José Leonardo Cámara Castillo

Expediente 575/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
575/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • José Leonardo Cámara Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 18606/2016 de dieciséis pasado, por el que se le remitió copia certificada de la causa penal número 277/2015 de su índice; en ese contexto, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la primera y segunda de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo dictado el veinte de julio de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa [única legitimada], haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la tercera de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  3. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ****autorizado de la parte quejosa en términos amplios, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N 762795, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida. Ahora, atendiendo a que en el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente se sobreseyó fuera de audiencia al haber ocurrido un cambio de situación jurídica del quejoso, en consecuencia, se ordena la devolución del billete de depósito de referencia aportado por el quejoso a fin de que surtiera efectos en su momento la suspensión provisional. Por tanto, hágase saber al ocursante, que el directo quejoso ********************, deberá comparecer a este Juzgado Federal debidamente identificado con credencial oficial vigente con fotografía, en horario hábil de cualquier viernes, a partir del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis; lo anterior en virtud de los períodos vacacionales de los funcionarios de este órgano jurisdiccional autorizados para endosar los billetes de depósito. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de dos años computables a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, dicho billete prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, facción IV, 35, 36, 37 y 38 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

  4. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte y tercero interesada quejosa no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinticinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinte de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual informa que el diecisiete de julio de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso José Leonardo Cámara Castillo, por el delito de acoso sexual, en la causa penal 277/2015 de su índice. A la constancia que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta consistente en copia certificada del citado auto de término de diecisiete de julio en curso, se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando haya un cambio de situación jurídica. Es oportuno precisar que al tratarse de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden de ideas, como lo evidencia la autoridad oficiante, según el contenido del oficio de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de la causa penal 277/2015, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en resolución de diecisiete de julio del año en curso, dictó auto de formal prisión contra el ahora quejoso José Leonardo Cámara Castillo, por el delito de acoso sexual, en el que determinó lo siguiente: "R E S U E L V E PRIMERO.- Siendo las TRECE HORAS, del día de la fecha del encabezado, se decreta en el local de este juzgado AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de JOSÉ LEONARDO CÁMARA CASTILLO, como probable responsable del delito de ACOSO SEXUAL, ilícito previsto por el artículo 130 Bis párrafo segundo, 14 Párrafo Segundo y 16 Fracción I del Código Penal Vigente en el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la menor de edad ARGELIA DAYANNA BLANCO ANCONA, en lugar, tiempo y circunstancias especificadas en esta resolución y por el cual se le seguirá este proceso. [.]" Ahora, conviene precisar que, en esencia, el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: La orden de aprehensión, detención y presentación girada en su contra, y su ejecución. Por lo que, del oficio de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en los autos de la causa penal 277/2015, en la que giró la orden de aprehensión reclamada, emitió auto de formal prisión al estimar que el quejoso José Leonardo Cámara Castillo es probable responsable del delito de acoso sexual cometido en agravio de la menor de edad Argelia Dayanna Blanco Ancona, hecho que hace patente que en el particular, se actualizó un cambio de situación jurídica. Aunado, de la constancia que remitió el Juez responsable, en oficio sin número de once de julio en curso, se tiene la copia certificada de la declaración preparatoria de esa misma data, en el que ordenó la cancelación de la orden de aprehensión dictada contra el aquí quejoso (fojas 31 a 32). En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra la orden de aprehensión, y su ejecución deviene improcedente, cuando durante su tramitación se dé un cambio de situación jurídica que imposibilite el estudio de la misma, pues las violaciones que pudiera contener la mencionada orden de captura quedaron consumadas con el dictado del auto de formal prisión, toda vez que no podrían ser analizadas sin afectar la nueva situación jurídica del menor quejoso. Sustenta las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 270, junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". Por tanto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de un cambio de situación jurídica. Sobreseimiento que se hace extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Procurador General de Justicia del Estado, Subprocurador de Justicia del Estado Zona Sur, Director de la Policía Judicial del Estado Zona Sur y Comandante de Aprehensiones de la Policía Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad, toda vez que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de los actos reclamados a la ordenadora, además como se anticipó en auto de once de este mes, ordenó la cancelación de la orden de aprehensión dictada contra el aquí quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, del Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del cinco de agosto de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano