Jose Lima Cobos
Expediente 301/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Lima Cobos
Actuaciones
- Principal
Se agrega oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al cual se adjunta los autos del juicio de amparo 301/2020 y remite el testimonio de la resolución, y se hace del conocimiento de las partes que la superioridad determinó declarar infundado el medio de impugnación hecho valer. Se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido. Se ordena Destruir el expediente principal, y sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento y que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
Se agrega a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto en el presente asunto y se registró bajo el número 405/2020; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ******, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja; ríndase el informe correspondiente y remítase el juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado que corresponda. Sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el expediente original para la substanciación del medio de impugnación interpuesto.
- Principal
La demanda de amparo promovida por José *****, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito, con sede en esta ciudad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 301/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del escrito de demanda se advierte que el promovente de amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: "Acuerdo dictado en la audiencia de las once horas con treinta minutos del día dieciséis de octubre de dos mil veinte por el que determina que en virtud de que por acta circunstanciada: PROSPERO ****, OSCAR ***** Y JOSÉ *****, estos dos últimos presidente y tesorero del comisariado del poblado San Marcos, municipio de Tamiahua, Veracruz, no tienen domicilio en el poblado, ordena girar oficios a la comisión federal de electricidad, delegación de tránsito del Estado, al Instituto Nacional Electoral para que proporcione los domicilios que tenga registrados en sus archivos" ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que la Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la Juicio de Amparo 301/2020-I. certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, el concepto de irreparabilidad ha sido definido atendiendo los lineamientos siguientes: a). Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; y, b). No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza Juicio de Amparo 301/2020-I. adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para este juzgador federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En el presente caso, la parte quejosa impugna a través de la vía de amparo indirecto, la determinación de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente 46/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito, con residencia en esta ciudad, a través de la cual determinó que no se contaba con los domicilios de Prospero Castellanos, Oscar González Aguilar Y José Gutierrez, estos dos últimos en su carácter de Presidente y Tesorero del Comisariado del Poblado San Juicio de Amparo 301/2020-I. Marcos, municipio de Tamiahua, Veracruz, por lo que se determinó girar oficios a la Comisión Federal de Electricidad, Delegación de Tránsito del Estado y al Instituto Nacional Electoral, para la obtención de ellos. En ese tenor, quien esto resuelve estima que el presente juicio de amparo contra la determinación reclamada es improcedente, ya que no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues el hecho de que se hubiese determinado que no cuenta con los referidos domicilios y se proceda a su investigación, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, pues la afectación al interés jurídico que pudiera producir el acto reclamado está supeditado al resultado final del juicio, ya que la sentencia que se dicte en el mismo puede ser favorable a los intereses de la parte agraviada, y así, en caso de que hubiera existido alguna violación en la resolución que se reclama, ésta sería inocua ante ella. Además, en caso de obtener una sentencia no favorable a sus pretensiones, si la violación trascendió al resultado del fallo, podrá la inconforme reclamarla en el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra dicho fallo. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si la amparista logra una sentencia favorable, las violaciones de las que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Apoya lo expuesto, por analogía, la siguiente tesis de la Octava Época, visible en la página 439 del Semanario Judicial de la Federación, VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, en materia civil común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento." De igual forma, la tesis visible en la página 280 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, en materia común, de la Octava Época, registro 216278 cuyo soma y texto son: "ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE, CASO EN QUE NO SE DA LA HIPOTESIS DE. Para que el acto de autoridad tenga las características de un acto de imposible reparación, es necesario que el acto reclamado tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose que los actos procesales tienen esa característica, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata; lo que no acontece cuando se ordena el desahogo de la prueba documental mediante el informe que deba rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros sobre las quejas presentadas contra el demandante del amparo, pues se trata de hechos que no afectan ningún derecho fundamental de este último." (Lo subrayado es propio) En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 749, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro 394705, de epígrafe y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Adrián Lima Pérez y Sergio Martínez Gutiérrez; ello, por así haber sido solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON EL JUICIO EN LÍNEA. Conforme al artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de su firma electrónica FIEL o FIREL esta última se puede tramitar a través de la app (aplicación FIREL), firma con la que estarán en posibilidad de promover en línea, así como de solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. O bien, proporcionen una diversa forma de contacto, como correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación que para tal efecto se levante. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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