José León Serrano

Expediente 1161/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1161/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
20/02/2017

Partes del expediente

  • José León Serrano
  • Juez Séptimo de Primera Instancia del Rama Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado...se aprecia que ha transcurrido el termino y no se recurrió la sentencia...ha causado ejecutoria...archívese este asunto...

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1161/2016. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. JOSÉ LEÓN SERRANO, por su propio derecho, promovió demanda de amparo mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: Autoridad Responsable. Juez Séptimo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ciudad Acto reclamado ". EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, dictado en el juicio penal registrado bajo el número de expediente 83-2/2016, con fecha 14 de noviembre del año 2016, el cual carece de una fundamentación y motivación conforme a derecho". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por este órgano de control constitucional, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número de juicio 1161/2016; se admitió a trámite se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal correspondiente a los agentes del Ministerio Público de la Federación y del Fuero Común; se comisionó la notificación a la parte tercero interesada del inicio de este juicio; y, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos Primero, fracción XXI, Segundo, fracción XXI, arábigo 3 y Cuarto, fracción XXI, párrafo segundo del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de método y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado; en ese contexto, José León Serrano, reclama: Del Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el auto de formal prisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 83/2016-I, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de Gisela Morales Hernández. TERCERO: Certeza del acto reclamado. El Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad al rendir su informe justificado reconoció la existencia de acto reclamado, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Pero, además su certeza se acredita fehacientemente con las constancias de la causa penal número 83/2016-I, que en copia certificada adjuntó como justificación a su informe, las cuales hacen prueba plena en juicio, de acuerdo con lo establecido en los numerales 129 y 202 del citado Código Federal Adjetivo Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Como las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna diversa, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pero antes resulta necesario enumerar los antecedentes del mismo, los cuales son: 1. Mediante pedimento penal número 122/2016 de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Costa Azul del Distrito Judicial de Tabares, consignó sin detenido la averiguación previa número TAB/CAZ/01/0375/2016, por la cual ejerció acción penal en contra de José León Serrano por el delito de incumplimiento a la obligación alimentaria en agravio de Gisela Morales Hernández y José Daniel León Morales (fojas 30-68) 2. El Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, radicó la consignación de que se trata, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la cual registró con el número de causa penal 83/2016-II (foja 69); y el treinta de junio de dicha anualidad, se resolvió el ejercicio de la acción penal librando orden de aprehensión en contra del quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de Gisela Morales Hernández (fojas 71-74). 3. El quejoso compareció ante la autoridad responsable, el doce de julio de dos mil dieciséis a rendir su declaración preparatoria, bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 698/2016 del índice de este juzgado y en esa fecha se decretó su detención virtual (foja 84) y se tomó la declaración preparatoria al peticionario de amparo (fojas 88-90). 4. En aquella diligencia la defensa solicitó la ampliación del término constitucional y ofreció como pruebas (1) el convenio que celebró con la agraviada ante la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a la Violencia Familiar y de Género; (2) el informe que se recabara del Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, a fin de que éste remitiera copia certificada del juicio de divorcio incausado número 317-2/2016; (3) el Informe del sanatorio San Felipe de Jesús, respecto a la relación de trabajo que tienen con la agraviada; (4) el informe que debe rendir el Instituto Tecnológico de Acapulco respecto de la situación del alumno José Daniel León Morales y expresamente las solicitó para acreditar su inculpabilidad en los hechos que se le imputan; la prueba fue admitida en esa fecha, por lo cual se solicitaron los informes de referencia. 5. Por oficios 706, 707, 708 y 709, de doce de julio de dos mil dieciséis, dirigidos a la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a la Violencia Familiar y de Género, al Juez Primero de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al Sanatorio San Felipe de Jesús y al Director del Instituto Tecnológico, se requirió lo solicitado por el quejoso. 