José Lino Carmona Pedraza

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, quien actuó como Juez de Control del Distrito Judicial Galeana
  • José Lino Carmona Pedraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Jurídica Zona Noroeste, del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y como lo solicita, remítasele impresión con firmas electrónicas, de la sentencia engrosada el treinta y un de marzo de dos mil veintidós, así como del auto de doce de mayo de ese mismo año, en que causó ejecutoria la misma, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se sobreseyó el presente Juicio de Amparo, se ordena previo Acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 667/2021-IV, promovido por José Lino Carmona Pedraza contra actos del Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; y, RESULTANDO: Primero. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital José Lino Carmona Pedraza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, los cuales, hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la Autoridad señalada como responsable, le reclamo la resolución de fecha 6 de mayo de 2021 en la que, dentro del cuadernillo penal 11/2021, confirmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Licenciado Ernesto Butanda Miranda dentro de la carpeta de investigación 50-2020-000135 y la cual se seguía por el delito de fraude específico." (sic) Segundo. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ordenó fuera registrada con el número 895/2021, admitió la demanda de amparo, ordenó tramitarla con sujeción a las disposiciones legales aplicables, pidió el informe justificado a las autoridades responsables, dio al Ministerio Público adscrito la intervención que le compete, emplazó a los terceros interesados y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo previó a que verificara la misma, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer de ella, debido a que conforme a su criterio el acto reclamado tendría ejecución material en esta ciudad. Tercero. Mediante oficio número 31045/2021, recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, remitió por incompetencia los originales del juicio de garantías 895/2021, de su índice, por considerar que se surtía la competencia en un juzgado de la localidad, mismo que por razón de turno toco conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por lo que mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia declinada, ordenándose radicarla con el consecutivo 667/2021, se ordenó dar al Ministerio Público adscrito la intervención que le compete, emplazar a los terceros interesados y fijar día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior fue cumplido, se dictaron los acuerdos procedentes y se emplazó a la parte tercera interesada. Cuarto. Cumplidos los requisitos legales se inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que, Considerando: Primero. El suscrito Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que este juicio de amparo indirecto se promueve contra una resolución que confirmo el no ejercicio de la acción penal, atribuido al Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, cuyos efectos suceden en esta ciudad, que es el lugar en donde se encuentra el centro de reclusión en que está sujeto a prisión preventiva el quejoso. Segundo. Conforme a lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la fijación del acto que se reclama, de la siguiente manera: Según se desprende de la integridad de la demanda de amparo, se colige como acto reclamado: Del Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la determinación de seis de mayo de dos mil diecinueve, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal, dentro del cuaderno de impugnación 11/2021, del índice de la autoridad responsable, emitido por el Agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación 50-2020-0001-135, que se seguía por el delito de fraude especifico. Para la fijación de los actos se atiende a la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. La autoridad, Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la emisión de la resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante la que confirmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación 50-2020-0001-135, que se seguía por el delito de fraude especifico. Amén de que su dicho se ve corroborado con la constancia en copia certificada del audio y video (disco óptico) de la audiencia relativa, misma que anexó en apoyo de su informe; documento al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 188, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues el método a través del cual se capturó la información en tales discos archivada, es confiable por estar contemplado el mismo en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y porque el medio electrónico fue remitido por una autoridad judicial quien debidamente realizó la certificación correspondiente, además de que el contenido del mismo estuvo al alcance de las partes en este juicio de garantías, sin que lo hayan objetado en forma alguna, pese a que se le dio vista oportunamente con el informe justificado respectivo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 290460, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la Quinta Época-III, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente es conducente la diversa jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni el suscrito advierte oficiosamente su actualización, por lo que lo procedente será analizar los conceptos de violación hechos valer. Quinto. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que están contenidos en el escrito inicial de demanda, los cuales no se transcriben en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a hacerlo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Sexto. Los conceptos de violación son infundados. Por técnica jurídica, en su examen no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, este juzgador considera pertinente establecer que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales este resolutor está obligado a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un cierto criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Para evidenciar lo anterior, se llevará a cabo el estudio abordando los tópicos siguientes: A. Derecho fundamental de acceso a la justicia conforme a la doctrina que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. B. Fundamentación y motivación. C. El contenido de los preceptos normativos relativos al no ejercicion de la acción penal y su impugnación. A. Derecho fundamental de acceso a la justicia conforme a la doctrina que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al inicial tema destacado , debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014, estableció, en lo conducente, que el Máximo Tribunal de Justicia del País ha determinado que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza al particular el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta contemplada en el sistema jurídico, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. Por consiguiente, la ley aplicable no deberá imponer límites a esa prerrogativa, aunque sí la previsión de requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que las potestades encargadas de la tarea en comento deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción. Sobre ese último particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención respectiva en el informe 105/99, emitido en el Caso 10.194, "Palacios, Narciso-Argentina", de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, estableció: "61. Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción." Conforme al principio citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Juez debe buscar en cada caso la interpretación más favorable al ejercicio de la acción. Proceder que se encamina a no entorpecer ni obstruir la prerrogativa de trato; por lo que, ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales siempre deberán ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad; esto es, frente a la disyuntiva entre abrir o no un juicio en defensa de un derecho humano, por aplicación de esa directriz, se debe elegir la respuesta afirmativa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español, al determinar que "... el acceso a la justicia como elemento esencial del contenido de la tutela, consiste en provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez. En este acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio 'pro actione' que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, eventualmente puedan configurarse. El derecho de poder dirigirse a un Juez en busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien, tiene naturaleza constitucional por nacer directamente de la propia Ley Suprema". Por lo tanto, en el acceso a la jurisdicción, determinó el Tribunal Constitucional español, "el derecho a la tutela judicial exige de los órganos jurisdiccionales que interpreten las normas procesales que condicionan ese acceso en el sentido más favorable a la eficacia del mencionado derecho fundamental (STC 159/1990), siendo de obligada observancia el principio hermenéutico 'pro actione' ...". En congruencia con lo hasta aquí expuesto -resaltó la precitada Sala- es dable establecer que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, relacionado al principio pro actione, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que, al dilucidar los requisitos y formalidades procesales legalmente previstos, se debe tener presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Lo anterior, no implica la eliminación de tales condiciones, ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por el contrario, ajustarse a estas y ponderar los derechos en juego, para que las partes en conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, pues la protección de mérito debe entenderse como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. En otras palabras, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los asuntos, sometidos al conocimiento de los tribunales no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las condicionantes que corresponde observar para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer hipótesis y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los juicios o recursos internos; de forma que si bien dichos controvertidos o medios de impugnación deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el caso planteado y, de presentarse las circunstancias, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier conflicto, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del particular que se les plantea, sin que importe verificar los requerimientos y presupuestos de admisibilidad y procedencia de los juicios o recursos intentados. En síntesis, los requisitos para la admisión de los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador son de interpretación estricta, a efecto de no limitar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, haciendo posible en lo esencial su ejercicio; por lo que, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes correspondientes o medios impugnativos. Con otras palabras, aunque los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos gozan de un margen de apreciación para articular el derecho fundamental en comento, los requisitos y formalidades establecidos en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia misma de este. Así, en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al creador de la ley no sólo la arbitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas condicionantes establecidas en la legislación, preservan para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican. De las anteriores premisas surgió la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." B. Fundamentación y motivación. El primer párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 6°, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. [...]