José Leopoldo López Guillén

Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • José Leopoldo López Guillén

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Zacapu, Michoacán, a través del cual acusa de recibo del diverso en el que remitió los tomos de pruebas y DVD, que adjuntó como sustento a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual acusa de recibo del diverso en el que se informó que la sentencia dictada en el presente sumario había causado ejecutoria, asimismo que fue recibido el toca de apelación I-129/2022. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.********************CAUSA EJECUTORIA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa.********************En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente.********************TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE********************Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos.********************DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE.********************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha.********************DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS********************Finalmente, devuélvanse al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad copias certificadas del toca civil número ********************.********************Asimismo, devuélvase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán las copias certificadas del juicio sumario civil sobre división y partición de cosa común número ********************, formada en cuatro tomos, así como un disco óptico.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 699/2022-III, promovido por José Leopoldo López Guillén o Leopoldo López Guillén, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: ...y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO....SEGUNDO...TERCERO... CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, ni que se advierta de oficio, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se hace la siguiente relatoría que se desprende de las constancias allegadas al sumario: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Zacapu, Michoacán, se substanció el juicio sumario civil 476/2002, sobre división y partición de cosa común, promovido por Fortino y Salvador, ambos de apellidos López Guillén, en contra de Leopoldo López Guillén. 2. El cuatro de julio de dos mil dos, se emitió sentencia que declaró improcedente la acción intentada y absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas. 3. Inconformes, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que fue resuelto el diecisiete de octubre de dos mil dos, en el sentido de revocar la sentencia impugnada al considerar acreditados los elementos constitutivos de la acción, por lo que ordenó la división de la copropiedad o, en su caso, la adjudicación o venta en etapa de ejecución, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "En mérito de lo expuesto, se revoca la sentencia definitiva apelada, para regirse en lo sucesivo por los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. -SEGUNDO. Los actores Fortino y Salvador López Guillén probaron los elementos constitutivos de la acción de división de cosa común que ejercitaron en contra de Leopoldo López Guillén, cuyas excepciones y defensas resultaron improcedentes; en consecuencia: - TERCERO. Se ordena la división de la copropiedad de que se trata o, en su caso, la adjudicación o venta del referido inmueble, en términos de los artículos 857 del Código Civil, y 783 del Código de Procedimientos Civiles, lo que deberá hacerse en la etapa relativa a la ejecución de esta sentencia. - CUARTO. Se condena al demandado al pago de las costas de esta primera instancia. - QUINTO. Notifíquese personalmente." 4. El veintinueve de noviembre de dos mil dos, atento a lo peticionado, se ordenó requerir al demandado para que en el término de tres días contados (a partir del día siguiente en que causara estado ese auto), diera cumplimiento voluntaria a la sentencia dictada por la superioridad. 5. Ante la omisión del accionado, en proveído de diez de diciembre de dos mil dos, se señaló fecha y hora para que tuviera lugar la junta de avenimiento entre las partes. 6. Dicha junta no se llevó a cabo y en auto de uno de abril de dos mil cinco, acorde a lo solicitado por la parte actora, se volvió a señalar fecha para la mencionada junta, la que tampoco se verificó. 7. Los actores continuaron promoviendo en la ejecución de sentencia, hasta el cuatro de abril de dos mil cinco, en que se señaló fecha para la audiencia de avenencia que no pudo celebrarse. 8. El veintiséis de mayo de dos mil cinco, se ordenó el archivo del expediente y su depósito definitivo. 9. Por escrito de veintidós de abril de dos mil dieciséis, los actores solicitaron extraer el expediente del archivo para promover [en la ejecución]. 10. Mediante auto de uno de junio de dos mil dieciséis, se ordenó notificar a las partes para que instaran en el procedimiento, bajo el apercibimiento de remitir el asunto de nueva cuenta al archivo judicial. Asimismo se ordenó requerir a los actores promoventes para que ratificaran su escrito presentado con antelación. 