos los terceros. De esta forma se concluye que la declaración que se hace en las informaciones ad perpetuam no hace más que establecer que se ha tenido la posesión de un inmueble bajo determinadas circunstancias, pero de ninguna manera puede acreditar la propiedad del mismo, ya que esto sólo es posible mediante el juicio contencioso en el que se acredite que se han reunido las condiciones requeridas en la ley para ello. Es decir, el resultado de las informaciones ad perpetuam es apto para acreditar la posesión del inmueble y puede servir de base para que en un juicio contencioso posterior, como pudiera ser el de prescripción o alguno similar, se pudiera determinar respecto de los derechos de propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para ello. Razones anteriores que dieron origen a la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 177599 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 91/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, página 86 Tipo: Jurisprudencia INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria. Contradicción de tesis 33/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto, todos del Décimo Sexto Circuito. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 91/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En ese tenor, el documento exhibido por la parte quejosa consistente en la escritura pública número *** (****) que contiene la protocolización de diligencias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el aquí quejoso, que dieron origen al expediente *** relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, pasada ante la fe del Notario Público ***, con ejercicio en esta ciudad, de tres de enero de dos mil dieciocho, resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico que alega. Se estima de esa manera, pues como se vio con anterioridad, las actuaciones que en ella se contienen corresponde a diligencias declarativas que únicamente tienen la consecuencia de acreditar que el quejoso ha tenido la posesión del inmueble que defiende, del cual, su alcance no surte efectos contra terceros, ni tampoco reconoce derecho a título de propiedad, suficiente para que, el inmueble que dice alega es de su propiedad, sea desincorporado del inventario presentado por el mandatario de la albacea de la sucesión, en el juicio de origen. Es así pues como se vio con anterioridad, el alcance probatorio que puede tener la escritura pública en cita, en todo caso, es como prueba para adquirir la propiedad a través de diverso juicio, sin embargo, la propia naturaleza de las diligencias de información testimonial ad-perpetuam, se insiste, únicamente tienen el efecto de declarar que el quejoso tiene la posesión del inmueble que ubicado en calle ***, de este municipio de Irapuato, Guanajuato, con superficie de *** metros *** centímetros cuadrados, pero no deriva de ellas un derecho a título de propiedad que le otorgue legitimación para ser llamado al juicio natural a dilucidar algún derecho de propiedad sobre ese bien. Ahora, si bien, de la cláusula segunda de la escritura pública número **** que contiene la protocolización de diligencias de información testimonial ad-perpetuam promovidas por el aquí quejoso, que dieron origen al expediente *** relativo al juicio de jurisdicción voluntaria, pasada ante la fe del Notario Público ***, con ejercicio en esta ciudad, se advierte que el fedatario asentó lo siguiente: "SEGUNDA.- En consecuencia de lo anterior, el señor ***, por decisión judicial, se ha convertido en propietario de la casa ubicada en ***, de este municipio, cuyas características se relacionan en el antecedente segundo anterior. Lo cierto es que del punto resolutivo ***, de la resolución dictada en el expediente ***, que dio origen a la escritura pública exhibida por la parte quejosa para acreditar su pretensión, se obtiene lo siguiente: "CUARTO. La presente resolución no surte efectos contra persona ajena a este procedimiento, ni la información testimonial aquí rendida podrá ser estimada como tal en juicio contradictorio." En ese sentido, lo asentado en la cláusula segunda de la escritura pública en cita, no tiene el alcance de reconocer un derecho de propiedad al quejoso, que, como se ve, no fue dilucidado en juicio; máxime que la actuación del fedatario público se limitó a protocolizar las diligencias de información testimonial ad perpetuam, derivadas del expediente ***, razón por la que, de modo alguno, sirve al quejoso para acreditar la propiedad que indica. No pasa desapercibido para este juzgador que la parte quejosa también haya ofrecido como medio probatorio la pericial en topografía, la cual derivó en el dictamen pericial rendido por ***, perito oficial designada a este Juzgado (fojas 278 a 295 de autos), el cual fue debidamente ratificado mediante diligencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno (foja 315), y de cuyo contenido se obtiene que el inmueble que defiende la parte quejosa, se encuentra incluido en el bien inmueble descrito en el inventario presentado por la parte tercera interesada en el juicio natural. Sin embargo, a nada práctico conduciría analizar la identidad del inmueble en cuestión, si como se mencionó, la escritura pública exhibida por el quejoso, relativa a las diligencias de información testimonial ad-perpetuam, resulta insuficiente para reconocer un derecho de propiedad sobre inmueble que defiende, pues como se adelantó, únicamente versa sobre la declaración de posesión que tiene sobre el citado inmueble, dado que solamente tiene efectos declarativos no constitutivos, por lo que no se reconoce un derecho de propiedad, el cual es necesario para, en su caso, ser llamado al juicio y dilucidar en éste los derechos que como propietario del bien pudiere tener, lo que en el caso no acontece. Tampoco pasa desapercibido el contenido de la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Sin embargo, el quejoso acude a esta instancia federal ostentándose como propietario del inmueble que defiende no así como su poseedor, pues el acto que en esta vía reclama lo constituye el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil ***, en el que la autoridad responsable aceptó el inventario y avalúo propuesto por el albacea de la sucesión, en el cual se incluyó el inmueble ubicado en calle ****, Guanajuato, que aduce el quejoso es de su propiedad, no así la desposesión de éste; derecho que, como se ha visto no se acreditó en esta instancia constitucional. En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario de amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, razón por la cual procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Alegatos. Finalmente, no se desatiende que dentro del presente juicio de amparo se formularon alegatos por parte de la tercera interesada y la fiscal adscrita; sin embargo, este juzgador se abstiene de analizarlos, virtud a que no se encuentra obligada a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, cuestión que no aconteció. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano