Jose Lira Peña
Expediente 692/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose Lira Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de julio de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, resulta pertinente hacer del conocimiento de las partes que podrán promover vía correo electrónico a la dirección 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, recepción que será confirmada por la misma vía; asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico, lo anterior, con la finalidad de acatar las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes, con motivo de la contingencia sanitaria que impera en el país y establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Reserva notificación. Finalmente, en atención a que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, háganse las notificaciones del presente proveído. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veinte, ante la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, José Lira Peña, compareció a presentar demanda de amparo directo, en contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES 4.3. Autoridades responsables. Se señalan como responsables a las autoridades que se precisan a continuación. I) Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón con domicilio ubicado en bulevar Diagonal de las Fuentes sin número, entre calle de las Flores y calle de los Comerciantes de la colonia Villas la Merced de esta ciudad. II) Central de Actuarios del Poder Judicial de Estado de Coahuila de Zaragoza del Distrito Judicial de Torreón con domicilio ubicado en calzada Saltillo 400 esquina con calle Verano de la colonia Residencial Campestre la Rosita de esta ciudad. III. ACTOS RECLAMADOS 4.4. Actos u omisiones que de las autoridades se reclama. Los actos u omisiones que se reclaman, serán enunciados a continuación. A la autoridad mencionada en el inciso l) del apartado 4.3. que antecede, se reclama el auto de trece de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 11/2020 del índice administrativo de la propia autoridad responsable. A la autoridad precisada en el inciso II) del apartado N que antecede se reclama la ejecución del señalamiento de bienes con uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario derivada del citado auto de trece de enero de dos mil veinte." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recepción. Por auto de treinta de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable recibió la demanda de amparo directo en comento y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y la remisión de la misma al Tribunal Colegiado correspondiente. Incompetencia legal. Mediante auto de dos de septiembre de dos mil veinte, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía, por lo que declinó competencia en favor de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 692/2020, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó la notificación de los terceros interesados y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 52 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta y, tiene ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: El auto de trece de enero de dos mil veinte, en que se ordena el embargo de bienes y su ejecución, decretado en el juicio ejecutivo mercantil 11/2020, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues al rendir su informe justificado reconocieron expresamente su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los actos se encuentra corroborada con las documentales que en copia certificada fueron allegadas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Lo anterior con fundamento en el referido numeral y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, no será necesario el estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, dado que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." El precepto 61 fracción XII, transcrito señala que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se traten de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Ciertamente tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, por así desprende de la interpretación del propio artículo 107 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 5, en su párrafo quinto, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Lo anterior, pues debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, como en el caso, necesariamente se requiere la impetrante cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sirve de apoyo la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro digital 2003067, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Así como también la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 690, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, con registro digital 2012364, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, el quejoso José Lira Peña, comparece en su carácter de tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil 11/2020, del que reclama la orden para señalar y embargar bienes en su domicilio particular ubicado en Paseo Cerro de la Cruz, número 1129, Colonia Ciudad Nazas, en esta ciudad, el cual refirió es poseedor y comparte con la demandada en el juicio natural. Ciertamente, con las constancias que obran en autos respecto del aludido juicio natural, las cuales ya fueron valoradas previamente por este juzgado en párrafos que anteceden, se patentiza que el quejoso es tercero extraño al juicio de origen, por virtud de que no figura como parte actora ni demandada, ya que dicho procedimiento fue promovido por Ramón Carranza Córdova, en contra de Juana Margarita Luna Rocha. Igualmente, se aprecia que mediante auto de trece de enero de dos mil veinte, el Juez responsable decretó auto de exequendo, con mandamiento en forma a fin de que en el acto de la diligencia se requiera a la parte demandada el pago de lo reclamado y en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes de su propiedad que sean suficientes para garantizar el adeudo, debiendo poner en depósito los mismos en persona que nombre el actor. Asimismo, se advierte de autos que la mencionada diligencia se llevó a cabo el veintidós de junio de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en Paseo Cerro de la Cruz, número 1129, Colonia Ciudad Nazas, en esta ciudad; sin embargo, al momento de la diligencia no se señalaron bienes para embargo virtud a la manifiesta oposición de la parte demandada. Bajo esta óptica, si la parte quejosa