Jose Leonor Lopez Reyes
Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Leonor Lopez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diez horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la suscrita Griselda Italia Flores de León, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa JOSÉ LEONOR LÓPEZ REYES, la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio de amparo número 100/2021, mesa II-B, hago constar: que me constituí en el domicilio ubicado en NÚMERO DIECISIETE DE LA CALLE CUARTA PONIENTE, EN ESTA CIUDAD, por lo que, una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por su ubicación y localización, ya que así se advierte de las placas que obran en las esquinas de las calles, procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso al mismo, por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, en horario de oficina de siete cuarenta y cinco a trece cuarenta y cinco horas, para tal efecto, si es su deseo puede agendar su cita en https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home; o bien contactar a este órgano jurisdiccional por los medios electrónicos señalados en el rubro; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Griselda Italia Flores de León Actuaria Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la suscrita licenciada Griselda Italia Flores de León, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar: que la que la parte quejosa JOSÉ LEONOR LÓPEZ REYES, no compareció, ni agendó cita en https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, para comparecer al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución veintidós de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo número 100/2021, mesa II-B, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veintitrés de marzo siguiente, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió a mi llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación a la parte quejosa JOSÉ LEONOR LÓPEZ REYES. Doy fe.- Lic. Griselda Italia Flores de León. Actuaria Judicial.
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Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, donde se sobreseyó, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152, del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 Artículo 15 Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 214 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 100/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, José Leonor López Reyes, instó la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Gobernador del Estado de Chiapas y otras autoridades, consistentes en la aprobación, expedición y publicación del Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas, por considerar inconstitucional el artículo 12, fracción V; la boleta de infracción folio 3598240, de dieciocho de febrero del presente año y sus consecuencias jurídicas, como son el ilegal cobro de la cantidad en dinero, en relación con el vehículo de su propiedad. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite. Por cuestión de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado de Distrito, el que por auto de diecisiete de marzo de este año, se ordenó registrar bajo el número 100/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional; se desechó parcialmente la misma respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y se admitió a trámite respecto de los restantes actos y autoridades; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó a las autoridades responsables la rendición de su informe José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 ??????????????? justificado. TERCERO. Suspensión y reanudación del trámite debido a la pandemia. El diecisiete de marzo de dos mil veinte el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. El Acuerdo asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. El ocho de junio siguiente, se emitió el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con una vigencia del 16 al 30 de junio de 2020, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de "juicio en línea". Sin embargo, fue a partir del tres de agosto del citado año, que inició la vigencia del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó hacer del conocimiento de las partes procesales. JUICIO DE AMPARO 100/2021 -2- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que encabeza esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos de ejecución de autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene potestad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En este considerando se procede a fijar, de manera clara y precisa, el acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". -3- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 En el caso, de la lectura integral de la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se obtiene que el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, es el siguiente: Del Gobernador del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, se reclama: - La aprobación, expedición y publicación del Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas, por considerar inconstitucional el artículo 12, fracción V de ese ordenamiento. De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía de Tránsito Estatal de nombre Heriberto Baneco López, con número de orden 54645 y Delegado de la Secretaría de Hacienda, en esta ciudad: - La boleta de infracción folio 3598240, de dieciocho de febrero del presente año y sus consecuencias jurídicas, como son el ilegal cobro de la cantidad en dinero, en relación con el vehículo de su propiedad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva, en esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas fehacientes que desvirtuara dicha negativa. -4- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte2, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, resulta inexistente el acto que se atribuye al Delegado de Hacienda en esta ciudad, consistente en el cobro de la multa derivada de la boleta de infracción de tránsito, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, aunque la inexistencia del acto reclamado en cita, no surge por las razones apuntadas por la autoridad responsable, en el sentido de que no fue ella quien realizó el pago de la multa aludida, pues el contexto de la impugnación hecha por la parte quejosa, es evidente que se refiere al cobro de dicha sanción, de manera que utiliza la palabra "pago", como sinónimo de "cobro". Al margen de las distinciones semánticas que tiene cada uno de esos vocablos, no debe perderse de vista que el impetrante utiliza un lenguaje coloquial o costumbrista, que 1 Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. 