6. En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los informes peticionados en los comunicados oficiales de referencia, hecha excepción del requerido al Juez Primero de Primera Instancia de Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, cuyo oficio fue entregado al día siguiente (trece de julio pasado) sin que la responsable insistiera respecto de su recepción. 7. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, el juez responsable resolvió la situación jurídica del quejoso José León Serrano y decretó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. 8. Inconforme con tal determinación el ahora peticionario de garantías promovió amparo indirecto, que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, quedando registrado con el número 779/2016, resuelto el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, otorgándose la protección constitucional para el efecto de que el Juez del conocimiento dejara insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de julio de dos mil dieciséis y repusiera el procedimiento para que durante el término constitucional que debía otorgarse nuevamente al quejoso, a partir de que se dejara insubsistente la resolución combatida, recabara las constancias relativas al juicio de divorcio incausado número 317-2/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y con plenitud de jurisdicción, resolviera la situación jurídica del indiciado. 9. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 779/2016, el Juez responsable, mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de julio de dicha anualidad, y repuso el procedimiento a partir del término ampliado por el inculpado y su defensa, ordenando recabar las constancias relativas al juicio de divorcio incausado 317-2/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 10. Finalmente, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable resolvió la situación jurídica del quejoso José León Serrano y decretó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, resolución que constituye el acto reclamado. Así las cosas, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso, en los cuales en esencia señala que: a) El Juez responsable de manera incorrecta sustenta la obligación alimentaria a cargo del quejoso, en el parentesco nacido entre el indiciado y la agraviada por virtud del matrimonio civil que celebraron, el que afirma, no existe. b) La agraviada cuenta con medios de subsistencia, en tanto que siempre ha trabajado, lo que reconoció Gisela Morales Hernández, en su declaración ministerial y en el convenio celebrado ante la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco. c) En relación a su hijo José Daniel León Morales, adujo que éste es mayor de edad, por lo que tiene la capacidad de ejercicio conforme a la Ley, por tanto es él quien debe ejercitar sus derechos y no la agraviada Gisela Morales Hernández. d) La responsable valoró indebidamente las pruebas de descargo que ofreció, con las que se acredita que la pasivo trabaja y por tanto no tiene derecho a ser acreedora alimentaria y que el convenio que celebraron tenía como finalidad que el indiciado sufragara las necesidades de José Daniel León Morales solamente. Previo a resolver en torno a lo fundado o no de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, se tiene en consideración que lo que reclama José León Serrano, es el auto de plazo constitucional de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 83-2/2016, que se le instruye por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Gisela Morales Hernández, este juzgado federal procederá al análisis íntegro del mismo al tenor de las garantías no sólo establecidas en el artículo 19 de la constitución, sino también las contenidas en los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento. En ese contexto, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen como requisito esencial que para el dictado de un auto de formal prisión debe aparecer de lo actuado datos suficientes que acrediten los elementos del cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado, aunado a que como todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, tal y como se establece en la Jurisprudencia número 433, que aparece publicada en las páginas 251 y 252 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo II, materia penal, cuyo tenor literal expresa: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ELEMENTOS. Para dictar un auto de prisión preventiva, el artículo 19 de la Constitución General de la República, exige ciertos elementos de fondo y forma, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito de que se trate y para hacer probable la responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución." Asimismo, de las exigencias establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 87 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se desprende que para el legal dictado de un auto de bien preso, se requiere: a). El inculpado haya rendido su declaración preparatoria, o bien, que conste en el expediente que se negó a declarar; b). Se compruebe el cuerpo del delito que se impute y se acredite la probable responsabilidad del inculpado en su comisión; y, c). Que en dicho auto se exprese claramente el delito que se impute, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. d). Además, se insiste, como todo acto de autoridad, el auto de formal prisión debe estar debidamente fundado y motivado. Así, de los datos que obran en el sumario se desprende que ante el juez de la causa, José León Serrano rindió su declaración preparatoria en audiencia pública el doce de