José Leobardo Ramírez Cruz

Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
414/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • José Leobardo Ramírez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencia 52/2022, de su estadística. Al efecto, se acuerda: I. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, remite ejecutoria. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de cuenta; y téngase por recibida la ejecutoria dictada dentro del conflicto competencia 52/2022, del índice del Tribunal Colegiado oficiante. Acúsese de recibo de estilo correspondiente. II. Destino del expediente. Ahora bien, tomando en consideración que los resolutivos de la ejecutoria pronunciada por la superioridad, se precisó que: "[...] PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez y el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por +++, contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Tonalá, a quien deberá remitirse los autos. TERCERO. Con copia certificada de esta ejecutoria, comuníquese al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad [...]" A. ARCHIVO En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso j), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23, del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos para devolver a las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto, el oficio signado criptográficamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 20156/2022, de la estadística de este juzgado, y anexos; e informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano de control constitucional, respecto del conocimiento del juicio de amparo 414/2022 en que se actúa (1017/2022 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez); el cual fue registrado bajo el número 52/2022, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta; asimismo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado, quedando a la espera de lo que resuelva la superioridad. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado criptográficamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el que informa que ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia legal planteada para conocer del presente juicio de amparo, pues el acto reclamado (consistente en la omisión o dilación de emitir el auto de cierre de instrucción y por consecuencia, de emitir el laudo respectivo, en autos del juicio laboral J/O/150/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas), no trasciende al mundo fáctico, pues no modifica el estado de las cosas en las esfera física, sino sólo en el ámbito formal, al omitirse realizar los actos necesarios para colocar el asunto en estado de resolución; por lo que, que si dicho acto es de los que no requiere ejecución material, no adquiere aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, no comparte el criterio sostenido por este Juzgado, al considerar que la omisión reclamada a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas, carece de efectos positivos, es decir que no conlleva una ejecución, por lo que resulta inaplicable el párrafo primero, del artículo 37, de la Ley de Amparo; empero, sí el último del mismo, el cual precisa la competencia, por prevención, para conocer de actos que no requieren de ejecución material. Bajo tales consideraciones, el juzgado oficiante no aceptó la competencia legal declinada; sin embargo, este juzgador disiente de tal argumento, sosteniendo lo expuesto en la sentencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, que se transcribe: "[.] Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de acordar el cierre de instrucción dentro del expediente J/O/150/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Cabe mencionar que la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el acuerdo de cierre de instrucción correspondiente, lo que se traduce en una franca transgresión a los principios de impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, legalidad, fundamentación, motivación y seguridad jurídica, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que en el sumario de origen, aún no se había dictado el acuerdo respectivo, toda vez que aún subsistía cuestión pendiente por desahogar. De lo anterior se advierte que, si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. Por ende, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa dijo: "[...] A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto los representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento [...]" [.]" Por lo que conforme a lo anterior, como se adelantó, se considera que en el caso se actualiza la hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. En ese estado de cosas, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federal en el Estado de Chiapas, insiste en declinar su competencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como los Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 y 16/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; remítase el juicio de amparo 414/2022 del índice de este juzgado (1017/2022 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez), al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que resuelva el presente CONFLICTO COMPETENCIAL. Comuníquese la anterior determinación al Juzgado de Distrito oficiante, para su conocimiento y en vía de acuse de recibo, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    ... En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, carece de competencia legal para seguir conociendo y resolver el juicio de amparo promovido por +++; la que se declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, que por razón de turno corresponda. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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