2 Semanario judicial de la federación, octava época, tomo IV, página seiscientos veintisiete. -5- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 suele prescindir del rigor técnico lingüístico, de manera que el sentido auténtico de sus ideas, se pueden advertir del contexto integral de su exposición. Conforme a ello, es claro que la acción constitucional se dirige en contra de la autoridad exactora por el solo hecho de haber recibido la suma de dinero que representó el pago de la multa en cuestión, lo cual entiende el quejoso como un acto de cobro. Hecha la anterior precisión, se tiene que la recepción del importe cubierto por el impetrante, por virtud de la multa de tránsito que le fue impuesta, no constituye un acto positivo por parte de la autoridad responsable, tendente a hacer efectiva la multa de tránsito de referencia, en tanto no constituye una conducta cuyo fin sea lograr la realización del acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues si el infractor no hiciera entrega del importe inherente a la multa, sólo asumiría las consecuencias de su omisión. Sobre este particular, conviene retomar las razones jurídicas expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el relación con el tema de la autoliquidación de impuestos, pues se trata de un supuesto análogo al pago de multas de tránsito, por tener como presupuesto la acción unilateral del gobernado, al decidir realizar el pago sin mediar un acto de autoridad que lo conmine, requiera o ejecute su cobro. En ese sentido, es necesario destacar que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, determinó que la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar motu proprio, en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, por lo que, la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba -6- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues si el contribuyente no lo realiza, en tal caso, posteriormente, sólo deberá soportar las consecuencias de su omisión. Por lo anterior, señaló que los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, no resultan atribuibles a la autoridad exactora, pues la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad. Consideraciones que quedaron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, visible a página 367, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 171860, de rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de -7- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En el caso concreto, del comprobante fiscal de pago, se advierte que fue el promovente del amparo quien, motu proprio, realizó el pago relativo a la multa de tránsito reclamada y por ende, la circunstancia de que la autoridad exactora reciba el importe del tributo en mención no envuelve un actuar positivo, sino que únicamente implica una actitud de mero trámite, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación de la contribución local en cita. Igual situación acontece en relación con el pago de multas de tránsito, pues la autoridad receptora de su importe, no interviene con el despliegue o exteriorización de su propia autoridad, sino por virtud de la conducta del infractor, quien decide realizar el pago, pese a la posibilidad de impugnar la multa y detener la coercitividad a realizarlo, mientras se decide en la instancia correspondiente. Por tales razones, la recepción de la suma de dinero líquido que derivó de la infracción de tránsito, no conduce a tener por cierto el acto reclamado, pues como ya se precisó, la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la autoridad misma. Sirve de fundamento, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 294, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, del Semanario Judicial de -8- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia: Administrativa, registro 168248, que dice: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo expuesto, dado que fue el quejoso quien decidió acudir a cubrir el importe de la multa, ello no implica un actuar positivo del Delegado de Hacienda del Estado en esta ciudad; luego, el acto que se le atribuye resulta inexistente. En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de los actos atribuidos a los actos y autoridades mencionadas en este apartado, lo conducente es sobreseer -9- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 en el presente juicio de amparo por cuanto a ellas, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza de los actos reclamados. El Gobernador del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez; Policía Estatal de Tránsito adscrito a la Delegación de Seguridad Turística y Vial, de la Dirección de la Policía Estatal de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, Heriberto Baneco López, aceptaron la existencia del acto que se le reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Dichos oficios hacen prueba plena por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, el cual demuestra el referido acto reclamado. Además, respecto del cuerpo normativo reclamado, su existencia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto relativo, pues forma parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de -10- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 