José Loera Turrubiates

Expediente 1788/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1788/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • José Loera Turrubiates

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por disfrutar el Titular de este Juzgado del periodo vacacional correspondiente al segundo semestre del año dos mil veintiuno, que comprende del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno al siete de enero de dos mil veintidós, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el que fuera comunicado mediante oficio CCJ/ST/4686/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1788/2021, promovido por José Loera Turrubiates; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, ante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el mismo día, José Loera Turrubiates, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La violación al derecho de petición del quejoso al dejar de dictar acuerdo al escrito de fecha 6 de agosto del año 2021 y recibido por la responsable el día 10 de agosto del año 2021, donde se solicita se requiera a la parte demandada a fin de que cumpla con el laudo y realice el pago de aportaciones ante los institutos de seguridad social, vivienda y fondo para el retiro, lo anterior dentro del expediente laboral número 51/2008." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1788/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de una autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas al presente sumario, se tiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, solicitado mediante escrito de seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 51/2008. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, y refiere que el once de noviembre de dos mil veintiuno proveyó sobre el ocurso motivo del presente amparo. Por lo que, a fin de corroborar su dicho, remitió diversas constancias, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene plenamente probado el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, solicitado mediante escrito de seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 51/2008, y de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto dicha causal encuadra a través del acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno. En dicho auto, se documentó el ocurso de seis de agosto de dos mil veintiuno, y atento a lo solicitado, así como al propio estado procesal del juicio, se ordenó despachar auto de ejecución de hacer, por lo que comisionó a la Actuaria adscrita para que, en asociación con el actor, se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera la exhibición del documento con el que acreditara haber realizado la inscripción retroactiva y pago de cuotas ante el IMSS, INFONAVITA y SAR desde el veinticinco de julio de mil novecientos setenta y cuatro al catorce de febrero de dos mil seis, con el salario y grupo correcto, en acatamiento al laudo de catorce de junio de dos mil veintiuno, debiendo apercibir a la parte demandada, de que en caso de incumplimiento de lo solicitado, se harán efectivos los medios de apremio contenidos en el artículo 731 de la ley de la materia. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, solicitado mediante escrito de seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 51/2008, pues con la emisión del auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que para la actualización de la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente natural, necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal), dada su propia naturaleza. Es decir, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Luego, si en la especie, la autoridad responsable proveyó mediante el auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en autos, impulsado por la parte actora mediante ocurso de seis de agosto de dos mil veintiuno, resulta lógico y jurídicamente razonable que se trata de una omisión genérica para lograr la ejecución del laudo, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, fue atendido por la responsable, ello en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que el presente asunto se encuentra integrado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. En tal virtud, cúmplase con lo ordenado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y remítase el oficio vía correo institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, siendo este ada.rodriguez.guzma@correo.cjf.gob.mx, a fin de que turne a quien corresponda el recurso de revisión aludido. Asimismo, se requiere que una vez sea registrado el mencionado recurso, remita la papeleta de turno correspondiente al correo institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, así como al diverso daniel.altamirano.martinez@correo.cjf.gob.mx a fin de que la Analista Jurídica -SISE-, realice la vinculación correspondiente, para hacer visibles las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo que, una vez que se tenga noticia del turno del recurso de revisión, remítase el original del escrito de agravios y una copia más, y el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido la prórroga concedida por auto de treinta de agosto del año en curso, sin que se tenga noticia del cumplimiento dado a la sentencia. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, informe el cumplimiento que haya dado al fallo protector, esto es justifique que dictó la resolución incidental de caducidad dentro del expediente laboral 811/E/2017, o en su caso comunique el impedimento que tiene para ello; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que este Juzgado sólo estará en posibilidad de pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector una vez que se emita resolución incidental de caducidad dentro del expediente laboral de origen. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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