11. El veinte de enero de dos mil diecisiete, los accionantes solicitaron el cumplimiento de lo sentenciado y el envío del expediente a la Notaría Pública número 119, para su protocolización. 12. A esa petición recayó el auto de veinticinco siguiente, en el que se negó lo peticionado porque aún no se había celebrado la junta que establece el artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles. 13. Luego, atento a lo solicitado por los promoventes, el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, se señaló día y hora para que tuviera lugar la referida junta, por lo que se ordenó notificar personalmente a las partes. El demandado fue notificado personalmente por conducto de su mandatario judicial, Marcos Hernández Enríquez. 14. Ante la incomparecencia de Leopoldo López Guillén, en auto de doce de junio de dos mil diecisiete, se designó partidor del bien materia de la división decretada. 15. Sin embargo, el trece siguiente se dio cuenta con la notificación del demandado efectuada a su mandatario jurídico, quien dejó de tener ese carácter, por lo que se dejó sin efectos lo anteriormente proveído y se fijó nueva fecha para la audiencia de avenencia, ordenando notificar personalmente a las partes. El demandado Leopoldo López Guillén fue notificado personalmente de ello, atento a la constancia levantada por el actuario adscrito. 16. Dicha persona no acudió a la junta en comento, por lo que en auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, se designó como partidor al ingeniero Iván Lozano Madrigal, a quien se requirió para que aceptara y protestara el cargo. 16. En sustitución a dicha persona, en auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se designó a la arquitecta Tania Medina Marcos. 17. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, previo a presentar el proyecto partitorio, se ordenó requerir a las partes para que consignaran el 50% del total de la suma de honorarios que debían cubrirse al perito partidor. Leopoldo López Guillén quedó notificado personalmente el trece siguiente, sin que hubiere cumplido con ese requerimiento. 18. El diez de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por presentado el proyecto de partición del inmueble afecto, por lo que se puso a la vista de las partes por el término de seis días, para que manifestaran lo propio. 19. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobó el proyecto en mención y se ordenó hacer la adjudicación de las fracciones correspondientes a los actores. 20. De acuerdo con lo peticionado, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó enviar el expediente a la Notaría Pública número 119, para la protocolización correspondiente. 21. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, José Leopoldo López Guillén y/o Leopoldo López Guillén promovió incidente sobre declaración de prescripción de la acción para pedir la ejecución de sentencia, bajo el argumento sustancial de que la parte actora dejó de actuar a partir del cuatro de abril de dos mil cinco, en que se verificaría la audiencia de avenimiento que había sido ordenada y fue hasta el quince de marzo de dos mil diecisiete, cuando impulsó la ejecución, al solicitar nueva fecha para la audiencia en comento. Es decir, en opinión del incidentista, se dejó de actuar por más de diez años y, por ende, prescribió la ejecución de sentencia dictada en el natural. 22. A esa promoción recayó el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, que negó la tramitación de la incidencia porque el expediente ya se encontraba para su protocolización en la Notaría Pública. 23. Inconforme, José Leopoldo López Guillén y/o Leopoldo López Guillén promovió demanda de amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito, en el expediente 905/2018, en el que se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, medularmente, para el efecto de que se proveyera sobre la procedencia o no del incidente relativo. Dicha ejecutoria quedó firme el diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 24. En acatamiento a lo anterior, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se dejó insubsistente el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, y se admitió a trámite el incidente sobre declaración de prescripción de la acción para pedir la ejecución de sentencia definitiva, por lo que ordenó correr traslado a la parte incidentada. 25. Seguida la incidencia por todas sus etapas, el once de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó interlocutoria que la declaró infundada. El juzgador estimó que si bien asiste razón jurídica al incidentista (en torno al tiempo transcurrido), omite señalar que no ha comparecido a las citaciones que se le han hecho, se admitió el proyecto de partición y se envió el expediente a la Notaría Pública para la protocololización (de la división declarada en sentencia), con lo que se dio seguimiento a la ejecución de sentencia. Esto porque, señaló, después de que no tuvo lugar la junta de avenencia el veintiséis de mayo de dos mil cinco, se remitió el asunto al archivo judicial, sin que las partes hubieran promovido trámite alguno, no obstante haber sido requeridas en dos ocasiones posteriores a esa data. Sin