José León Félix Grijalva
Expediente 416/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José León Félix Grijalva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia definitiva, los autos del juicio de amparo 416/2022-III-A, promovido por José León Félix Grijalva, contra actos de Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, José León Félix Grijalva, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión por los actos y autoridad que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad responsable informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un amparo en el que se reclaman omisiones que se atribuyen a autoridad residente en esta jurisdicción territorial, en términos de los preceptos y acuerdo general de previa cita. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo al estudio del presente asunto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es, trátese de norma general, acto u omisión de autoridad); lo anterior, en virtud de que para establecer la competencia de este Juzgado Federal, e incluso la procedencia del juicio respecto del cual se pronuncia, es menester conocer la naturaleza del mismo. En ese entendido, para su debida precisión (la del acto reclamado) deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." También en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, se tiene que del escrito inicial de demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, son: La omisión de acordar los escritos presentados el primero de septiembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, en el juicio ordinario mercantil 1492/2018. La omisión de pronunciarse respecto de la excepción de improcedencia planteada por el codemandado Miguel Beltrán Félix (hoy tercero interesado), en el referido juicio. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En relación con el acto reclamado precisado en el inciso a) consistente en la omisión de atender los escritos presentados el primero de septiembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, en el juicio ordinario mercantil 1492/2018, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". De lo anterior, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. En efecto, se tiene por inexistente la omisión de atender los escritos presentados el primero de septiembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós en el juicio ordinario mercantil 1492/2018, toda vez que de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda -veintiséis de abril de dos mil veintidós- ya se había atendido los escritos presentados por la parte quejosa en juicio referido. Se cita al respecto la Jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En efecto, de dichas constancias se advierte que en relación con el escrito presentado el primero de septiembre de dos mil veintiuno por la parte quejosa, mediante el cual solicitó se resolviera la excepción de improcedencia de la vía planteada por el codemandado Miguel Beltrán Félix (hoy tercero interesado), la autoridad responsable lo proveyó por auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno y al respecto, ordenó citar para resolución dicha excepción admitida en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. A su vez, en relación con el escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós por el quejoso en el que solicitó se resolviera la excepción de improcedencia precisada en el párrafo precedente fue proveído en auto de once de febrero de dos mil veintidós. Lo anterior, evidencia que al momento de presentarse la demanda de amparo (veintiséis de abril de dos mil veintidós), no existía la omisión reclamada a la autoridad responsable de atender los escritos presentados el primero de septiembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, en el juicio ordinario mercantil 1492/2018. Es aplicable a lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." De lo anterior, como se dijo, se patentiza la inexistencia la omisión reclamada, atento que antes de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de abril de dos mil veintidós), la autoridad responsable atendió los escritos presentados por la parte promovente el primero de septiembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, en el juicio de origen. En ese sentido, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando que antecede, consistente en la omisión de atender los escritos presentados el primero de septiembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós en el juicio ordinario mercantil 1492/2018. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, admitió la existencia de la omisión que se le reclama precisada en el inciso b); de ahí que, se tenga como cierto dicho acto. Al respecto se cita la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la certeza de la omisión que se le atribuye, se corrobora con la documental pública que anexó a su informe justificado, pues al momento de la presentación de la demandada de amparo, -veintiséis de abril de dos mil veintidós-, aún no se emitía la resolución en el juicio ordinario mercantil 1492/2018 respecto a la excepción de improcedencia de la vía planteada por el codemandado Miguel Beltrán Félix (hoy tercero interesado). Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo. En ese sentido se cita la Jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo y por ser una cuestión de oficio debe analizarse el tema inherente a la improcedencia del mismo, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, se cita la jurisprudencia II. 1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la excepción de improcedencia planteada, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación del artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su previa existencia y posterior insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. Establecido lo anterior, entre otros el Juez responsable, remitió copia certificada de constancias del juicio de origen, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1) En el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad se radicó el juicio ordinario mercantil 1492/2018, interpuesto por José León Félix Grijalva (aquí quejoso), contra Altata Bay Sea Food, Sociedad Anónima de Capital Variable, Miguel Beltrán Félix y Raúl Montoya Uriarte -terceros interesados- (fojas 1 a 25 y 36 del cuaderno auxiliar uno de pruebas). 2) En escrito presentado por el codemandado Miguel Beltrán Félix, por su propio derecho y como apoderado legal de Altata Bay Sea Food, Sociedad Anónima de Capital Variable -terceros interesados-, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en el que hizo valer entre otras, la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil, y en proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve se tuvo por recibido dicho ocurso (fojas 90 a 100 del cuaderno auxiliar uno de pruebas). 3) En auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la responsable tuvo por admitido a trámite la excepción de improcedencia de la vía opuesta por la parte demandada (foja 207 del cuaderno auxiliar uno de pruebas). 4) En primero de junio de dos mil veintidós, el juez responsable emitió resolución interlocutoria en cuanto a la excepción de improcedencia de la vía ordinaria mercantil en el juicio ordinario mercantil 1492/2018, promovido por el demandado Miguel Beltrán Félix, por su propio derecho y como apoderado legal de Altata Bay Sea Food, Sociedad Anónima de Capital Variable -terceros interesados en el presente juicio de amparo-. Lo anterior, evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (veintiséis de abril de dos mil veintidós), pues la autoridad responsable dictó resolución en el juicio de origen el primero de junio de dos mil veintidós, en el que resolvió la excepción de improcedencia, esto es, después de presentada la demanda de amparo. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, pues si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable emitió resolución en el recurso de revisión, es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el inciso b). Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por José León Félix Grijalva, contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo federal. Notifíquese. Así lo resolvió y firma autógrafa y/o electrónicamente, la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la Secretaria Gloria Guadalupe Montes López, quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta enviados por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, mediante el cual, en uno de ellos anexa copia certificada de la resolución de uno de junio de este año, dictada en el expediente 1492/2018, de su registro estadístico; por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la documental de referencia, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito, signado por el tercero interesado, mediante el cual, comparece al presente juicio, designa domicilio y autorizados para oír y recibir sus notificaciones y realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. Por tanto, se tiene por apersonado a la presente instancia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el ubicado en esta ciudad, y como sus autorizados únicamente para esos efectos a los citados en el acuerdo, por así haberlo solicitado expresamente. ALEGATOS Por último, ténganse por formuladas las manifestaciones en vía de alegatos, las que de ser el caso, serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la Materia.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes
- José Juan Guadalupe Jacobo Regalado40/2023
- José Juan Peña Rosas423/2019
- José Juan Silva Hernández835/2018
- José Julián Arellano Magallanes111/2020
- José Julián Sainz León1389/2022
- José Julio Torres Martínez240/2021
- Jose Lorenzo Basoco Flores1161/2020
- José Luis Aispuro Cebreros777/2019
- José Luis Alanis Padilla1130/2019
- José Luis Amarillas Figueroa933/2020
- Jose Luis Arredondo Díaz469/2020
- José Luis Beltrán Durán554/2019