José Leobigildo Pech Puc
Expediente 1307/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Leobigildo Pech Puc
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de veinticuatro de septiembre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, las cuales la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda de tres de julio del presente año. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger las referidas documentales, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Leobigildo Pech Puc y Wilma Batún Dzul, en contra de los actos que reclaman del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1307/2019-V-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; conclusión a la que se arriba, de acuerdo con las puntualizaciones siguientes. De la lectura detenida de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa instó la protección constitucional en contra del proveído de diez de septiembre del presente año dictado por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el procedimiento de ejecución de un convenio transaccional, con número de expediente 124/2019, promovido en su contra por Jaime Armando Viana Ortegón alias Jaime Armando Viara Ortegón, para la ejecución del convenio transaccional respecto de la desocupación y entrega del predio número noventa y ocho, letra "G", de la calle dieciocho, del poblado de Cholul, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por su parte, los señalados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Ahora bien, es importante destacar que los artículos 2111 y 2124 del Código Civil del Estado de Yucatán, y los diversos numerales 393 y 395 del Código de Procedimientos Civiles de la propia entidad federativa, establecen, lo siguiente: "Artículo 2111. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura". Y, "Artículo 2124. La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada". "Artículo 393. Las transacciones y los convenios celebrados en juicio, serán ejecutados por el Juez que conozca del negocio. Si se celebraren en segunda instancia, serán ejecutados por el Juez que conoció en la primera instancia, observándose lo dispuesto en el artículo 391". Y, "Artículo 395. Todo lo que en este Título se dispone respecto de la sentencia ejecutoriada, comprende las transacciones, los convenios y el juicio de contadores, de que tratan los artículos 392 y 393". En este contexto, debe estimarse que los actos que se reclaman en la demanda, constituyen una resolución que proviene de la ejecución del convenio transaccional de desocupación y entrega del bien inmueble en comento, el cual se homologa a una sentencia ejecutoriada, pues conforme al artículo 2124 del Código Civil del Estado de Yucatán, tiene respecto de las partes, ".la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada". En efecto, la figura jurídica denominada convenio transaccional tiene como características la reciprocidad de concesiones que las partes se hagan para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del propio texto del acuerdo de voluntades de las partes. Es así que la transacción se identifica, en algunos puntos, con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes le conceden la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme, como se advierte del referido artículo 2124. Por consiguiente, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias según su naturaleza, por lo que su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Cabe citar por ilustrativa la jurisprudencia 1ª./J. 41/2000, sustentada por la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 55, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro en el IUS: 190243, del tenor literal siguiente: "TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO. El artículo 2944 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Ahora bien, al ser esencial que este tipo de contrato sea bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones que se hacen las partes, lo que supone la existencia o incertidumbre de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, y que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes, pues precisamente su objeto es el de realizar un fin de comprobación jurídica, esto es, de establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Es por lo anterior que lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando previenen, el primero, que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia y, el segundo, que todo lo dispuesto en relación con la sentencia comprende los convenios judiciales y las transacciones, las cuales deberán ser de aquellas que ponen fin a una controversia presente o previenen una futura, controversia que forzosa y necesariamente debe existir, es aplicable al contrato de transacción, pues reúne las condiciones apuntadas, y ante ello es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio". Precisado lo anterior, es incuestionable que en el presente caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la invocada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque los actos reclamados no se encuentran dentro de los actos que son susceptibles de examen inmediato en el juicio constitucional sino hasta que concluya el procedimiento de ejecución relativo, pues su procedencia está reservada, respecto de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución, en el caso, del convenio transaccional aprobado por la autoridad judicial, pues se equipara a un acto dictado después de concluido el juicio, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En tal virtud, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de ejecución del convenio transaccional, cuando de la fracción IV, segundo párrafo del numeral 107 transcrito, se advierte que el amparo indirecto, procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, -en el caso de la ejecución de un convenio transaccional que por disposición legal se equipara a una sentencia ejecutoriada-, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento. Es por ello, que la última resolución en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicho procedimiento de ejecución de convenio, o bien, la que declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, por lo que sin duda el auto reclamado dictado dentro del procedimiento de ejecución del convenio transaccional no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número en el IUS 190035, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso concreto, los actos reclamados tienden a la ejecución del convenio transaccional de que se trata, ya que persigue la desocupación y entrega del predio número noventa y ocho, letra "G", de la calle dieciocho, del poblado de Cholul, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; es decir, se trata de actos típicos de ejecución. Y la circunstancia de que la quejosa aduzca la existencia de vicios propios al procedimiento en cuanto al predio a desalojar, ello de ninguna manera implica que se actualice la excepción a la regla prevista para la procedencia del juicio de amparo indirecto para los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia u homologadas como la del caso concreto; toda vez que la calidad de los actos de ejecución se determina por la naturaleza del acto reclamado y no por las argumentaciones que se hagan valer al respecto, las cuales podrán hacer ante la autoridad responsable, en defensa de sus intereses. Por otra parte, en la especie no se actualiza la excepción para los actos dictados en el procedimiento que afectan derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues como se vio, los actos reclamados están íntimamente vinculados con la ejecución del convenio transaccional de que se trata y, por ende, con la cosa juzgada. Por lo expuesto, y en atención a que los actos reclamados se ubican en el ámbito de la ejecución del aludido convenio, que se encuentra íntimamente vinculado con ésta y no son los últimos dictados en el procedimiento relativo, es obvio que en esta hipótesis no se está en el caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en el período de ejecución de sentencia, incluidas las homólogas como la del caso; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se invocó de oficio. Es aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el IUS con número de registro 163152, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En estas condiciones, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por José Leobigildo Pech Puc y Wilma Batún Dzul contra los actos que reclaman del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa en este asunto a José Leobigildo Pech Puc, sin perjuicio de que la parte respectiva la substituya. Téngase como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los que señala para tal fin en su demanda de amparo, en los términos que indica. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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