embargo, dijo, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se impulsó la ejecución a través de la petición de los actores de enviar los autos a la Notaría Pública para su protocolización; para luego, en veintiuno de marzo de ese año, señalar nueva fecha para el desahogo de la audiencia de avenimiento, la que fue notificada oportunamente a las partes. Por ello, estimó, a partir de esta última data, se dio seguimiento al trámite de ejecución, pues ante la incomparecencia del sentenciado, se nombró partidor, se designó perito y se enviaron los autos a la Notaría Pública. De suerte que, acotó, el término de diez años fue interrumpido por el auto en el que se reinició la ejecución, virtud de la falta de interés jurídico del que está en vías de prescripción, al no hacer valer su reclamo en tiempo oportuno, dado que la prescripción opera a la petición de parte. Además, precisó, efectivamente pasaron diez años del cuatro de abril de dos mil cinco, cuando se fijó día y hora para el desahogo de la junta de avenimiento, y el quince de marzo de dos mil diecisiete, en que la parte actora nuevamente dio impulso para continuar con el trámite de ejecución de sentencia. Sin embargo, dicho término fue interrumpido por auto en que se reinició la ejecución, sin que hubiere comparecido el demandado, lo que tiene como efecto hacer ineficaz el tiempo transcurrido. De ahí que, estimó el juez, la acción para solicitar la ejecución de las sentencia, sólo está sujeta a la figura de la prescripción, pues las acciones, a diferencia de los derechos procesales, no precluyen, sino únicamente se encuentra limitados por la prescripción. De manera que si se reinició el trámite de ejecución de sentencia, con la violación procesal a que se hace alusión [el transcurso de más de diez años], debió presentar su reclamo en tiempo oportuno, para hacer valer su observación, dado que la prescripción requiere necesariamente la instancia de parte. Por lo anterior, declaró infundado el incidente formulado y ordenó continuar con la ejecución de sentencia, acorde a las proposiciones siguientes: "PRIMERA. Resultó infundado el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, interpuesto por el demandado José Leopoldo López Guillén y/o Leopoldo López Guillén, por propio derecho; en consecuencia; SEGUNA. Se ordena dar continuidad al trámite de ejecución de sentencia. TERCERA. No se impone especial condena en costas judiciales de esta instancia. CUARTA. No se hace condena en gastos y costas.". 27. Inconforme, el incidentista interpuso recurso de apelación; sin embargo, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se negó su procedencia, al haberse realizado fuera del término de tres días que prevé el artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles. 28. En contra de esa determinación, el citado promovente interpuso recurso de queja cuyo conocimiento correspondió a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, en el expediente toca III-2/2020, en el que se emitió sentencia el siete de febrero de dos mi veinte, en el sentido de declarar infundado el medio de impugnación y confirmar el auto recurrido. 29. Contra dicha resolución, el demandado promovió nueva demanda de amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió a este órgano jurisdiccional en el expediente 234/2020, en el que se dictó sentencia protectora para el efecto medular de que, con plenitud de jurisdicción, el Magistrado responsable dictara una nueva resolución acorde a la normatividad procesal vigente el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en que se interpuso el recurso de apelación. Dicha sentencia causó ejecutoria el seis de octubre de dos mil veintiuno. 30. En cumplimiento a lo anterior, el doce de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia de segunda instancia que declaró fundado el recurso de queja y revocó el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. 31. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de apelación hecho valer en contra de la interlocutoria de once de noviembre de dos mil diecinueve. 32. De ese medio de impugnación correspondió conocer, por razón de turno, a la Séptima Sala Civil, en el expediente toca I-129/2022, en el que se dictó sentencia el uno de junio de dos mil veintidós, en el sentido de confirmar la interlocutoria dictada en autos. El Magistrado resolutor estimó que la ejecución de la sentencia se retomó en el auto quince de marzo de dos mil diecisiete, cuando ya habían transcurrido más de diez años para que operara la prescripción; sin embargo, dijo, el recurrente debió promover su incidencia dentro de los tres días siguientes a la efectiva notificación del acuerdo relativo, sin que ello hubiere acontecido. Pues, resaltó, fue hasta el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, cuando ya había corrido todo el trámite de la división, partición, adjudicación y remisión del expediente a la Notaría Pública, que formuló su incidente de prescripción. De manera tal que, señaló, desde la época en que se retomó la actividad procesal en ejecución de sentencia hasta la presentación del incidente, el apelante no planteó cuestión alguna relacionada con la reanudación de la actividad jurisdiccional en ejecución de sentencia. Máxime que, dijo, la figura de la prescripción opera a instancia de parte y el juzgador se encuentra impedido para analizarla oficiosamente, para no dejar al pasivo la determinación de hacer valer o no dicha figura, pues corresponde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el obligado. De ahí que el Magistrado resolutor estimara que la interlocutoria impugnada no es contradictoria, porque efectivamente transcurrieron los diez años que contempla la ley para que operara la prescripción; empero, a pesar de que se actualizaba dicha figura jurídica, no surtió efectos porque el apelante no la hizo valer oportunamente. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los agravios esgrimidos, determinó confirmar la interlocutoria recurrida y así lo plasmó en los puntos resolutivos que enseguida se transcriben; "PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso. SEGUNDO. Las desavenencias expuestas por el demandado e incidentista, resultaron infundadas para el efecto pretendido. TERCERO. En consecuencia, se confirma en sus términos la sentencia interlocutoria recurrida. CUARTO. No se hace especial condena al pago de costas con motivo de la tramitación de esta segunda instancia.". Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación el quejoso argumenta que la sentencia reclamada es contradictoria, pues por una parte reconoce que sí transcurrieron más de diez años sin actividad procesal, operando la prescripción y, por otra parte, niega la procedencia del recurso de apelación confirmando la sentencia interlocutoria impugnada. Forma de resolver que, en opinión del peticionario de amparo, constituye una contradicción interna como externa, porque internamente reconoce la prosperación de los agravios y niega la procedencia del recurso. Dicho planteamiento es ineficaz. Para justificar lo anterior, es necesario precisar que el artículo 17 de la Constitución Federal, instituye el principio de congruencia que rige el dictado de las sentencias en un juicio, el cual consiste en que esas resoluciones deben emitirse de conformidad con la litis planteada. Es decir, atento a lo formulado por las partes y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. Así, el indicado principio posee dos aspectos fundamentales que debe contemplar todo juzgador al momento de emitir la sentencia que resolverá en su carácter definitivo, el litigio sujeto a su conocimiento. El primer aspecto es denominado "congruencia externa", consistente en que la resolución deberá dictarse en concordancia con las prestaciones deducidas en la demanda y con las excepciones esgrimidas en la contestación a la misma, formuladas por las partes respectivamente. Es decir, que deberá sujetarse a la litis que en el caso particular se fije. Mientras que el segundo denominado "congruencia interna" se refiere a que la sentencia no puede contener decisiones o afirmaciones contradictorias entre sí, es decir, que las consideraciones deben ser coherentes en su desarrollo y su resolución. Por otra parte, el referido numeral 17 constitucional prevé el principio de exhaustividad, el cual implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, teniendo en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio. Además, se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que, en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad, deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales debían ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución materialmente jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Adicionado a lo anterior, el más Alto Tribunal también ha considerado que tratándose de la fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales, se cumple con el requisito si los razonamientos expuestos involucran o conducen a las normas aplicadas, al margen de que éstas se citen expresamente. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.". En el caso, se recuerda que la parte quejosa impugna en este juicio constitucional la resolución de uno de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 129/2022, que confirma la interlocutoria de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del incidente sobre declaración de prescripción de acción para pedir la ejecución de sentencia. A través de la interlocutoria en mención se declaró infundada la incidencia y, por ende, ordenó continuar la tramitación de la ejecución de sentencia. Luego, como se expuso a supra líneas, el Magistrado resolutor estimó que la ejecución de la sentencia se retomó en el auto quince de marzo de dos mil diecisiete, cuando ya habían transcurrido más de diez años para que operara la prescripción; sin embargo, dijo, el recurrente debió promover su incidencia dentro de los tres días siguientes a la efectiva notificación del acuerdo relativo, sin que ello hubiere acontecido. Pues, resaltó, fue hasta el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, cuando ya había corrido todo el trámite de la división, partición, adjudicación y remisión del expediente a la Notaría Pública, que formuló su incidente de prescripción. De manera tal que, señaló, desde la época en que se retomó la actividad procesal en ejecución de sentencia hasta