José Leonardo Ramírez Serrano

Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
157/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • José Leonardo Ramírez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Presidente Municipal del Municipio de Nombre de Dios, Durango y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. I. Se ordena archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Presidenta del Municipio de Nombre de Dios, Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 157/2023. III. Decisión. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Asimismo, se desprende que en tal sumario, es parte, entre otras, la autoridad responsable, y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido notas distintivas para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, que son: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo que estableció en la jurisprudencia. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once." En esos términos, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de no ser así, se actualizaría su inviabilidad. En la especie, el quejoso reclama las órdenes emitidas para que se reduzca el sueldo que percibe. Aduce que desde el mes de febrero de dos mil ocho, se ha desempeñado como empleado del Municipio de Nombre de Dios, Durango y que a partir del año dos mil trece labora como Director de Seguridad Pública en ese municipio, percibiendo un salario quincenal de 8,846.00 (ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). Manifiesta que con fecha quince de enero de dos mil veintitrés, se redujo su salario a la cantidad de 6.180.00 (seis mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). Partiendo de tales manifestaciones se llega a la conclusión que el acto reclamado es de naturaleza laboral y deriva de la relación de trabajo existente entre el quejoso y el Municipio de Nombre de Dios Durango, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, pues como quedó relatado, el descuento del salario que se combate, deriva necesariamente de dicha relación patrón trabajador. Con base en lo expuesto es factible sostener que la relación jurídica que une al impetrante y la autoridad a quien imputa los actos, se da en un plano de coordinación y por ende, esta última no puede considerarse como responsable para los efectos del presente juicio. Lo anterior se patentiza, con el recibo de nómina exhibido, así como con la copia del nombramiento expedido por el Presidente Municipal de Nombre de Dios Durango a favor del quejoso como Director de Seguridad Pública, que adminiculados con las manifestaciones vertidas en la demanda inicial, se evidencia la relación laboral existente y por consecuencia lógica que el acto reclamado derive de dicha relación de coordinación, por lo que las controversias suscitadas entre ellos debe decidirse ante la vía ordinaria ante el la autoridad jurisdiccional laboral competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se considera que queda actualizada la causa de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior la jurisprudencia de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", ya que dicho criterio parte de un asunto en particular relacionado a la fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. Lo anterior aunado a que la conclusión antes alcanzada no deriva de consideraciones interpretativas complejas, sino de las manifestaciones de la quejosa que quedaron robustecidas con la propia documental que refleja la relación laboral de la que deriva la reducción de salario que se reclama. IV. Notificación personal al quejoso. a. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. b. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado el carácter de abogado al licenciado ******************** y únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado ********************, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales", sin perjuicio de que pueda acreditarlo con posterioridad. c. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Presidenta del Municipio de Nombre de Dios, Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 157/2023. III. Decisión. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Asimismo, se desprende que en tal sumario, es parte, entre otras, la autoridad responsable, y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido notas distintivas para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, que son: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo que estableció en la jurisprudencia. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once." En esos términos, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de no ser así, se actualizaría su inviabilidad. En la especie, el quejoso reclama las órdenes emitidas para que se reduzca el sueldo que percibe. Aduce que desde el mes de febrero de dos mil ocho, se ha desempeñado como empleado del Municipio de Nombre de Dios, Durango y que a partir del año dos mil trece labora como Director de Seguridad Pública en ese municipio, percibiendo un salario quincenal de 8,846.00 (ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). Manifiesta que con fecha quince de enero de dos mil veintitrés, se redujo su salario a la cantidad de 6.180.00 (seis mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). Partiendo de tales manifestaciones se llega a la conclusión que el acto reclamado es de naturaleza laboral y deriva de la relación de trabajo existente entre el quejoso y el Municipio de Nombre de Dios Durango, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, pues como quedó relatado, el descuento del salario que se combate, deriva necesariamente de dicha relación patrón trabajador. Con base en lo expuesto es factible sostener que la relación jurídica que une al impetrante y la autoridad a quien imputa los actos, se da en un plano de coordinación y por ende, esta última no puede considerarse como responsable para los efectos del presente juicio. Lo anterior se patentiza, con el recibo de nómina exhibido, así como con la copia del nombramiento expedido por el Presidente Municipal de Nombre de Dios Durango a favor del quejoso como Director de Seguridad Pública, que adminiculados con las manifestaciones vertidas en la demanda inicial, se evidencia la relación laboral existente y por consecuencia lógica que el acto reclamado derive de dicha relación de coordinación, por lo que las controversias suscitadas entre ellos debe decidirse ante la vía ordinaria ante el la autoridad jurisdiccional laboral competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se considera que queda actualizada la causa de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior la jurisprudencia de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", ya que dicho criterio parte de un asunto en particular relacionado a la fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. Lo anterior aunado a que la conclusión antes alcanzada no deriva de consideraciones interpretativas complejas, sino de las manifestaciones de la quejosa que quedaron robustecidas con la propia documental que refleja la relación laboral de la que deriva la reducción de salario que se reclama. IV. Notificación personal al quejoso. a. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. b. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado el carácter de abogado al licenciado ******************** y únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado ********************, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales", sin perjuicio de que pueda acreditarlo con posterioridad. c. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

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