." "Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código." El dispositivo constitucional transcrito consagra la garantía de legalidad consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado. Por fundamentación, se entiende que deben expresarse con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación del acto de autoridad, se entiende indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general establecido por la ley; así, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o surtir efectos, configurándose las hipótesis normativas. Para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16, Constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y exprese los razonamientos lógicos jurídicos, motivos, circunstancias especiales, causas inmediatas y particulares consideradas en el caso concreto, que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 204, publicada en la página 166, del tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En adición a lo anterior, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, implica la necesaria igualdad procesal de las partes, de que se respete el derecho de defensa contradictoria, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente; por lo que el Juez de Control, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan las partes, con base en los argumentos jurídicos que hayan expuesto en la audiencia correspondiente. Sustenta lo anterior, la tesis I.7o.P.65 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1876, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Décima Época, Materia Penal, de rubor y texto: "AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ESTA DILIGENCIA EL JUEZ DE CONTROL, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, SÓLO PUEDE DECIDIR SOBRE LO QUE ADUZCAN LOS ASISTENTES, RESPETANDO EL EQUILIBRIO PROCESAL ENTRE LAS PARTES. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Por tanto, tratándose de la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, con base en el principio de contradicción indicado, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan los asistentes, respetando el equilibrio procesal entre las partes, esto es, únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por éstas, quienes en su oportunidad tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de investigación, con lo cual, quedaron en posibilidad de controvertirlos o confrontarlos, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de lo contrario, es decir, que el juzgador se sustituyera a alguna de las partes para subsanar deficiencias técnicas, atentaría contra los principios señalados, en especial, el de contradicción." C. El contenido de los preceptos normativos relativos al no ejercicio de la acción penal y su impugnación. El no ejercicio de la acción penal y la audiencia por medio del cual puede ser impugnado, se encuentra contenido en los artículos 255, 258 y 327, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona." "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: [.] II. El hecho cometido no constituye delito; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura de dichos preceptos legales, se desprende que, antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en dicho Código. Asimismo, que una de las causales de sobreseimiento es que el hecho cometido no constituye delito. Finalmente, que las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal la víctima u ofendido la podrá impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO Una vez desarrollados los temas que anteceden se procede a analizar la actuación de la autoridad responsable en la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. La autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó confirmar el no ejercicio de la acción penal impugnado, por las razones siguientes: En primer término, al analizó los datos expuestos en dicha audiencia, concluyó que a su consideración el fiscal sí sustentó sus determinaciones en los dispositivos legales aplicables, aunado a que con las actuaciones verificó había quedado acreditado que los hechos denunciados no constituían delito. En ese orden de ideas, se estima infundado el concepto de violación encaminado a combatir que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y certeza jurídica previstas por los artículos 1, 14, 16 y 20. Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos, toda vez que al confirmar el no ejercicio de la acción penal, en virtud que el Juez de control, al analizar el no ejercicio de la acción penal fundo y motivo su resolución en lo previsto por los artículos 21 del Carta Magna, 255 y 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, así como lo previsto por los artículos 224, fracciones I y V, pues así lo hizo valer al recurrir dicha resolución, adecuándolos a los hechos expuestos por la parte en la propia audiencia, limitándose a lo previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de validar o no las razones del fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa. Se afirma lo anterior, virtud que, por una parte, está limitado por los agravios que exponga la víctima u ofendido y, por otra, está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un no ejercicio de la acción penal, y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Esto último encuentra sentido, pues al Juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquél; por eso, la resolución del órgano jurisdiccional está acotada por las razones de la representación social para decretar el no ejercicio de la acción y los agravios de la víctima u ofendido sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público. Máxime, que en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones Pues se debe recordar que la diferencia entre carencia y la indebida fundamentación y motivación, radica en que el primero se da cuando existe una ausencia total, mientras que en el segundo, se actualiza cuando se citan los fundamentos, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, con registro 2019954, que dice: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." Asimismo, la tesis I.4o.P.28 P (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, con registro electrónico 2020991, que dice: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. AL EVALUAR SU LEGALIDAD EN LA AUDIENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE VARIAR LA CAUSA EN QUE SE APOYÓ EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DECRETARLO. Las facultades del Juez de control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se limitan a validar o no las razones del fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa pues, por una parte, está limitado por los agravios que exponga la víctima u ofendido y, por otra, está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un no ejercicio de la acción penal, y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Esto último encuentra sentido, pues al Juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquél; por eso, la resolución del órgano jurisdiccional está acotada por las razones de la representación social para decretar el no ejercicio de la acción y los agravios de la víctima u ofendido sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público." [Lo resaltado es propio] De igual manera, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Jurisprudencia I.6o.C. J/52, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 173565, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." [Lo resaltado es propio] En segundo término, el Juez de Control, analizó las razones por las que se emitió el no ejercicio de la acción penal y los agravios vertidos por la ahora parte quejosa, en los que se inconformaba con lo relativo a que no se analizaron los hechos materia de la denuncia realizada por la parte quejoso, medularmente, lo atinente a la omisión por parte del ministerio público para continuar con los actos de investigación para llegar a la verdad de los hechos. Asimismo, lo señalado en audiencia por el Agente del Ministerio Público, que manifestó que en la emisión del no ejercicio de la acción penal valoró y determinó que no se actualizaba ninguno de los tipos penales que derivaran por los cuales el aquí quejoso formuló la denuncia. Análisis del cual, concluyó que era correcto lo realizado por la representación social y declaró infundados los agravio reseñados en el párrafo que antecede. Pues, como lo estimó el juez responsable, la esencia de la denuncia materia de la carpeta de investigación fue por fraude especifico no se configuraba en razón de que del artículo 224 en sus fracciones I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establece que por "título oneroso enajene alguna cosa de Ia que no tiene derecho a disponer, o la arriende, hipoteque empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler la cantidad en que la gravó, parte de ello, o un lucro equivalente". Pues considero el responsable que de los datos que surgieron de la propia investigación del fiscal, quedaba claro que la persona que aparece como indiciado Reymundo Peña Rangel en la carpeta de investigación, efectivamente quedo acreditado que había vendido previo a la celebración del contrato del once de julio de dos mil diecinueve, o en su caso traspasó el dominio a la diversa persona de nombre Lucero Esmeralda Olivas Mendoza y después de esa compraventa, le vende el once de julio de dos mil diecinueve al aquí quejoso ostentándose como dueño, sin embargo, la misma Lucero Esmeralda Olivas Mendoza quien cabe precisar, es cónyuge de Reymundo Peña Rangel, fue quien recibió, al parecer como pago varios cheques por diversas cantidades de esa supuesta compraventa, ello por acuerdo verbal de los contratantes, al parecer por que el indiciado no podía ir al banco a cobrar esos cheques Considerando así el juez responsable que en esa tesitura aun cuando el inmueble estuviera a nombre de Lucero Esmeralda Olivas, previo a la compraventa realizada por su cónyuge Reymundo Peña Rangel, al haber sido ella quien había recibido el pago, es decir, para la materia penal estimó convalidada dicha circunstancia, por lo que con ello desestimo que hubiera un engaño, porque el mismo se desnaturalizó, puesto que al momento de aceptar tanto el vendedor como el comprador el entregarle dichos cheques por diversas cantidades a esta, determinando también que Lucero Esmeralda Olivas y Reymundo Peña Rangel, eran misma parte, aun cuando este último hubiese trasladado el dominio del inmueble previo a la venta y que no tenía la facultad de venderlo, dado que los cheques se expidieron a nombre de Lucero Esmeralda Olivas Mendoza y ella los recibió de conformidad, siendo el engaño pues la base del fraude, aun cuando sea fraude específico que así los ha nombrado la doctrina, pues la base del fraude sigue siendo el engaño. Asimismo, el juez responsable valoró que dichos cheques fueron emitidos en fecha previa al contrato y que había sido expuesto que los mismos carecían de fondos, por lo que estimó con ello que tampoco había quedado acreditado en la carpeta de investigación que hubiera habido un detrimento en el patrimonio de la víctima, lo cual como bien lo consideró es otro de las notas distintivas o elementos del fraude del 224, fracción I. Además, se estima correcto que de los datos expuestos en la audiencia el juez responsable considero que tampoco se acreditaba el dolo penal por lo que estimo que la actuación del Ministerio Público efectivamente estaba acorde a las circunstancias que emitió en relación a la fracción I del 224, aunado a que en cuanto a la fracción V, no se acreditaba porque no había ninguna construcción en la finca, lo que estimo corroborado con lo dicho por la propia víctima en su declaración ante representación social y por la Ingeniero María Elena Villanueva, quien también precisó que el valor del predio era de ciento catorce mil doscientos pesos, además de que también fue expuesta la manipulación de la que fue objeto el contrato de compraventa celebrado entre las partes. Bajo esas razones, se estima correcto lo resuelto por el Juez de Control y por ende infundados los conceptos de violación encaminados a controvertir que la responsable omitió pronunciarse respecto de que la representación no realizó suficientes actos de investigación, pues medularmente se advierte que el juez responsable corroboró que con los actos de investigación efectuados hasta ese momento, quedaba acreditado que el hecho no constituía delito lo que se estima acorde a los previsto por el artículo 327 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que no se daban los elementos del delito de fraude especifico. Finalmente, al ser improcedente la acción penal, ningún fin práctico tendría continuar con las investigaciones que pudiera solicitar la parte denunciante. Especialmente, en razón de que la finalidad del Juez de Control al revisar las omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, lo cual, en el caso no sucedió, pues convalidó la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2017641, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." [Lo resaltado es propio] De igual forma el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.5o.P.67 P (10a.), con número de registro 2017509, que dice: "ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR DEL MINISTERIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL AGOTARSE EN SU CONTRA EL