José Lius Escobedo Rodríguez
Expediente 1638/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1638/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- José Lius Escobedo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. HOMÓLOGO NO ACEPTA CONOCIMIENTO PREVIO. con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1638/2023-VI del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, y comunica el auto de diez de noviembre de la presente anualidad, emitido en el expediente 303/2023-VII de su índice, en la cual determinó no aceptar el conocimiento previo planteado por este Juzgado Federal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Luis Escobedo Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por las razones que expone. Atento a lo anterior, glósese copia del oficio de cuenta al cuaderno de antecedentes formado con motivo del conocimiento previo planteado por este juzgado. Acúsese recibo. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de la responsable de responder la solicitud de actualización pensión con número de folio ** que presentó en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado es la omisión de la responsable de responder la solicitud de actualización pensión con número de folio 22,009,084-42102 que presentó en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. En esas condiciones, debe tenerse presente el contenido de los artículos 3, 11 y 18 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 3. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.". "Artículo 11. El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; (.).". "Artículo 18. Los dictámenes o resoluciones que emita el Comité de Pensiones serán entregados o estarán a disposición del solicitante en las unidades receptoras donde se inició el trámite de pensión o de estímulo por permanencia, con la finalidad de que sean notificados del resultado.". De las normas transcritas, se obtiene que la resolución que determina la procedencia de una pensión, es emitida por el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mientras que la obligación de tenerlas a disposición del interesado, o bien, entregarlas, queda a cargo de las unidades receptoras en donde se haya iniciado el trámite de pensión, esto, con la finalidad de ser notificadas. Consecuentemente, la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión de la quejosa, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular de la solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de la omisión señalada a la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud de pensión, tendrán efectos. Lo anterior, porque de las constancias que acompañaron la demanda de amparo, se observa que la solicitud de pensión se tramitó en la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que, en términos del artículo 18 del Manual antes transcrito, es dicha unidad quien tendrá a disposición para efectos de su notificación, el dictamen o resolución que debe emitir el Comité de Pensiones del referido instituto de seguridad social. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Por otra parte, también cobra aplicación, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisa que en los casos en los que se reclame la indebida cuantificación de la pensión, el juez competente para conocer del asunto será el del domicilio donde se ubique el quejoso, tal como se ve en la jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, Tomo XXX, octubre 2009, página noventa y cinco, de título, subtítulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Como se adelantó, tal criterio es orientador, por analogía, en los casos en los que se reclame la omisión de emitir el dictamen de actualización de pensión solicitado por la parte quejosa, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Habida cuenta que, en el caso en particular, del análisis del anexo de la demanda de amparo, esto es, la solicitud de pensión, se observa que la persona quejosa indicó que su domicilio particular se ubica en el municipio de Coacalco, Estado de México; aunado a que presentó la solicitud de pensión ante la Oficina de Atención al Derechohabiente "Naucalpan", del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que sí puede aplicarse la referida jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En similar sentido resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en los conflictos competenciales 17/2022, 6/2023, 13/2023 y 31/2023, en sesiones de uno de septiembre de dos mil veintidós, dos y treinta de marzo y trece de julio, todos de dos mil veintitrés, respectivamente. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI QUEJOSO AVISO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE QUINCE DE NOVIEMBER DE ESTE AÑO Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. HOMÓLOGO NO ACEPTA CONOCIMIENTO PREVIO. con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1638/2023-VI del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, y comunica el auto de diez de noviembre de la presente anualidad, emitido en el expediente 303/2023-VII de su índice, en la cual determinó no aceptar el conocimiento previo planteado por este Juzgado Federal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Luis Escobedo Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por las razones que expone. Atento a lo anterior, glósese copia del oficio de cuenta al cuaderno de antecedentes formado con motivo del conocimiento previo planteado por este juzgado. Acúsese recibo. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de la responsable de responder la solicitud de actualización pensión con número de folio ** que presentó en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado es la omisión de la responsable de responder la solicitud de actualización pensión con número de folio 22,009,084-42102 que presentó en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. En esas condiciones, debe tenerse presente el contenido de los artículos 3, 11 y 18 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 3. