Jose Liborio Garcia Tencos
Expediente 723/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Liborio Garcia Tencos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
seis de noviembre de dos mil veintitrés. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto dictado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción I, del acuerdo general señalado. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción III, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsa el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente a quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA A los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/111065/2023 remitido por la Directora del Centro Penitenciario de Puebla; en virtud que por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el mismo y acordado lo conducente. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación no se integrará al expediente físico, pues no es indispensable para el impulso procesal de esta medida cautelar. CÚMPLASE
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por rendidos dichos informes para los efectos legales a los que haya lugar. PRUEBA. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable 2. Directora del Centro Penitenciario de Puebla la documental que anexa a su informe de ley. SOBRESEENTO FUERA DE LA AUDIENCIA Ahora bien, de la revisión de las constancias que integran este sumario constitucional, el suscrito juez federal, advierte que respecto del acto aquí reclamado consistente en la detención forzada del que fue objeto el quejoso; sin embargo una vez recabado el informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que dentro de la carpeta judicial administrativa no existió orden de detención en contra del quejoso. Por tanto, se establece que no existió orden de detención por caso urgente o en flagrancia y tampoco existió resolución que califica el control de la detención; pues, del informe justificado se desprende que el quejoso fue detenido al ejecutarse una orden de aprehensión en su contra, por el hecho que pudiera ser configurativo del delito de En tal sentido, respecto a la detención del quejoso por cumplirse una orden de aprehensión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVde la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En materia penal la libertad personal puede restringirse por diversos motivos, y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción de la libertad se llama situación jurídica y cada una de ellas por tener características peculiares no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad (situación jurídica) excluye a la que le antecedió. En efecto, si bien, el quejoso reclamó la detención forzada llevada a cabo desde el doce de junio de dos mil veintitrés; lo cierto es que de los antecedentes que narró el juez responsable, al rendir su informe justificado, se aprecia que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se detuvo al promovente de amparo, en cumplimiento a una orden de aprehensión por los hechos que la ley señala como delito de previsto y sancionado por los artículos en relación con los diversos y fracción todos del Código Penal para el Estado de Puebla, dentro de la causa penal Luego, mediante audiencia inicial celebrada el veintidós de junio del mismo año, le dictó auto de vinculación a proceso, por dicho delito; y, en la misma audiencia se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada. Ahora, el precepto 61, fracción XV de la Ley de Amparo, antes citado, establece la imposibilidad de analizar en el juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica se consideran irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, al no poder decidir en relación con las mismas sin afectar la nueva situación. Hipótesis que se actualizó en el caso que nos ocupa, porque el dictado del auto de vinculación al imputado en el procedimiento de origen impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado que se hizo consistir en la detención forzada del quejoso; en tanto que la situación jurídica que ésta originó ya no subsiste, al haberse dictado el auto de vinculación a proceso en su contra, el cual actualmente rige en el citado proceso, siendo éste el acto que ahora afecta sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, pues como se indicó, la detención no fue en flagrancia o por caso urgente, sino que fue precedida por una orden de aprehensión. Es así porque cualquiera que sea la condición vinculada con la libertad del quejoso, necesariamente genera un cambio en la situación jurídica que guardaba antes de la ejecución de la orden de aprehensión. De ahí que, si inicialmente se reclamó la detención forzada por considerar que la misma importaba violaciones a sus derechos fundamentales, y con posterioridad aparece que en la causa penal se definió su situación jurídica con la emisión del auto de vinculación a proceso, entonces, esta resolución es la que rige la situación jurídica del quejoso y que afecta sus derechos actualmente. Por tanto, se generó un cambio que conlleva no poder resolver respeto a las violaciones que alega el promovente de amparo, en tanto que aquellas no podrían estudiarse sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse auto de vinculación a proceso, tomando en cuenta que ante ello se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera que se cometieron. Sustenta lo anterior el siguiente criterio: En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por rendidos dichos informes para los efectos legales a los que haya lugar. PRUEBA. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable 2. Directora del Centro Penitenciario de Puebla la documental que anexa a su informe de ley. SOBRESEENTO FUERA DE LA AUDIENCIA Ahora bien, de la revisión de las constancias que integran este sumario constitucional, el suscrito juez federal, advierte que respecto del acto aquí reclamado consistente en la detención forzada del que fue objeto el quejoso; sin embargo una vez recabado el informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que dentro de la carpeta judicial administrativa no existió orden de detención en contra del quejoso. Por tanto, se establece que no existió orden de detención por caso urgente o en flagrancia y tampoco existió resolución que califica el control de la detención; pues, del informe justificado se desprende que el quejoso fue detenido al ejecutarse una orden de aprehensión en su contra, por el hecho que pudiera ser configurativo del delito de En tal sentido, respecto a la detención del quejoso por cumplirse una orden de aprehensión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVde la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En materia penal la libertad personal puede restringirse por diversos motivos, y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción de la libertad se llama situación jurídica y cada una de ellas por tener características peculiares no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad (situación jurídica) excluye a la que le antecedió. En efecto, si bien, el quejoso reclamó la detención forzada llevada a cabo desde el doce de junio de dos mil veintitrés; lo cierto es que de los antecedentes que narró el juez responsable, al rendir su informe justificado, se aprecia que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se detuvo al promovente de amparo, en cumplimiento a una orden de aprehensión por los hechos que la ley señala como delito de previsto y sancionado por los artículos en relación con los diversos y fracción todos del Código Penal para el Estado de Puebla, dentro de la causa penal Luego, mediante audiencia inicial celebrada el veintidós de junio del mismo año, le dictó auto de vinculación a proceso, por dicho delito; y, en la misma audiencia se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada. Ahora, el precepto 61, fracción XV de la Ley de Amparo, antes citado, establece la imposibilidad de analizar en el juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica se consideran irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, al no poder decidir en relación con las mismas sin afectar la nueva situación. Hipótesis que se actualizó en el caso que nos ocupa, porque el dictado del auto de vinculación al imputado en el procedimiento de origen impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado que se hizo consistir en la detención forzada del quejoso; en tanto que la situación jurídica que ésta originó ya no subsiste, al haberse dictado el auto de vinculación a proceso en su contra, el cual actualmente rige en el citado proceso, siendo éste el acto que ahora afecta sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, pues como se indicó, la detención no fue en flagrancia o por caso urgente, sino que fue precedida por una orden de aprehensión. Es así porque cualquiera que sea la condición vinculada con la libertad del quejoso, necesariamente genera un cambio en la situación jurídica que guardaba antes de la ejecución de la orden de aprehensión. De ahí que, si inicialmente se reclamó la detención forzada por considerar que la misma importaba violaciones a sus derechos fundamentales, y con posterioridad aparece que en la causa penal se definió su situación jurídica con la emisión del auto de vinculación a proceso, entonces, esta resolución es la que rige la situación jurídica del quejoso y que afecta sus derechos actualmente. Por tanto, se generó un cambio que conlleva no poder resolver respeto a las violaciones que alega el promovente de amparo, en tanto que aquellas no podrían estudiarse sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse auto de vinculación a proceso, tomando en cuenta que ante ello se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera que se cometieron. Sustenta lo anterior el siguiente criterio: En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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