julio de dos mil dieciséis, en la que se siguieron las formalidades del caso, ya que se le hicieron saber las garantías que a su favor establece el artículo 20 constitucional, así como el delito que se le imputa; además, el inculpado de mérito durante la citada diligencia estuvo asesorado por sus abogados particulares Mario de la Cruz Santana Sánchez, Modesto Cerros Serrano y Jesús Manuel Bracamontes González. De igual forma, se tiene que la responsable resolvió la situación jurídica del inculpado dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas subsecuentes a su puesta a disposición ante la autoridad judicial, por haber solicitado expresamente -por conducto de su abogado defensor-, al momento de rendir su declaración preparatoria la ampliación del plazo de setenta y dos horas que establecen los numerales 19 constitucional y 87, párrafo segundo, del Código Adjetivo Penal del Estado de Guerrero. También se precisaron el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito, y los datos que arrojó la averiguación previa que consideró el juez responsable como acertadas para comprobar el cuerpo del delito que se imputa al incausado aquí quejoso, así como su probable responsabilidad penal en su comisión. Hasta este momento, es factible sostener que el auto de plazo constitucional reclamado colmó los requisitos formales a los que ciñe la norma fundamental hipotética el proceder de las autoridades judiciales en el dictado de los autos de formal prisión. Ahora, procede verificar si dicha resolución cumplió con las exigencias que en torno al fondo del asunto deben cubrirse a fin de comprobar correctamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del justiciado en su comisión. Así las cosas, se tiene que el juez de la causa sostuvo que la conducta típica que se le atribuye al quejoso se encuentra prevista y sancionada en el artículo 205 del Código Penal del Estado de Guerrero, que a la letra señala lo siguiente: "Artículo 205. Incumplimiento de la obligación alimentaria. A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a la persona que tiene derecho a recibirlos se le impondrán de uno a cinco años de prisión, así como la suspensión de los derechos de familia y pago en calidad de reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. Para efectos de este artículo, se tendrá como consumado el delito aun cuando el acreedor alimentario haya sido dejado al cuidado o reciba ayuda de un tercero. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, éstos se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y el acreedor alimentario hayan tenido en los dos últimos años". Del precepto transcrito, en lo que interesa, se desprende que, como requisito de procedibilidad, dicho delito es perseguible por querella que formule la parte legitimada; lo que en el caso se traduce en que quien formule dicha querella necesariamente debe ser aquel respecto de quien se tiene la obligación de ministrar los alimentos. Asimismo, como acertadamente sostuvo el juez responsable, los elementos del cuerpo del delito que se imputa al solicitante de la protección constitucional, son los siguientes: a). La obligación legal del activo de proporcionar alimentos a la persona que tiene derecho a recibirlos. b). Que no cumpla con esa obligación legal. Ahora bien, en cuanto al requisito de procedibilidad se estima acreditado en tanto que Gisela Morales Hernández presentó formal querella en su agravio y en contra de José Daniel León Morales, por el ilícito en comento y acreditó su legitimidad con la copia certificada del acta de matrimonio con número de folio 5331489 (foja 43) y del acta de nacimiento con número de folio 1157148 (foja 44); documental de la que se desprende el vínculo existente entre el inculpado y los agraviados, pues del dicho de la querellante se advierte que celebró matrimonio civil con el indiciado el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y de dicho matrimonio procreó a José Daniel León Morales (mayor de edad). Una vez establecido lo anterior, procede ahora verificar el acreditamiento de los elementos del cuerpo del delito que nos ocupa, para lo cual se tiene en consideración los medios de convicción que se allegaron a la causa penal de origen fueron los siguientes: 1). Comparecencia de Gisela Morales Hernández, de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, en la que ante la autoridad ministerial presentó formal querella en contra de José León Serrano, por el delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar, cometido en su agravio y de su hijo José Daniel León Morales, adujo que contrajo matrimonio civil con el indiciado el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y estableció su domicilio conyugal en la Calle Prolongación Gabriel Cruz Díaz, Manzana 09, Lote 27, Colonia Reforma de Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, con quien procreó José Daniel León Morales, y que en principio de la relación el inculpado cumplía con su obligación proporcionándole un gasto de mil quinientos pesos a la semana y la cantidad de mil pesos ya que se encuentra estudiando la licenciatura de arquitectura, pero que a partir del mes de julio de dos mil catorce, dejó de darle dinero para solventar los gastos de la casa y los estudios de su hijo, a pesar de que le solicitan les proporcione dinero para cubrir sus necesidades, y que puede cumplir pues cuenta con solvencia económica al ser Administrador Único y Representante Legal de la empresa Construcciones y Urbanización Majo, S.A. de C.V. 2). Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre el indiciado y la agraviada de tres de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. 3). Copia certificada del acta nacimiento de José Daniel León Morales, con número de folio 1157148. 4). Constancia de estudios de seis de abril de dos mil dieciséis, expedida a nombre de José Daniel León Morales, por el Jefe del Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de Acapulco, en la que consta que cursa el noveno semestre de la carrera de arquitectura. 5). Declaraciones ministeriales de Linda Lizette Meza Salvador y Juan Carlos Morales Hernández, quienes señalaron casi en los mismos términos que conocen a la querellante Gisela Morales Hernández, y que saben y les consta que ella se casó en el mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, de esa relación de pareja procrearon a José Daniel León Morales (mayor de edad), quien estudia la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico, que el indiciado le daba la cantidad de mil quinientos pesos a la agraviada para gastos de la casa y mil pesos a su hijo José Daniel para apoyarlo con sus estudios, y en el mes de julio de dos mil catorce, dejó de darle gasto, por lo que Gisela Morales Hernández, se vio en la necesidad de trabajar para cubrir sus gastos y los de José Daniel León Morales. Una vez establecido lo anterior, previo a dilucidar sobre la acreditación de los elementos del delito que nos ocupa, debe decirse que los hechos sujetos a prueba en la causa penal de origen -por ser de tracto sucesivo la comisión del injusto de que se trata- se ciñen a partir del trece de abril de dos mil quince, hasta la fecha del ejercicio de la acción penal, de modo que de la intelección de los medios de prueba antes reseñados en concatenación con las constancias que allegó el juez de la causa como apoyo a su informe con justificación, cuyo valor probatorio quedó asentado en el considerando tercero de esta resolución. Asimismo, es pertinente señalar que la conducta típica es de naturaleza omisiva de modo que corresponde al activo demostrar que no incurrió en esa desatención a sus obligaciones de asistencia familiar; sin que obste el hecho de que para el inculpado resulte difícil demostrar en juicio que ha proporcionado los alimentos -lo que constituye un hecho positivo-, pues no puede soslayarse que resultaría más difícil a la víctima probar que no se han suministrado -hecho omisivo-, de ahí que no pueda exigirse al representante social que justifique el hecho omisivo denunciado por el ofendido, sino únicamente que acredite que éste es titular del derecho a recibir alimentos. En efecto, procede analizar la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar que se imputa al quejoso. Así, deviene infundado el concepto de violación reseñado en el inciso a), en torno a que resulta incorrecto la determinación del Juez responsable de que la obligación nacida con motivo del matrimonio civil que celebró el quejoso con la agraviada. Se estima lo anterior, en tanto que como lo consideró el Juez Penal, el primero de los elementos del cuerpo del delito que se le imputa al indiciado, consistente en que el activo tenga el deber legal de proporcionar los recursos indispensables de subsistencia a la pasivo, se acreditó con la copia certificada del acta de matrimonio de José León Serrano y Gisela Morales Hernández, expedida por el oficial del Registro Civil (número de folio 5331489), con el cual se demuestra el vínculo que une a dicha pasivo con el activo, por ser su esposa, además porque de dicha relación surge el deber del activo de proporcionar los recursos indispensables de subsistencia, documento al que le otorgó valor probatorio al tenor de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, y con ella se corroboró el dicho de la querellante y se demostró el vínculo jurídico que une a la pasivo con el inculpado, por lo que al ser su cónyuge, tiene el deber de proporcionarle los recursos indispensables para su subsistencia, de conformidad con los artículos 386, 387y 391 del Código Civil del Estado de Guerrero que a la letra disponen: "Artículo 386. El Estado reconoce en los alimentos una obligación de tipo económico a través de la cual se provee a una persona determinada de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades físicas o intelectuales, a fin de que pueda subsistir y cumplir su destino como ser humano." "Artículo 387. Los alimentos comprenderán la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. "Artículo 391. Los cónyuges deberán darse alimentos; la ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y en otros que la misma ley señale. Los concubinos estarán obligados, en igual forma, a darse alimentos." Así las cosas, se estima acertada la decisión del juez de la causa en tener por acreditado el primero de los elementos del delito que nos ocupa mediante la intelección del medio de prueba ya reseñado, pues dicho documento corroboró la imputación de la agraviada Gisela Morales Hernández, en el sentido de que el indiciado dejó de proporcionar los recursos indispensables de subsistencia que le corresponden como cónyuge de la citada querellante. Al respecto tiene aplicación la tesis aislada número XXI.1o.11 P, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 402 del Tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, INTEGRACIÓN