José León Córdoba

Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
617/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • JOSÉ LEÓN CÓRDOBA y Otros.
  • José León Córdoba

Actuaciones

  1. Principal

    DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jueza Mixto de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho número 482/2022 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la notificación del aquí quejoso a su lugar de reclusión. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    ... Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce; visto su contenido, informa a este órgano que se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia en la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por José León Córdoba, por su propio derecho, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 617/2022. INCOMPETENCIA LEGAL Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que José León Córdoba, señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA. 2.-JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN LA CONGREGACIÓN DE PACHO VIEJO, ESTADO DE VERACRUZ. 3.-DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBRES, PUEBLA. ACTO RECLAMADO: "ACTO RECLAMADO. De la ordenadora reclamo: La resolución o sentencia que dictó el 8 de agosto de 2014 en el toca de apelación penal 648/2014 que ordenó la reposición del procedimiento en el proceso 371/2017 que se me instruyó en el mencionado juzgado Primero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Estado de Veracruz; por los delitos de secuestro y pederastía en donde se me impuso una pena de prisión de 58 años. De las ejecutoras reclamo la ejecución de los actos atribuidos a la ordenadora." Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado anteriormente referido, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito debe conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: 1.- Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, el artículo 37 de la Ley de Amparo determina de manera clara la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio, con base al lugar en el que el acto reclamado surtirá sus efectos, sin importar la naturaleza de éstos y no, en base al lugar de residencia del impetrante de amparo, pues en el citado artículo no se hace referencia al lugar de residencia del quejoso. Así mismo, se advierte que en las hipótesis anteriormente mencionadas existe un elemento común entre ellas, dicho elemento lo es la acción de ejecución del acto que por vía de amparo se pretenda impugnar, toda vez que la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio está determinada por el lugar en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado en caso de que ésta exista de manera positiva, o bien (de manera específica), si dicho acto no requiere de ejecución material, tal como lo contempla la última de las hipótesis, lo que en su caso, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, hipótesis que en el caso, no se actualiza, tal como se expondrá en párrafos siguientes. En el caso concreto, el promovente del amparo refiere que el acto reclamado lo constituye la resolución de la sentencia de ocho de agoto de dos mil catorce en el toca de apelación 648/2014 de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; que ordenó la reposición del procedimiento en el proceso 371/2017 que se instruyó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de pacho Viejo, Estado de Veracruz, acto que por su naturaleza privativa de libertad, conlleva ejecución material. Así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, si el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra una resolución dictada dentro del proceso instaurado en su contra, como es en el presente caso, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material de esos actos ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el procesado está recluido), también lo es que, los efectos de la determinación reclamada -sentencia de ocho de agoto de dos mil catorce en el toca de apelación 648/2014 de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; que ordenó la reposición del procedimiento en el proceso 371/2017 que se instruyó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de pacho Viejo, Estado de Veracruz- se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En esas condiciones, se estima que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por José León Córdoba, en virtud de que la autoridad responsable de los actos reclamados tienen residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, es decir, fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional constitucional. En consecuencia, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por José León Córdoba, en virtud de que la autoridad responsable de los actos reclamados tienen residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, es decir, fuera de la circunscripción territorial de este Órgano de Control Constitucional. En mérito de lo anterior, es evidente que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Tampoco es óbice a lo anterior el hecho de que José León Córdoba haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar donde se encuentra recluido, esto es, el Centro de Reinserción Social de Libres, Puebla, pues, para efecto de establecer la competencia, ésta no deriva de donde se encuentre recluido el aquí quejoso, sino en el lugar en el que cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal, atendiendo a la ejecución de la resolución de la sentencia de ocho de agoto de dos mil catorce en el toca de apelación 648/2014 de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; que ordenó la reposición del procedimiento en el proceso 371/2017 que se instruyó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en la Congregación de pacho Viejo, Estado de Veracruz. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, DECLARA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José León Córdoba. En consecuencia, se ordena remitir al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA, el original de la demanda de amparo de que se trata con sus traslados correspondientes, para que manifieste si acepta o no el conocimiento de la demanda en términos de lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. DESPACHO En esas condiciones, tomando en consideración que el quejoso está interno en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBRES, PUEBLA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese despacho electrónico al JUEZ DE LO PENAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al diligenciario de su adscripción, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBRES, PUEBLA, para lo cual el juez que le corresponda desahogar la diligencia encomendada deberá tomar las medidas de salud necesarias, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso José León Córdoba y, se cerciore de su identidad. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 617/2022; d) Le notifique el contenido del presente proveído al quejoso y le corra traslado con copia autorizada del mismo. e). Asiente razón correspondiente; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así también, se hace del conocimiento al juez exhortado que instruya al diligenciario encargado de practicar la notificación personal derivada del presente auto, para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Debiendo el juez de lo penal remitir a este juzgado federal de forma inmediata la correspondiente constancia de notificación; apercibido que de no cumplir con lo ordenado en el plazo fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y VÍA DESPACHO AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.

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