adujó que el domicilio en donde se pretende ejecutar la orden en cuestión es de su posesión y lo bienes muebles que se ubican en el mismo son de su propiedad o copropiedad, estuvo obligada durante el procedimiento de amparo a demostrar fehacientemente que es titular de ese derecho de posesión que dice tener y que al momento en que se emitió la orden reclamada, se afectó su prerrogativa. Así las cosas, con el objeto de acreditar su interés jurídico, la quejosa allegó las siguientes pruebas: Copia simple su credencial para votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, con número de folio 1351058103608. Copia simple de un aviso-recibo de suministro de energía expedido al parecer por Comisión Federal de Electricidad. Así, las referidas documentales carecen de valor probatorio alguno, pues como se dijo, fueron exhibidas en copia simple y en todo caso, de presentarse en original, únicamente demostraría que el impetrante está dado de alta en un padrón electoral y que tiene contratado el servicio de energía eléctrica, no así derecho de propiedad alguno respecto de los actos materia de litigio. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 3ª. 18., sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 13-15, enero-marzo de 1989, página 45, octava época, con número de registro 820040, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Pues bien, de las referidas documentales se obtiene que resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio. En efecto, debe puntualizarse que la documental precisada relativa a la expedición de la credencial de elector del aquí quejoso, José Lira Peña, no es idónea para demostrar el derecho de posesión que refirió tener el quejoso, pues si bien en dicho documento aparece como domicilio de la impetrante el ubicado en Paseo Cerro de la Cruz, número 1129, Colonia Ciudad Nazas, en esta ciudad, el cual coincide con el lugar donde se despachó ejecución en el juicio de origen; sin embargo, es de indicarse que tal hecho no es suficiente para revelar que el quejoso sea el exclusivo poseedor del mismo, por razón de que la credencial de elector no es un documento idóneo para acreditar el domicilio de una persona, debido a que los registros del Instituto Nacional Electoral se forman únicamente con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación, lo cual no puede servir de base para demostrar que el interesado viva y habite en el domicilio que indica la citada documental. En los mismos términos debe considerarse que la diversa documental exhibida en copia simple, tampoco resulta idónea para acreditar que el quejoso sea poseedor del mencionado domicilio, o bien la posesión de los bienes que en el mismo se encuentran; puesto que en caso de haberse exhibido en original, únicamente acreditaría que tiene contratado el servicio de energía eléctrica en dicho domicilio. Ilustra lo anterior, el criterio visible en la tesis XIV.3o.3 K, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX. Marzo de 1999. Página: 1392, registro digital 194372, de contenido siguiente: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio". En las relatadas circunstancias, si la parte quejosa no ofreció mayores pruebas con el objeto de acreditar que el domicilio en donde se pretende realizar la orden de embargo reclamada sea de su exclusivo dominio y posesión; esto es, que el impetrante es el único poseedor de dicho domicilio y que en el mismo no vive la parte demandada del juicio natural, así como que los bienes muebles que se ubican en su interior sean de su propiedad o posesión; por consiguiente, es inobjetable concluir que el acto reclamado por sí mismo, no lesiona los intereses jurídicos del impetrante de amparo. Lo anterior, pues al ostentarse como persona extraña al juicio de origen y reclamar de este la orden para embargar bienes en el domicilio del que dice es de posesión, el quejoso indefectiblemente estuvo obligado a probar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, así como demostrar que en dicho domicilio es el único que vive y habita en el mismo; lo que es de indicarse que no justificó con las pruebas que exhibió. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia clave 1a./J. 123/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023, que reza: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo, XV, Febrero de 2002, página 5 que al rubro dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En ese orden de ideas, la solicitud que realiza la quejosa en el presente juicio deviene improcedente al no haber justificado tener un derecho jurídicamente tutelado por la ley que se vea afectado por la actuación de las autoridades que señaló como responsables, pues no debe soslayarse que tal interés, debe ser probado plenamente y no inferirse con base en presunciones; en tal sentido, carece de interés jurídico para reclamarla en esta instancia conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, lo correcto es estimar que la falta de interés jurídico, hace improcedente el presente juicio de garantías, lo que motiva su sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; en tal sentido, lo conducente es SOBRESEER el presente juicio de garantías. Sobreseimiento en el juicio que debe hacerse extensivo en relación al acto reclamado de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, Tomo 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 239008, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Salvedad. No pasa desapercibido que a la fecha de la presente resolución, no se logró emplazar al diverso tercero interesado Ramón Carranza Córdova. Sin embargo, en el presente asunto el sentido de la resolución que se dicta es el sobreseimiento del juicio, por tanto, no causa perjuicio a la parte tercero interesada que no fue emplazada; de ahí que, resulta innecesario su llamamiento a juicio. Orienta lo expuesto, la tesis P. V/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, registro digital 196912, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los razonamientos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado al quejoso José Lira Peña, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que realice la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercera interesada y lo acredite a este órgano jurisdiccional. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las trece horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.
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