modo que constituye presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador; por eso el derecho no se encuentra sujeto a prueba, y debe ser invocado aún de oficio por el juzgador. Es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2000, que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis número V.2°.214 K, publicada en la página 208, de la Octava Época, Tomo XV-I, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1995, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando al principio relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Por lo tanto, se tiene plenamente probado los actos reclamados a las mencionadas autoridades y, por ello, -11- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 procede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 623 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente4. Asimismo, se precisa que cuando se tilda de inconstitucional una ley o norma general con motivo del que se considera el primer acto de aplicación, como sucede en el caso justiciable, debe analizarse en primer lugar si contra ese acto se actualiza alguna causal de improcedencia, porque de ser así el sobreseimiento respectivo se haría extensivo a la ley, ya que el estudio de esta última no debe desvincularse respecto del acto de aplicación. Lo anterior se plasma en la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: 3 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 4 Sirve de apoyo a la consideración de estudio de las causales de improcedencia advertidas por el Juez de Amparo, y de las hechas valer por las partes, la jurisprudencia 2a./J.65/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009360, del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.4 -12- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En ese orden, respecto a la boleta de infracción señalada como primer acto de aplicación de la porción normativa tildada de inconstitucional, este juzgador considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y el ordinal 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, -13- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (...). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (...)". En principio, debe tenerse presente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 107, fracción I, Constitucional, antes trascrito, la acción de amparo -14- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 únicamente compete a aquella persona que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por el actuar de una autoridad por el acto reclamado, de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorgan al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido le sea reconocido o que no le sea violado. Es orientadora, la tesis jurisprudencias 51/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, tomo II, marzo de 2019, registro electrónico 2019456, de contenido siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en -15- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. De esta manera, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Entonces, consideró el Alto Tribunal, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir JUICIO DE AMPARO 100/2021 -16- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Es orientadora, la tesis jurisprudencial 16/94, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, octubre de 1994, registro digital 206338, de la literalidad siguiente: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En el caso sometido al análisis constitucional, el quejoso señaló como acto reclamado la boleta de infracción folio 3598240, de dieciocho de febrero del presente año, al considerarla el primer acto de aplicación del Reglamento de Tránsito para el Estadio de Chiapas. Lo anterior, fue aplicado al vehículo marca Ford, tipo pick up, color azul, placas de circulación CZ-7055-B, del Estado de Chiapas, del que afirma el quejoso ser propietario. En efecto, el peticionario del amparo, para acreditar su interés jurídico en el presente sumario constitucional, únicamente ofertó el original del comprobante de pago fiscal -17- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 con folio electrónico LB2657428, expedido a nombre del propio quejoso, por el concepto: "CHPECH ´21 ART.268 FRACC.II: MULTAS DE TRANSITO"; del que se advierte una leyenda sobre escrita a mano que dice: "...Recibo con el que se realizo el pago de la boleta de infracción con folio num. 35982540 del vehículo placas CZ-7055-B del Estado de Chiapas". Además de lo anterior, el quejoso ofreció copias fotostáticas simples de lo que al parecer es la boleta de infracción folio número 3598240; del propio recibo de pago; de una tarjeta de circulación y de una factura ilegible. Sin embargo, dichos documentos señalados no son aptos ni suficientes para acreditar el interés jurídico del promovente, en atención a lo siguiente: En relación con el primero de los documentos mencionados, consistente en el original del recibo de pago expedido a nombre del quejoso, únicamente arroja que el pago que se recibió en la oficina hacendaria se trató al parecer de un monto relacionado con una multa de tránsito, derivado de la aplicación de una disposición denominada artículo 268 y no del artículo 12 fracción V del Reglamento de Tránsito que reclama; inclusive contiene una leyenda sobre puesta escrita a mano que indica que se encuentra relacionada con la boleta de infracción reclamada. De esta manera, del referido recibo solo se demuestra que el quejoso acudió a la oficina recaudadora a efectuar un pago de lo que al parecer se trata de una multa de tránsito, cuyo concepto aparece una disposición diversa a la reclamada. -18- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 Lo que a su vez se encuentra corroborado con las documentales que al efecto exhibió la autoridad responsable Policía Estatal de Tránsito adscrito a la Delegación de Seguridad Turística y Vial en esta ciudad, que adjuntó a su informe justificado, consistente