RECURSO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL PROPIO CÓDIGO, ES EN LA AUDIENCIA DE CONTROL RELATIVA DONDE DEBEN DESTACARSE LAS OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y QUE TRASCENDIERON AL SENTIDO DE AQUELLA DETERMINACIÓN MINISTERIAL. Bajo el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, existe la etapa de investigación, cuya parte inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; en ella, el órgano técnico ministerial tiene el deber de investigación penal, por ende, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. En este sentido, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial puede legalmente culminar y/o determinarse, entre otras hipótesis, con un no ejercicio de la acción penal, bajo un criterio de oportunidad, reserva o archivo temporal o por medio de una abstención de investigar (artículo 253 del código invocado). De ahí que cuando se impugna esta última decisión, al agotarse en su contra el recurso previsto en el artículo 258 de dicho código, es menester que en la audiencia de control relativa, se destaquen, por la parte procesal correspondiente, las omisiones en que haya incurrido el Ministerio Público en la investigación de los delitos y que hayan trascendido para resolver en tal sentido dicha abstención; ello es así, porque la audiencia de control indicada es la oportunidad para que el impugnante controvierta esas omisiones, para que el órgano de control judicial advierta si efectivamente el actuar del órgano investigador tuvo justificación o no y, además, si influyeron en la decisión ministerial asumida." [Lo resaltado es propio] En resumidas cuentas, se estima que la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, valoró todos los agravios que refirió la parte impugnante y lo manifestado por la representación social, conforme al principio de contradicción y resolvió dando los motivos y fundamentos necesarios para confirmar el no ejercicio de la acción penal. Por tanto contrario a lo aducido por la parte quejosa, el Juez de Control, actuó conforme a lo dispuesto en los artículos 1°, 8º, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 255, 258 y 327, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; razones por las cuales, se le dio acceso efectivo a la justicia al peticionario de amparo en la audiencia reclamada, tal como se ha establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los criterios internacionales citados en la presente determinación. En consecuencia, como se adelantó, al resultar infundados los motivos de disenso propuestos por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional. En lo concerniente a los alegatos que formula el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este órgano jurisdiccional y Reymundo Peña Rangel, no se encuentra vinculado a estudiarlos, ya que sólo constituyen manifestaciones subjetivas a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia; máxime que, dicha obligación únicamente se surte cuando se hagan valer causales de improcedencia, sin que en el caso, se actualice tal hipótesis. Tiene aplicación la jurisprudencia (I Región) 8o. J/2 (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, publicada en la página 1809, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA DE ANALIZARLOS CONFORME AL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es cierto que, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 27/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 14, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", en la que consideró que no podía constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos, toda vez que no había sido esa la intención del legislador, también lo es que, acorde con la redacción del artículo 181 de la Ley de Amparo vigente, al admitir la demanda, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito ordenará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten los alegatos respectivos o promuevan amparo adhesivo. Por tanto, en el nuevo ámbito temporal de la legislación de la materia, la intención del legislador fue incluir la figura jurídica de los alegatos dentro del juicio de amparo directo como un derecho procesal de las partes, con la finalidad de brindar una mayor concentración, en aras de lograr una justicia completa para cada uno de los involucrados en ese juicio y así respetar el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17, primero y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dar oportunidad a las partes de fortalecer su punto de vista, por lo que el órgano colegiado, al emitir la sentencia respectiva, debe pronunciarse respecto de los alegatos, bajo ciertas reglas, pues soslayarlo iría en contra de la naturaleza del artículo 181 citado. En ese orden de ideas, si el alegante obtiene una resolución a su favor, serán inatendibles sus planteamientos, ya que por el sentido alcanzado en el fallo, es innecesario pronunciarse al respecto; lo mismo ocurrirá si en aquéllos se introducen aspectos en los que pretenda mejorar o alcanzar un beneficio mayor al ya obtenido, pues para ello debe promoverse el medio de impugnación idóneo; pero deberán tomarse en cuenta cuando aludan a causales de improcedencia, ya sea para desestimarlas o para declararlas fundadas pues, además, ese aspecto es una cuestión de orden público y estudio preferente, lo hagan valer o no las partes. Finalmente, cuando quien promueva los alegatos no obtenga una sentencia favorable o no se ubique en los supuestos anteriores, el tribunal podrá desestimarlos, remitiéndose a las consideraciones de la propia ejecutoria, o bien, mediante un pronunciamiento concreto al respecto." Por lo antes expuesto, se; R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Lino Carmona Pedraza, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en materia Penal, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado HECTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado JESÚS MANUEL MORA BUSTILLOS, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta firmado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, remitiendo la transcripción de la audiencia de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, así como el índice cronológico respectivo, como expresamente se le solicito mediante proveido de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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