Jose Leonel Garza Salas
Expediente 1355/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jose Leonel Garza Salas
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. SE HACE LA INDICACIÓN QUE ESTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES AÑOS, DEBERÁ TRANSFERIRSE AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS QUE SE CITA.
- Principal
Tampico, Tamaulipas, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja penal 331/2022, de su índice, de la que se advierte que el citado Tribunal resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por Carlos Alberto Angelino Barrón, por sí y como representante común de Juan Manuel Espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, contra el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, en el juicio de amparo indirecto 1714/2021." Acúsese recibo; hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad y a la jurisprudencia que invoca en la resolución que se provee, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Rubro: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.", misma en la cual nuestro máximo tribunal en la ejecutoria que le dio origen señala textualmente: ".En efecto, en el supuesto que nos ocupa, el Tribunal Colegiado de Circuito no puede asumir la jurisdicción del Juez de Distrito y proveer sobre la admisión de la demanda y la suspensión de los actos reclamados, porque la naturaleza del auto recurrido limita la litis sometida a su consideración, esto es, sólo podrá pronunciarse en lo que es materia de impugnación, en el caso, analizar si fue correcto o no el desechamiento de la demanda de amparo por la probable existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, porque la determinación impugnada corresponde a la primera dictada en el proceso de amparo y, al ser revocada, provoca que el Juez de Distrito proceda a observar lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley de Amparo, disposiciones que por su contenido demuestran que la admisión de la demanda no es un acto que implique la simple declaratoria en ese sentido, sino que podríamos calificarlo como un acto de naturaleza compleja, que por ello provoca que el Tribunal Colegiado de Circuito no pueda pronunciarse en los términos que lo hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien dictó el acuerdo correspondiente a la admisión y el relativo a la suspensión provisional. Esto es, como resultado del sentido del recurso de queja, el Juez de Distrito revisará según sea el caso, si no se actualiza otra causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique el desechamiento de plano de la demanda de amparo, y de no ser así, procederá a la revisión del cumplimiento de los requisitos que debe tener la demanda, pues de no acreditarse todos, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, mandará requerir al promovente que aclare la demanda y subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones advertidas; y en caso de que no exista prevención o ésta haya sido desahogada, procederá a su admisión con apoyo en el diverso 115 de la misma ley, que además ordena al Juez señalar día y hora para la audiencia constitucional; pedir los informes justificados a las autoridades responsables; correr traslado al tercero interesado y, en su caso, tramitar el incidente de suspensión." Por consiguiente, toda vez que este Juzgado de Distrito no advierte ninguna otra causa manifiesta e indudable de improcedencia, se procede a la revisión del cumplimiento de los requisitos que debe tener la demanda y en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se acuerda lo siguiente: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, otorga facultad al Juez de Distrito para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad, como en el caso sería que no se hubiere expresado con precisión los actos reclamados. El artículo 109 de la Ley de Amparo en vigor, en sus fracciones I, II y III, dispone que la demanda de amparo, entre otros requisitos, deberá contener la precisión del acto reclamado, la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; y la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto. HECHOS En el caso, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, la parte quejosa lo hace consistir en los señalados en el escrito inicial de demanda relacionados con la ejecutoria que se recibe. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, en cuanto a los actos reclamados; por lo que a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, conforme con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, fracciones I, II y III y 114, ambos de la Ley de Amparo vigente, requiérase a Carlos Alberto Angelino Barrón, por sí y como representante común de Juan Manuel Espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, para que por escrito y dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1.- Manifieste en que hace consistir los actos que reclama a las autoridades responsables, señalados de forma genérica como: ? Intimidación. ? Represalias y discriminación. ? Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura y prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la ley de Amparo. ? Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. ? Violación al principio pro personal. ? Castigo ilegal fuera de procedimiento. El anterior dato es indispensable para en su caso, fijar la litis en el juicio del que derivan los autos impugnados y estar en condiciones de establecer la naturaleza de los mismos o bien determinar se actualice alguna causa de excepción al principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo; toda vez que no corresponde al Juez Federal interpretar sus señalamientos o adicionar elementos, pues de hacerlo se supliría ese aspecto, mediante la interpretación, lo cual no está contemplado en la Ley de Amparo, a favor de los quejosos, a pesar de que pudiera tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, no autoriza cambiar o precisar los elementos del juicio de amparo, como lo es el acto reclamado. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del término establecido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Es aplicable, por su contenido, la tesis siguiente: Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Ahora, por lo que hace a Alejandro Díaz Madrid y Adrián Rosas Gamiño y/o Alexis Anaya Morelos, queda firme la determinación de diez de diciembre de dos mil veintiuno, al haberse desistido de la demanda de amparo en diligencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Por otra parte, téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; y en atención a su contenido, hágase de su conocimiento, que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, respecto del juicio de amparo 1671/2021, de su estadística y que en esta propia fecha, se emitió auto de prevención, en cumplimiento al testimonio de ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al seis de noviembre de dos mil veintidós, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos.
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