la presentación del incidente, el apelante no planteó cuestión alguna relacionada con la reanudación de la actividad jurisdiccional en ejecución de sentencia. Máxime que, dijo, la figura de la prescripción opera a instancia de parte y el juzgador se encuentra impedido para analizarla oficiosamente, para no dejar al pasivo la determinación de hacer valer o no dicha figura, pues corresponde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el obligado. De ahí que el Magistrado resolutor estimara que la interlocutoria impugnada no es contradictoria, porque efectivamente transcurrieron los diez años que contempla la ley para que operara la prescripción; empero, a pesar de que se actualizaba dicha figura jurídica, no surtió efectos porque el apelante no la hizo valer oportunamente. Como se observa, no asiste razón jurídica al peticionario de amparo en su argumento de falta de congruencia interna de lo así resuelto. Es así porque el Magistrado resolutor consideró que transcurrieron los diez años para que operara la prescripción, empero, dijo, dicha figura no puede surtir sus efectos legales porque la incidencia para reclamar la actualización de dicha figura, no se hizo valer en tiempo a partir de que el incidentista quedó debidamente notificado de la reanudación de la actividad procesal en ejecución. Es decir, para negar la procedencia del incidente, la responsable ordenadora se sustentó en una figura diversa (preclusión), relacionada con la pérdida del derecho procesal del quejoso para hacer valer, dentro del juicio natural, la prescripción de la acción, para ejecutar el fallo firme decretado (derecho sustantivo). En efecto, la preclusión constituye la pérdida de un derecho procesal por no haber sido ejercido en el momento oportuno. Tal institución, se encuentra prevista en el artículo 105 de la ley adjetiva civil en la entidad y para su existencia, es necesario que haya transcurrido el plazo fijado por la ley para realizar un acto dentro del proceso; concluido aquél, ese derecho no podrá objetarse. Al respecto, el Alto Tribunal ha adicionado que dicha figura se actualiza cuando la ley concede la oportunidad de ejercer nuevamente la misma facultad, extinguiéndose entonces el derecho que se había adquirido con su ejercicio inicial. Así se observa en la tesis siguiente: "PRECLUSIÓN. CONCEPTO Y CASOS EN QUE OPERA ESTE PRINCIPIO EN LA LEY PROCESAL MEXICANA. La ley mexicana no deja al arbitrio de las partes elegir el momento para realizar los actos procesales que les incumben, ya que las normas que regulan el proceso no sólo previenen la forma de los actos propios del mismo, sino el momento en que deben llevarse a efecto, para su ordenado desenvolvimiento. Así vemos que este efecto producido en el proceso constituye el principio preclusivo que rige en las diferentes fases o periodos procesales; razón por lo que es conveniente puntualizar los casos en que la citada preclusión tiene lugar, los cuales son: a) Cuando no se observa el orden señalado en la ley para el ejercicio de una facultad procesal; b) Cuando se realiza un acto incompatible con el ejercicio de esa facultad; c) Cuando ya se ha ejercitado la facultad procesal de que se trata, y d) Cuando por permitirlo la ley se ejercita nuevamente la multicitada facultad, agotándose entonces el derecho o derechos que se habían adquirido con el ejercicio inicial de aquella facultad. Caso este último dentro del que encaja el que se encuentra sometido a estudio, ya que el derecho de la demandada y ahora quejosa para que se declarara confeso a su esposo, precluyó por haber vuelto a ejercitar en segunda instancia la misma facultad de ofrecer la prueba de confesión.". Por otra parte, la prescripción constituye una institución a través de la cual, es posible adquirir bienes (positiva) o librarse de obligaciones (negativa), por el simple transcurso del tiempo y con la satisfacción de las limitantes establecidas por la ley. Así lo dispone el artículo 406 del Código Civil del Estado, acorde al cual dicho instituto opera respecto de derechos sustantivos y no adjetivos; empero, tal regla tiene una excepción, que se constituye respecto del ejercicio de la acción, puesto que el resto de las prerrogativas no ejercidas en tiempo, son afectadas por diversa figura, como lo es la preclusión. De esta manera, se converge con la apreciación del Magistrado responsable de que precluyó el derecho del incidentista para plantear su incidente, tomando en cuenta que el solo transcurso del tiempo no hace que opere la prescripción, sino que ésta tiene que invocarla a quien beneficia. De modo que al no haber instado oportunamente, no obstante haber sido notificado personalmente de la reanudación del procedimiento después de más de diez años, era inviable declarar procedente la incidencia. Primordialmente, porque transcurrió en exceso el término genérico de tres días hábiles que contempla el artículo 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, contado a partir de la reanudación de la ejecución, para que el aquí quejoso hiciera valer la prescripción de la acción. Atento a esas premisas, este Juzgado Federal estima que el Magistrado responsable declaró correctamente ineficaces los agravios esgrimidos para variar el sentido de la interlocutoria recurrida y, consecuentemente, la confirmó. Ahora si bien, el quejoso acciona en este juicio constitucional bajo el argumento de la violación al principio de congruencia interna y externa de dicha sentencia, como se demuestra, no le asiste razón jurídica a su argumento relativo, cuando que tampoco vierte otro relativo a la congruencia externa que vicia el acto reclamado. De ahí que exista un impedimento técnico para abordar ese extremo. Finalmente, se tiene presente que en su capítulo de antecedentes, el quejoso argumenta que a partir de que se impulsó nuevamente la ejecución de sentencia, se actualizó una violación procesal que, en términos del artículo 745 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, hace improcedente la ejecución al haber transcurrido más de diez años sin que se hubiere promovido. Aunado a que, dice, se encuentra plenamente demostrado que corrió ese lapso de tiempo sin que instara la parte actora, siguiendo su curso el incidente de prescripción. Tales planteamientos son inoperantes por reiterativos. Para sustentar dicho aserto es necesario precisar que, por regla general, la inoperancia de los agravios esgrimidos en un recurso se actualiza cuando se presentó algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, lo cual puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida; o bien, de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, lo que acontece en los supuestos siguientes: a) Al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia recurrida; b) Al introducir argumentos novedosos a la litis del juicio de origen; y, c) Ante la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en la tesis 188/2009 -aplicada por analogía-, localizable en la página 424, Tomo XXX, noviembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUÉLLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". De lo anterior se desprende que uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los agravios en los recursos, se configura cuando dichos motivos de disenso se sustentan en aspectos que ya fueron materia de análisis, reiterando el motivo de inconformidad, sin agregar diverso elemento que abone al examen de legalidad. Por ello se dice que tales motivos de agravio no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la resolución recurrida, sino que se limitan a reiterar lo expuesto en la instancia; de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la determinación recurrida. Dicho en otras palabras, son inoperantes los agravios a través de los cuales se controvierten temas que no fueron abordados en la resolución recurrida, los cuales se consideran reiterativos, en tanto que aun cuando guardan relación con la litis, ya fueron abordados. En ese contexto, es válido sostener que los agravios formulados en el recurso de apelación, necesariamente deben encaminarse a controvertir las consideraciones que sustentan el sentido de la sentencia dictada en la primera instancia, toda vez que esta constituye la materia de análisis en dicho medio de impugnación. Así se observa de la aplicación analógica de la diversa tesis 150/2005, publicada en la página 52, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del referido medio de publicación oficial, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.". En la especie, como ya se expuso, el Magistrado resolutor analizó los agravios del recurso de apelación, los cuales estimó ineficaces para modificar el sentido de la resolución interlocutoria. Ello, bajo la consideración sustancial de que, en efecto, transcurrió el término de diez años para que operara la prescripción de la acción; sin embargo, dijo, ésta no puede surtir efectos al no haberse instado oportunamente por la parte a quien beneficia la pérdida de la obligación. De esta manera, estimó, aun cuando corrió el lapso aludido, la parte actora instó en la ejecución, con lo que se interrumpió el término, dando lugar a una nueva ejecución, respecto de la cual no se inconformó oportunamente el aquí quejoso. De modo que operó en su perjuicio la figura de la preclusión. Así, como se observa, los planteamientos del quejoso que en esta instancia hace valer, ya fueron materia de análisis en la resolución reclamada, sin que abonen algún otro elemento con el cual pueda emprenderse diverso análisis jurídico. Y como queda visto, su argumento relativo a que transcurrió el término de diez años, en realidad fue atendido por la segunda instancia, de modo que sus aseveraciones son inoperantes en este juicio constitucional. Así, al quedar atendidos los planteamientos del quejoso, el cuales resultaron ineficaces para demostrar la ilegalidad de la resolución reclamada, lo que se impone es negar el amparo y protección constitucional solicitada. Sentido del presente fallo que se hace extensivo a la ejecución reclamada, máxime que ésta no se impugna por vicios propios. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por los terceros interesados, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Leopoldo López Guillén y/o Leopoldo López Guillén, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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