DEL DELITO DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 188 del Código Penal del Estado de Guerrero, textualmente dice: "Al que no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. Los concubinos quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo..."; ahora bien, el interés protegido en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, es la familia, por lo que, la conducta omisiva del activo se traduce en no cumplir con proporcionar los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, para que se integre el ilícito en cuestión, independientemente de que aquéllas trabajen o tengan un negocio, con lo que puedan satisfacer las más elementales necesidades de sus menores hijos y las suyas propias, porque tales cuestiones no eximen al activo de la obligación de proporcionar los medios de subsistencia señalados, que por imperativo de la ley penal le corresponde a él." No se soslaya que, como se desprende de las constancias que recabó el Juez responsable, del expediente 317-2/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, se advierte la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio contraído por José León Serrano y Gisela Morales Hernández el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, en tanto que tal determinación fue emitida con posterioridad a la fecha en que formuló querella la pasivo del delito, por lo que es inconcuso el ahora quejoso tenía a su cargo la obligación de proporcionar alimentos a su cónyuge, como acertadamente lo estimó el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Asimismo, se estiman infundados los motivos de disenso reseñados en los incisos b), c) y d), hechos valer por el peticionario de amparo, atento a las siguientes consideraciones: En lo que corresponde al segundo de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, el juez de la causa correctamente lo tuvo por demostrado con la comparecencia de Gisela Morales Hernández, hecha ante el órgano ministerial investigador el trece de abril de dos mil dieciséis, al señalar que contrajo matrimonio civil con el inculpado, con quien procreó a José Daniel León Morales, y que en principio el inculpado cumplía con su obligación proporcionándole un gasto semanal de mil quinientos pesos y de mil pesos a José Daniel León Morales, como apoyo para sus estudios, pero que a partir del mes de julio del dos mil catorce, dejó de darle dinero para su manutención, no obstante de que le ha pedido ayuda para cubrir sus necesidades de subsistencia, y éste se ha negado, a pesar de poder cumplir pues se desempeña como administrador único y representante legal de la empresa denominada Construcciones y Urbanización Majo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y con la nueva comparecencia de Gisela Morales Hernández, de veinte de abril de dos mil dieciséis, ante la autoridad ministerial investigadora, en la que exhibió diversas constancias, entre las que se encuentra constancia expedida por el Tecnológico de Acapulco a favor de José Daniel León Morales, ficha de depósito por la cantidad de tres mil pesos, y hoja membretada conde aparece la leyenda Construcciones y Urbanización Majo, S.A. de C.V., firmada por el inculpado José León Serrano y tarjeta de presentación con la que se ostenta como Administrador Único y representante legal de dicha moral. Declaración a la que el juez responsable le otorgó valor probatorio de indicio en términos de los artículos 121 y 128 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, por ser apta para tener por demostrados los hechos que narra, esto es, para demostrar la omisión en que incurrió el inculpado al no proporcionar los recursos indispensables de subsistencia a la agraviada, con la que tiene ese deber legal por ser su cónyuge, de dicha declaración se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ello en virtud de que la querellante adujo que el inculpado fue omiso en ministrarle alimentos -modo-, desde el mes de julio de dos mil catorce, hasta el trece de abril de dos mil dieciséis, fecha de la presentación de la querella -tiempo-, en la localidad de Acapulco, Guerrero -lugar-. Lo anterior, lo concatenó con los testimonios de Linda Lizette Meza Salvador y Juan Carlos Morales Hernández, hechos ante el órgano ministerial investigador, el veinte de abril de dos mil dieciséis, ya que fueron coincidentes en manifestar que conocen a la querellante Gisela Morales Hernández, y saber que contrajo matrimonio con el inculpado José León Serrano, con quien procreó a José Daniel León Morales, pero que a partir de julio de dos mil catorce hasta el trece de abril de dos mil dieciséis (fecha en que presentó querella), el inculpado no le ha dado dinero a la querellante para su manutención, a pesar que le ha requerido la querellante y el inculpado se niega a hacerlo a pesar de que tiene solvencia económica, pues trabaja como Administrador Único y representante legal de la empresa denominada Construcciones y Urbanización Majo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Declaraciones ministeriales a las que conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado, otorgó relevancia demostrativa por colmar los requisitos positivos que dicho ordinal establece, ya que estimó que por sus edades y capacidad, tienen el criterio necesario para juzgar el acto, es decir no hay elementos de prueba que pongan en duda su probidad, se desprende plena imparcialidad y porque el hecho típico lo conocieron