Jose Leopoldo Brito Rodriguez

Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
33/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Jose Leopoldo Brito Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SINTESIS DICE: Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. [.] VI. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia amparadora. VII. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. [.] VIII. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó tomo de pruebas por separado. IX. Finalmente, dado que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo antes referido, requiérase a dicha parte a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    PERSONAL (CITATORIO). CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO; EL QUE EN SÍNTESIS DICE: " Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 33/2021-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. [...] En ese sentido, al tratarse de un derecho de estabilidad en el empleo en términos del artículo 43, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por constituir una controversia que se suscita en el plano laboral, no puede considerarse tal actuación u omisión de las autoridades señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. Bajo esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que con respecto a dicho acto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. [...] De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. [...] Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. Que sea emitido por un órgano público, al cual las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 2. Que sea un acto unilateral, a través del cual se cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, una situación jurídica concreta. 3. Que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir en la omisión de pago número tres, del periodo comprendido del veintiuno de enero de dos mil veintiuno al tres de marzo (sic) de dos mil veintiuno, corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre tal autoridad y la parte quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por el aquí recurrente en su escrito de demanda, se desprende que entre él y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, existe una relación laboral2, en tanto manifiesta ser beneficiario de las prestaciones que surgen con motivo de la relación de trabajo prestado en la administración pública estatal, en términos de los artículos 43 y 45 de la Ley del Servicio Civil, citadas en párrafos que anteceden, y por ende, su relación como trabajador al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, queda acreditada. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que entre ambos subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, el quejoso tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en el artículo 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal (como en el caso) con sus trabajadores. Por consiguiente, el acto o determinación combatido por la impetrante de amparo, circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Lo cual se corrobora con las manifestaciones que realiza el quejoso bajo protesta de decir verdad, en la demanda de cuenta; donde textualmente señala: "El suscrito me he venido desempeñándome (sic) como trabajador de la hoy autoridad responsable UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, bajo el número de control de empleado ***.". Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****... DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizados únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a *** y ***. toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la ley de la materia... AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL Asimismo, respecto al medio especiale de comunicación que refiere, dígase al promovente que no ha lugar a tenerlo por señalado; ello, con fundamento en el artículos 26 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho medio de notificación especial no se encuentra previsto por la ley de la materia. No obstante lo anterior, se tiene el correo electrónico proporcionado, como medio de comunicación no procesal con dicha parte. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes."

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