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.". "Artículo 11. El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; (.).". "Artículo 18. Los dictámenes o resoluciones que emita el Comité de Pensiones serán entregados o estarán a disposición del solicitante en las unidades receptoras donde se inició el trámite de pensión o de estímulo por permanencia, con la finalidad de que sean notificados del resultado.". De las normas transcritas, se obtiene que la resolución que determina la procedencia de una pensión, es emitida por el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mientras que la obligación de tenerlas a disposición del interesado, o bien, entregarlas, queda a cargo de las unidades receptoras en donde se haya iniciado el trámite de pensión, esto, con la finalidad de ser notificadas. Consecuentemente, la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión de la quejosa, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular de la solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues es en su jurisdicción en donde los efectos positivos de la omisión señalada a la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud de pensión, tendrán efectos. Lo anterior, porque de las constancias que acompañaron la demanda de amparo, se observa que la solicitud de pensión se tramitó en la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que, en términos del artículo 18 del Manual antes transcrito, es dicha unidad quien tendrá a disposición para efectos de su notificación, el dictamen o resolución que debe emitir el Comité de Pensiones del referido instituto de seguridad social. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Por otra parte, también cobra aplicación, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisa que en los casos en los que se reclame la indebida cuantificación de la pensión, el juez competente para conocer del asunto será el del domicilio donde se ubique el quejoso, tal como se ve en la jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, Tomo XXX, octubre 2009, página noventa y cinco, de título, subtítulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Como se adelantó, tal criterio es orientador, por analogía, en los casos en los que se reclame la omisión de emitir el dictamen de actualización de pensión solicitado por la parte quejosa, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Habida cuenta que, en el caso en particular, del análisis del anexo de la demanda de amparo, esto es, la solicitud de pensión, se observa que la persona quejosa indicó que su domicilio particular se ubica en el municipio de Coacalco, Estado de México; aunado a que presentó la solicitud de pensión ante la Oficina de Atención al Derechohabiente "Naucalpan", del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que sí puede aplicarse la referida jurisprudencia 2ª./J152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En similar sentido resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en los conflictos competenciales 17/2022, 6/2023, 13/2023 y 31/2023, en sesiones de uno de septiembre de dos mil veintidós, dos y treinta de marzo y trece de julio, todos de dos mil veintitrés, respectivamente. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1638/2023-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se obtiene que se reclama: La omisión de dar respuesta al escrito de solicitud de actualización de pensión, presentado por el quejoso el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, con número de folio 22,009,084-42102. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual, también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. INCOMPETENCIA POR CONOCIMIENTO PREVIO. Una vez analizada la demanda de amparo y delimitado el acto combatido, el suscrito considera que en el presente caso se actualiza el supuesto jurídico previsto en el artículo 46, fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos y las consultas de turno publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintidós, como se explicará enseguida. De la información que arroja el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, así como con la obtenida de la página de internet de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, revela la existencia del juicio de amparo 303/2023, radicado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y resuelto el nueve de mayo de la presente anualidad (fechas anteriores a la promoción del presente expediente -nueve de octubre de dos mil veintitrés-) ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Luis Escobedo Rodríguez, por derecho propio, en la que señaló como acto reclamado: "La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada ante la responsable el veinte de octubre de dos mil veintidós. Bajo esa óptica, el juicio biinstancial 303/2023 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, guarda estrecha similitud con el presente, en atención a que la demanda de amparo que le dio origen, deriva de la presentada ante el homologo federal, razón por la cual se sustenta que existe un conocimiento previo por parte de aquel Juzgado Federal y, por ende, es éste quien debe conocer del presente asunto, en términos del artículo 46, fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos y las consultas de turno publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintidós. Entonces, si el artículo 46 Quater, fracción I, del aludido Acuerdo General mencionado, faculta al juzgador a remitir los juicios de amparo que estime debió corresponder a otro órgano jurisdiccional, en función a ello, se determina que el presente asunto debió turnarse al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues el numeral 46, párrafo primero, del ordenamiento en cita dispone que deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, cuando (fracción XIII): "Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma. De ahí que, si el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, conoció previamente de un juicio de amparo que, al igual que en el que se actúa, donde se impugnó la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada ante la responsable, es inconcuso que dicho órgano de control constitucional es quien debe conocer de este juicio de amparo 1638/2023-VI. Consecuentemente, como lo prevé el numeral 46 Quater, fracción I del citado Acuerdo General, remítase el juicio de amparo en que se actúa y las cuatro copias de traslado al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, para lo que tenga a bien determinar con relación a si acepta o no el conocimiento de este asunto. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con las constancias necesarias, se ordena la formación del cuaderno de antecedentes. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Cruz Hernández y Mireya Robles Arenas, ya que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que autoriza por así haberlo solicitado. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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