por sí mismas, y no por inducciones o referencias de terceros, siendo sus deposiciones claras y precisas, adquieren valor probatorio indiciario eficaz para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo sucedieron los hechos que se le atribuyen al sujeto activo del delito, máxime que los hechos los conocieron directamente pues como refirieron son la nuera e hijo de la querellante, y saben de la situación que ha vivido ésta, y que el activo no ha cumplido con su obligación con cónyuge, como se acreditó con el acta de matrimonio, respecto a la omisión en que ha incurrido el sujeto activo al no proporcionar los recursos indispensables de subsistencia de dicha agraviada con la que tiene ese deber legal por ser su cónyuge; lo que se estima correcto, ya que su deposición robustece más el dicho de la querellante, dado que se trata de la nuera e hijo de la agraviada, quienes conocieron la relación de matrimonio y partir de esa relación se dieron cuenta del acontecer delictuoso, además de que los deponentes cuentan con edad, capacidad e instrucción necesarias para juzgar el acto sobre el cual deponen, aunado a que no fueron obligados a declarar, sino que lo hicieron por su propio derecho. Bajo esa óptica, resulta correcta la determinación del juez natural al haber sostenido la acreditación del vínculo existente entre el activo y la pasivo, y por ende la obligación de ministrarle los alimentos; todo lo cual pone de manifiesto con claridad tanto la existencia del deber legal del quejoso para proporcionar alimentos a la citada acreedora alimentaria, como la conducta omisiva que reprochó la querellante al activo consistente en el incumplimiento a tal deber legal, por lo que ante la ausencia de evidencia que desvirtúe tal afirmación o que justifique ese proceder, no puede menos que concluirse como fundada la determinación del Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, en tener por acreditados los elementos del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto en el artículo 205 del Código Penal del Estado de Guerrero. Se estima lo anterior, porque como lo estimó el Juez responsable, las documentales ofrecidas por el indiciado consistentes en el convenio de quince de julio de dos mil catorce celebrado ante la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género y la constancias expedida por el Instituto Tecnológico de Acapulco, así como la documental pública consistente en las actuaciones del expediente 317-2/2016, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por el inculpado José León Serrano en contra de Gisela Morales Hernández, resultan insuficientes para acreditar que el hoy peticionario de garantías cumplió con la obligación alimentaria en favor de la hoy agraviada, en tanto que si bien existe el convenio celebrado el quince de julio de dos mil catorce, ante la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, ello no acredita que el indiciado haya dado cumplimiento al mismo. De igual manera, resulta acertada la consideración del Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, en relación a que no es obstáculo para tener por acreditado el incumplimiento de la obligación alimentaria atribuido al peticionario de garantías, el hecho de que la agraviada tenga un empleo, en tanto que el artículo 391 del Código Civil de la entidad, prevé la obligación de los cónyuges de proporcionarse alimentos, y si bien es cierto que éstos deben ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades de quien deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, también lo es que tal circunstancia deberá determinarse por convenio o sentencia; por ello, como también fue considerado por la autoridad responsable, de las constancias que integran el expediente 317-2/2016, del juicio de divorcio incausado promovido por el inculpado José León Serrano, se aprecia que el activo tiene el deber legal de proporcionar alimentos a la agraviada. Se estima lo anterior, en tanto que para la actualización de la figura delictiva de incumplimiento de obligaciones alimentarias, basta la omisión injustificada del activo de proveer de recursos a quien debe hacerlo, pues si bien la pasivo del delito debe carecer de los recursos necesarios para atender a sus necesidades de subsistencia, ello no tiene que acreditarse para que se actualice el tipo penal, en tanto que tal situación se presume cuando un Juez Civil determinó la obligación alimentaria por considerar que resultaba necesaria para garantizar la subsistencia de alguien en particular, atendiendo a su situación y al entorno económico y social del acreedor y del deudor, como en el caso acontece, ya que como lo consideró el Juez responsable, de las constancias que integran el expediente del juicio de divorcio incausado promovido por el peticionario de amparo en contra de Gisela Morales Hernández, se advierte que en audiencia previa y de conciliación celebrada el trece de junio de dos mil dieciséis, se decretó en favor de la pasivo una pensión alimenticia provisional de manera mensual por la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la región, de lo que se presume la necesidad de la agraviada de que se le otorguen los medios necesarios para su subsistencia. No es óbice a lo anterior, que el Juez de lo Familiar, al dictar la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, haya dejado sin efectos las medidas provisionales decretadas el trece de junio de dicha anualidad; en