en copia certificada de la boleta de infracción folio 3598240, de dieciocho de febrero del presente año; un formato denominado orden de pago y el indicado recibo de pago fiscal folio electrónico LB32657428. Pese a ello, no se cuenta con prueba fehaciente que la infracción de tránsito se encuentra dirigida al aquí quejoso, como propietario o titular del vehículo referido y con el número de placas aludido, pues era necesario la exhibición del documento idóneo y eficaz de que el impetrante es titular o propietario del vehículo cuyo número de placas refiere la boleta reclamada, y en este aspecto solo se ofreció copia simple de la tarjeta de circulación. En efecto, el recibo de pago de la contribución mencionado, es insuficiente, por sí solo, para satisfacer dicho requisito, al carecer del número de la indicada placa y que el quejoso es el propietario del mismo, ya que con ese documento no puede establecerse el vínculo entre el vehículo y la sanción, para poder deducir que ésta última se encuentra dirigida al quejoso. Además de que, como se advierte, el concepto de pago que aparece en dicho recibo se trata de una disposición legal distinta a la aquí reclamada. Cobra aplicación la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 162783, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.9o.A.130 A, Semanario Judicial de la Federación y su -19- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2352, que dice: MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. LA FACTURA DEL VEHÍCULO ES INSUFICIENTE, POR SÍ SOLA, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA AQUÉLLA, AL CARECER DEL NÚMERO DE LA PLACA EN RELACIÓN CON LA CUAL SE IMPUSO LA SANCIÓN. Cuando una multa por infracción de tránsito va dirigida al propietario de un vehículo identificado con determinada placa y el afectado, al impugnarla en la vía de amparo, ofrece como prueba de su interés jurídico la factura del automóvil, ésta es insuficiente, por sí sola, para satisfacer dicho requisito, al carecer del número de la indicada placa, ya que con ese documento no puede establecerse un vínculo entre el vehículo y la sanción. También apoya la determinación arribada la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco; Registro digital: 2006923, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: (III Región)4o.47 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1167, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES PARA ACREDITARLO CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE AQUÉLLA Y NO SE TRATE DE UNA CONDUCTA PROPIA E INHERENTE ÚNICAMENTE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La cédula de notificación de una infracción en materia de movilidad y transporte y la tarjeta de circulación son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo en el que se demanda la nulidad de aquélla, sin que resulte indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, las infracciones a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor como al -20- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente. No siendo aplicable, ni analógicamente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE.", en virtud de que trata un tema distinto; la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que se reclame el embargo trabado sobre un vehículo automotriz, en el que se establece que, por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que éste es su titular. Del mismo modo, la copia certificada exhibida por el agente de tránsito responsable de la boleta de infracción carece de idoneidad para justificar el interés jurídico del quejoso, pues del análisis de la referida documental, se advierte que esta se encuentra expedida con la leyenda "Aquien corresponda", y no así en contra del aquí quejoso. Lo anterior, se justifica tomando en consideración que el acto de aplicación de la norma reclamado lo constituye la multa impuesta a través de una "boleta de infracción", por una supuesta violación a las leyes de tránsito terrestre; sin embargo, cuando en ella no se precise quién es el obligado al pago de la misma y en el referido documento aparecen los datos de identificación del vehículo, como en el caso lo es la placa de circulación, la persona que podría sufrir una agravio personal y directo es el propietario del vehículo antes señalado. En ese sentido, considerando que en el presente asunto, el aquí promovente no acreditó la propiedad del bien mueble de referencia ni la titularidad de las placas que identifican al -21- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 vehículo infractor, es así pues a juicio de éste operador jurídico, las probanzas antes descritas, son insuficientes para acreditar el interés jurídico de quejoso, esto es, que lo legitime para instar éste sumario constitucional. En efecto, el solicitante de amparo a fin de acreditar su interés jurídico, tiene que demostrar que es propietario o titular del derecho de posesión del vehículo que pretende defender, con las pruebas idóneas para tal efecto, de las que se desprenda de manera fehaciente, con datos inequívocos, dicha titularidad, como lo podría ser la tarjeta de circulación a su nombre, o con cualquier otra prueba idónea y fehaciente que demuestre esos extremos, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 168/2007, registro digital: 170500, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Tipo: Jurisprudencia, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera JUICIO DE AMPARO 100/2021 -22- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De lo que se sigue que el impetrante del amparo, carece del derecho de propiedad y posesión del multicitado automotor, pues más que ese derecho, en realidad podría desprenderse que ejerce una detentación material de la placa de circulación del mueble de mérito, sin que en el caso, haya acreditado que la multicitada boleta de infracción le genere un agravio personal y directo, pues la misma no está dirigida a su persona, ni tampoco a