Jose Leonardo Ortega Torres

Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
140/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Jose Leonardo Ortega Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito suscrito por Amadeo Correa Arellano, autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual, solicita copia certificada de diversos documentos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias que solicita, conforme las que obran en autos, previo recibo y razón que para ello se otorgue en autos. Ahora bien, respecto de que se expidan de manera gratuita, indíquesele que el artículo 278 del Código Federal de Procedimiento Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, establece que las copias certificadas serán a costa del solicitante, de ahí que no haya lugar a su petición.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de.amparo 140/2022

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal de veintiuno de enero de dos mil veintidós dirigida al tercero interesado por conducto de suen consecuencia, instruyase al Actuario Notificador adscrito a efecto de que practique de inmediato dicha notificación. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO LUIS JAIME ACEVES VALADES, RESPECTO DE LA SENTENCIA DE 21 DE ENERO 2022: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1216/2021, promovido por Jaime Eduardo Aceves Castillo, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Jaime Eduardo Aceves Castillo, por su propio derecho, el doce de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, que hizo consistir en: d) ACTO RECLAMADO. La sentencia interlocutoria de fecha 23 de junio de 2021, en la que la responsable sentenció la liquidación de la definitiva dictada en el del juicio civil ordinario tramitado en el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, bajo expediente 519/2016. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, ordenó su registro bajo el número 1216/2021, y previa aclaración en diverso proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, ordenó: admitir la demanda de amparo y pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; emplazar a los terceros interesados; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad especializada en materia civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 519/2016 del índice de la responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, al rendir su informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2/J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación son fundados. Obran en autos copias certificadas del expediente 519/2016 del índice de la responsable, las que valoradas en términos de los artículos 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren valor probatorio pleno, y de las que destacan las siguientes actuaciones: 1. El ocho de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable actuando en el expediente 519/2016 de su índice dictó sentencia en la que señaló que los aquí terceros interesados acreditaron la procedencia de su acción declarando que son legítimos propietarios del inmueble materia del juicio, y condenó al aquí quejoso a la entrega del inmueble, ordenando al posesionario del inmueble el pago de rentas sin necesidad de que cause estado la citada sentencia y condenando al demandado -aquí quejoso- al pago de costas judiciales. 2. Inconformes con esa determinación, los terceros interesados y el quejoso (actores y demandado en el juicio de origen) interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, bajo el número de toca 645/2018, en el que con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, dictaron sentencia en la que resolvieron revocar la acción principal y confirmar la reconvencional. 3. En desacuerdo con la citada determinación, los aquí terceros interesados interpusieron amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito bajo expediente 481/2019 en el que concedió el amparo. 4. Con fecha ocho de enero de dos mil veinte, la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en cumplimiento al amparo señalado en el párrafo precedente dictó nuevamente resolución al toca de apelación 645/2018, en la que modificó la acción principal a efecto de incluir la condena al pago de rentas que se reclamaron como perjuicios y confirmó lo resuelto respecto a la reconvencional. 5. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el abogado patrono de la parte actora (aquí terceros interesados) formuló planilla de liquidación en relación a la condena del pago de rentas. 6. En escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, el aquí quejoso formuló argumentos en respuesta a la planilla de liquidación formulada por su contraria en la que: Señaló la improcedencia de la formulación de planilla por no haberse aperturado en el juicio la etapa de ejecución. Que a las cantidades deberá descontarse los gastos correspondientes a la conservación, mantenimiento, impuestos y mejoras al mismo. Y que es improcedente dejar a salvo el derecho al cobro de intereses moratorios ya que no fue condenado al pago de los mismos. 7. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno la autoridad responsable dictó la interlocutoria correspondiente a la liquidación de sentencia, materia de reclamo. En su demanda de amparo la quejosa señala que el acto reclamado resulta violatorio de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucional. En sus conceptos de violación argumenta que: La interlocutoria materia del acto reclamado no se atendieron las oposiciones formuladas en su escrito de nueve de abril de dos mil veintiuno, pues el juzgador se limitó a señalar que eran inatendibles y contrarios a la sentencia de primera y segunda instancia pero sin señalar las razones y fundamentos para arribar a la citada conclusión. Los conceptos de violación resultan fundados. En efecto, la responsable viola en perjuicio de la quejosa, el derecho de justicia completa establecido en el numeral 17 constitucional, porque la interlocutoria reclamada no ha sido congruente con al evitar pronunciarse en relación a las oposiciones formuladas por el ahora quejoso. Al respecto, el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, indica lo siguiente: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. . Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso y resolviendo todo lo que se ha puesto bajo su jurisdicción; es decir, que las resoluciones deberán de dirimir la totalidad de las cuestiones planteadas ante ellos. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. En suma, cabe decir que dicho canon tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia de manera completa es decir resolviendo la totalidad de las cuestiones que fueron puestas bajo su jurisdicción, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, atendiendo a todos los puntos controvertidos; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Ahora bien, para que se considere que una resolución cumple con el derecho de justicia completa, es necesario que ésta sea congruente. El principio de congruencia de las sentencias, consiste en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Resulta aplicable el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, contenido en la tesis aislada XXI.2o.12 K, localizable en la página 813, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, que señala: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." Pues bien, el principio de congruencia, resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los procesos judiciales y jurisdiccionales y como se mencionó en su esencia está referido a que las sentencias deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis tal y como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación. Por otra parte, el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, recoge dicho principio al establecer: "Artículo 87. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Los jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada. A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del estado en los procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, costumbres y especificidades culturales". De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito se advierte, en lo que interesa, que las sentencias deben ser congruentes con las cuestiones planteadas oportunamente y con las pruebas aportadas, que tengan relación con los hechos controvertidos, y deben decidir todos los puntos litigiosos. De igual resulta aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que se refleja en la Jurisprudencia, I.1.A. J/9, localizable en la página 764, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, que establece: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Ahora bien, en la especie, la incongruencia advertida por este órgano jurisdiccional corresponde a la llamada externa, puesto que se señala que la interlocutoria que resuelve la liquidación de sentencia no es congruente a evitar pronunciarse respecto a las oposiciones formuladas por la demandada y condenada en el principal (aquí quejosa) Ello es así pues mediante escrito de nueve de abril de dos mil diecinueve, como fue precisado, la parte quejosa señaló en esencia lo siguiente: Señaló la improcedencia de la formulación de planilla por no haberse aperturado en el juicio la etapa de ejecución. Que a las cantidades deberá descontarse los gastos correspondientes a la conservación, mantenimiento, impuestos y mejoras al mismo. Y que es improcedente dejar a salvo el derecho al cobro de intereses moratorios ya que no fue condenado al pago de los mismos. En tanto que la autoridad responsable al resolver respecto de la cuantificación de la sentencia, en relación a los argumentos del quejoso únicamente determinó: "Por otra parte en referencia a lo manifestado por la parte demandada en su escrito de 09 nueve de abril del año en curso, dígasele que resultan inatendibles sus manifestaciones dado que su oposición van en contra de lo resuelto en el referido fallo dictado en primera y modificado en segunda instancia, por tanto, son infundadas al no tener congruencia con la cosa juzgada." Por ello, se concluye que la responsable violó el principio de congruencia al momento de emitir la resolución interlocutoria, al omitir dar respuesta de manera puntual a las oposiciones formuladas por la parte quejosa en escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno. En razón de ello lo que procede es conceder el amparo para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada. Dicte otra con libertad de jurisdicción en la que dé respuesta a los argumentos formulados por la parte quejosa a manera de oposición a la planilla de liquidación presentada por su contraria. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Jaime Eduardo Aceves Castillo, contra los actos del Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Secretaría Estatal, en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y al efecto remite copias certificadas de las constancias que lo acreditan; por tanto; téngase a la referida autoridad en vías de cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON LO REQUERIDO Por otra parte, visto el segundo de los oficios de cuenta, signado por el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, quien actúa en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; por medio del cual, en acatamiento al requerimiento formulado remite la copia del acuse de recibo correspondiente al oficio , por el cual, en su calidad de superior jerárquico requirió al Secretario de la Hacienda Pública, a efecto de que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo; al respecto, tan sólo se ordena agregar el oficio y anexo de mérito para los efectos legales a que haya lugar.

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