tanto que en la citada resolución dejó a salvo los derechos de las partes por lo que concierne a los temas de pensión alimenticia, liquidación de la sociedad conyugal y al domicilio que habitará el accionante, al no haber llegado las partes a ningún acuerdo conciliatorio; porque como se indicó en párrafos precedentes, es obligación de los cónyuges proporcionarse alimentos, y si bien éstos se otorgarán de acuerdo a las posibilidades tanto del deudor como del acreedor alimentario, también cierto es que ello deberá determinarse por convenio o sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Civil de la entidad. De ahí que se estime acertada la determinación del Juez responsable, pues contrario a lo que aduce el peticionario de garantías, en el sentido de que la agraviada no puede ser su acreedora alimenticia, pues confesó trabajar, ello no lo exime de responsabilidad, porque con independencia de que la pasivo del delito haya aliviado su situación por medios distintos, es a él a quien corresponde garantizar la subsistencia de su acreedora alimentaria, como lo dispone el artículo 391 del Código Civil del Estado de Guerrero, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, lo que constituye el fin de la norma, esto es, la protección de la institución de la familia. Orienta lo anterior, por el espíritu que la rige, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ABANDONO DE PERSONAS. PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO BASTA CON QUE QUIEN TIENE EL DEBER DERIVADO DE UNA DETERMINACIÓN O SANCIÓN JUDICIAL DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, CHIAPAS Y PUEBLA). De los artículos 215, 138 y 347 de los Códigos Penales de Guanajuato, Chiapas (abrogado) y Puebla, respectivamente, se deriva que para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (Guanajuato), incumplimiento de deberes alimentarios (Chiapas) o abandono de persona (Puebla), se requiere que: 1) el activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de motivo justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario. En ese sentido, aun cuando la legislación penal de los Estados de Guanajuato, Chiapas y Puebla, no hace mención a los recursos propios que aquéllos tengan o al apoyo que reciban o puedan recibir de terceras personas, es indudable que para la configuración del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato o sanción judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo". Por otra parte, no asiste razón al peticionario del amparo en el sentido de que al ser mayor de edad su hijo José Daniel León Morales, a éste corresponde ejercer sus derechos y no a la agraviada, en tanto que si bien en la querella presentada por Gisela Morales Hernández manifestó que el indiciado incumplió con su obligación alimentaria en su agravio y de José Daniel León Morales, lo cierto es que el Juez del conocimiento solo tomó en consideración para emitir el auto de plazo constitucional, el incumplimiento en que incurrió el indiciado respecto de su cónyuge y no por cuanto hace a su hijo José Daniel León Morales. Finalmente, resulta infundado que el Juez de Primera Instancia, haya realizado una indebida valoración de las pruebas ofrecidas por el indiciado, pues como ha quedado de manifiesto, como lo estimó dicho juzgador, con ellas no se acredita que el peticionario del amparo haya cumplido con la obligación de proporcionar alimentos a su cónyuge. Ahora bien, por lo que ve a la probable responsabilidad de la parte quejosa en la comisión del delito que se le imputa, debe destacarse que el Juez responsable la tuvo por demostrada como resultado de la adminiculación lógica, natural y jurídicamente razonada de las pruebas que fueron allegadas a la causa penal, las cuales sirvieron de base para acreditar los elementos del cuerpo de ese injusto, que sitúan a José León Serrano como la persona que teniendo el deber legal de proporcionar alimentos a la citada acreedora alimentaria, desde el mes de julio de dos mil catorce hasta el trece de abril de dos mil dieciséis -fecha de la presentación de la querella-, no ha cumplido con tal deber, ni mucho menos haber demostrado tener algún impedimento material para ello, o para hacerlo en la proporción a sus necesidades económicas, fundando así su participación en la comisión del delito en términos de lo dispuesto por el numeral 26, apartado A, fracción I, del ordenamiento legal en cita, ya que es a dicho activo al que se le reputa la realización de la conducta omisiva que provoca la condición de peligro que pune el artículo 205 del Código Penal del Estado de Guerrero. Pruebas que tomó en cuenta el juez responsable y que valoró en los mismos términos que en el cuerpo del delito, sin que sea violatorio de garantía al inculpado, tener por acreditada su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, con los mismos datos probatorios que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, ya que dichos medios de convicción sirven para acreditar ambos extremos, pues por un lado revelan la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuyen la comisión del suceso a un sujeto específico. En esa tesitura, del resultado de los medios de convicción reseñados con anterioridad, se estima que bajo la reglas de la lógica a que se refiere la prueba indiciaria, puede establecerse el obrar doloso del activo en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, del código sustantivo penal de esta Entidad