su propiedad, al no demostrar la causa jurídica el derecho de posesión, del que nazca el derecho subjetivo que protege el juicio de amparo. Ello es así, pues conforme a lo expuesto, el interés jurídico lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera inmediata la afectación, pues el perjuicio para efectos del juicio de amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, "como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio", sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Bajo ese contexto, aun cuando el quejoso demostrara que detenta materialmente el vehículo que pretende defender, es indispensable, para acreditar su interés jurídico, que pruebe ser el titular del derecho de posesión del mueble de referencia; de aceptar lo contrario, sería tanto como admitir que cualquier persona que llegara a manejar el vehículo o que resguardara el mismo, estaría facultada para promover el juicio de amparo. JUICIO DE AMPARO 100/2021 -23- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 De lo expuesto queda de manifiesto que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica del inconforme, pues no le produce perjuicio alguno, ya que no se advierte que se le imponga algún deber, así como tampoco se le cause algún deterioro u ofensa, ni patrimonial ni de alguna otra índole material que se aprecie objetivamente. Máxime, que el quejoso no se encuentra legitimado para promover el presente juicio, toda vez que para promover el mismo, el acto reclamado le debe causar un agravio actual y cierto en forma directa, como se ha mencionado en líneas anteriores. En ese contexto, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Es orientadora, la tesis jurisprudencial 16/94, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, octubre de 1994, registro digital 206338, de la literalidad siguiente: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. No se soslaya la manifestación "bajo protesta de decir verdad" que realizó el quejoso en relación con el derecho que dice ostentar del referido vehículo, pues su dicho aislado tampoco logra justificar la propiedad del bien de mérito, por ende, su interés jurídico para el ejercicio de la acción de amparo, pues era necesario que aportara medios de convicción aptos y suficientes para tal fin. -24- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 Sirve de justificante la jurisprudencia 27/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, registro electrónico 207221, de rubro y texto siguiente: INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Tampoco es obstáculo para arribar a tal determinación, el hecho que las autoridades responsables hayan aceptado de manera general la existencia del acto reclamado, pues prevalece la carga procesal del quejoso consistente en que debe demostrar fehacientemente su interés jurídico, de la cual no se libera por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Los anteriores argumentos se apoyan en la jurisprudencia 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, febrero de 2002, registro electrónico 187777, que se cita: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en JUICIO DE AMPARO 100/2021 -25- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo 84, diciembre de 1994, registro electrónico 206321, de rubro y texto siguiente: INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo". En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, respecto de los actos y autoridades aquí precisados. El sobreseimiento se hace extensivo al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 12 fracción V del Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas, ya que el análisis de la norma no debe desvincularse del acto de aplicación respecto del cual se actualizó una causal de improcedencia como se apuntó. -26- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 Dicha circunstancia impide el análisis de la inconstitucionalidad del artículo que refiere la parte quejosa, en acatamiento a la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada al inicio de este considerando. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 24, tercera parte, página 49, registro electrónico 239006, de contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Leonor López Reyes contra los actos reclamados a las autoridades responsables y motivos señalados en el presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García -27- José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 JUICIO DE AMPARO 100/2021 Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por el licenciado José Alfonso García López, secretario del Juzgado con quien actúa, el día de hoy trece de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A QUEJOSO.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la suscrita Marisol Juárez Enríquez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de trece de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo número 100/2021, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en Número 17, Calle Cuarta Poniente, Colonia Centro, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por su ubicación y localización, ya que así se advierte de las placas que obran en las esquinas de las calles y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso al mismo, por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Marisol Juárez Enríquez Actuaria Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, la suscrita Marisol Juárez Enríquez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, hace constar que la que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de trece de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo número 100/2021, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el dieciséis del mes y año en curso; mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió a mi llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe.- Lic. Marisol Juárez Enríquez Actuaria Judicial.
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