Federativa, porque quiso la realización y el resultado descrito por la norma que define el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, pues es evidente que cualquier persona sabe que teniendo el carácter de cónyuge, adquiere un deber de proporcionar alimento, cuyo incumplimiento está sancionado por la ley. También en el ámbito de lo probable, debe decirse que existen indicios suficientes que adminiculados entre sí, y valorados en los términos reseñados con antelación, acreditan los elementos del injusto que se atribuye a José León Serrano, y su probable responsabilidad en su comisión, sin que del estudio de las constancias que integran la causa penal de origen se adviertan elementos que permitan considerar que en la especie concurren causas de justificación o de inculpabilidad, o que demuestren que la acción penal se encuentra prescrita o algún motivo que excluya el delito, por el contrario, existen razones suficientes para establecer su probable responsabilidad en el delito de mérito que se le atribuye, tampoco se evidencia que al realizar el hecho típico el indiciado no tuviera la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, tampoco queda probado que la acción se haya ejecutado bajo la existencia de un error invencible y que atento a las circunstancias que concurren en la realización de la conducta antijurídica, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, por lo que al no constar ninguna causa justificada de exclusión del delito, se tiene por comprobada su probable responsabilidad penal, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Gisela Morales Hernández. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, y no existir queja deficiente que suplir en los términos previstos por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó José León Serrano, en contra del auto de formal prisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 83/2016-II, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ LEÓN SERRANO contra la autoridad y el acto reclamado en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de enero de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

  4. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1161/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO.- El quejoso José León Serrano, solicitó la suspensión definitiva del acto y autoridad que a continuación se indica: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA: Juez Séptimo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares Con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO: El auto de formal prisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 83-2/2016, en contra del quejoso como probable responsable del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de Gisela Hernández Morales y el menor José Daniel León Morales. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe previo; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es cierto el acto reclamado al Juez Séptimo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe previo aceptó su existencia. Ahora, al estimar que se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, con apoyo en el diverso numeral 163 de la propia ley, se concede al quejoso José León Serrano, la suspensión definitiva que solicita, para el único efecto de que quede a disposición de este juzgado federal por lo que concierne a su libertad personal y a disposición del Juez Séptimo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, para la continuación del procedimiento que se sigue en su contra dentro de la causa penal número 83-2/2016, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de Gisela Hernández Morales y el menor José Daniel León Morales, y no sea detenido con motivo del auto de formal prisión que reclama. Esta medida cautelar surte efectos desde luego, pero, dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, garantía ante este órgano jurisdiccional por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora en caso de que no se le conceda el amparo. Monto que se fija atendiendo a la naturaleza restrictiva del acto reclamado, sin que se cuente con elementos que permitan conocer la modalidad y características del delito que se le imputa, dado que reclama tal acto de manera genérica y al haber señalado una autoridad ordenadora; se estima que es menor el interés que pueda tener en sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, con apoyo en el artículo 150 de la ley de la materia queda obligada la parte quejosa a acudir ante el juez responsable tantas veces sea citado dentro del proceso, pues de no hacerlo así, una vez que este órgano jurisdiccional fuere informado de su omisión se revocará la suspensión concedida. Lo anterior, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno incidental. Asimismo, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, no obstante que esta se refiere a la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, es decir el ofrecimiento y admisión de pruebas, hágase del conocimiento del Juez responsable que una vez cerrada la instrucción en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, deberá suspender el procedimiento en lo que respecta a la parte quejosa, hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se concede a José León Serrano, la suspensión definitiva que solicitó, en términos del considerando único de esta resolución. Notifíquese.

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